Defensa de la coparticipación y oportunismo
El gobierno nacional maneja casi el 70% de los fondos, más la aduana y retenciones, y las provincias cada vez menos. E ahí él porque del deambular de los gobernadores para conseguir fondos para obras públicas que cada vez centraliza más el gobierno nacional.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha presentado una demanda por fondos coparticipables que está al análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se cumpla con Ley Nº 24073, artículo 40, inciso 1 que en 1992 estableció el fondo de reparación histórica para el Conurbano Bonaerense. Esta iniciativa ha puesto en discusión la Coparticipación Federal de Impuestos y los fondos correspondientes a las provincias, tensando la relación de los gobernadores “del interior”- como le gusta llamar a los porteños a las provincias- con el gobierno nacional. Introduciéndolo de lleno como tema de campaña de las elecciones legislativas de octubre.
El pedido de la gobernadora de Buenos Aires, no carece de argumentos válidos, ya que la ley mencionada establece que el 10% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias debe ir al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense y debe ser ejecutado y administrado por la Provincia de Buenos Aires. Y afirma, además, que los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.
Este fondo comenzó a gestarse en 1989 bajo la gobernación de Antonio Cafiero de la provincia de Bs. As., pero se trató en el Parlamento cinco meses después de la asunción de ‘Menem- Duhalde’. Duhalde lo puso como condición para presentar su candidatura a gobernador de la provincia en 1991.
Eso no se está cumpliendo ahora a raíz de una modificación que el gobierno de Carlos Menem hizo en la ley en 1996 (La ley 24.621), la que impuso un tope de 650 millones pesos para el fondo (en ese momento equivalentes a dólares) destinado a la provincia de Buenos Aires y el excedente de la recaudación de ganancias debía ser repartido entre el resto de las provincias (con excepción de la Ciudad de Buenos Aires) de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Coparticipación.
Esta modificación que la administración nacional de Carlos Menem dispuso a la ley hizo que el fondo fuera muy superior al 10% de lo recaudado con el impuesto a las ganancias, pero resulta que con el correr de los años, esa cifra que no se modificó, quedó desactualizada por la salida la convertibilidad y la inflación. Hecho que hoy da argumentos a la gobernadora Vidal para reclamar una actualización de 56 mil millones de pesos, si se cumple la ley original. No sabemos si la gobernadora descuenta lo recibido por el reparto del excedente.
Un problema grave acecha a las provincias porque si la corte falla a favor de Buenos Aires, una enorme cantidad de dinero se le restaría de la masa coparticipación secundaria, es decir del dinero que hoy se distribuyen las provincias. Por ejemplo, San Juan perdería más de 2000 millones de pesos por año.
La situación es por demás compleja, por varios motivos. El macrismo lejos de querer reparar nada, está pensando, al igual que Menem en el 1991, en darle más dinero a una gobernadora provincial amiga para que gane elecciones, sin pensar mucho más allá en las consecuencias.
Los fondos de coparticipación implican un debate histórico que se puede remontar hasta el mismo momento de la revolución de mayo y tiene que ver además con cómo se configuró el país de 1880: su economía y la distribución de las riquezas, proceso en el cual se empoderó al puerto de Bs. As. y a la pampa húmeda, en desmedro de los “13 ranchos” a los que la oligarquía portuaria consideraban las provincias inviables.
Pero, para no ir tan lejos hay que analizar la coparticipación federal de impuestos que se aprobó en el gobierno de Alfonsín, en 1989, Ley 23.548.
En ella se determinó que los impuestos al valor agregado y ganancias, principalmente, serían parte de la masa coparticipable, dejando fuera de la coparticipación, entre otros, los derechos de exportación, derechos de importación, etc.
Luego, mediante un proceso que incluye dos particiones, se determina que le corresponde a cada administración nacional y provinciales; una primera partición consiste en dividir en dos la masa total coparticipable, un 43,34% para la nación, un 56,66% para las provincias 2% como reparación histórica de algunas provincias y 1% como Fondo de aportes al tesoro nacional (ATN); y la segunda parte, o sea el 56,66% se divide en porcentajes a cada distrito, teniendo en cuanta varios factores, como la cantidad de población, PBG (Producto Bruto Geográfico), NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), desarrollo económico, etc. A San Juan le toca el 3,6 de la segunda división, lo que en principio no fue una tajada chica.
Con el correr de los años, los distintos gobiernos nacionales le fueron encontrándole la vuelta para achicar el porcentaje que les toca a las provincias y pasarlo al control del gobierno nacional. En 1992, durante el menemismo se transfirió a las provincias diversos servicios educativos, hospitales, e institutos nacionales, políticas sociales y Comunitarias, el programa social nutricional, etc. sin los correspondientes aportes dinerarios Además en el marco de la privatización de las cajas de jubilaciones y la liquidación de las cajas provinciales se le pasó el 15% de la coparticipación total a la ANSES para pagar a los jubilados que pasaban de la provincia a ese organismo[1]. Otra trampa fue el impuesto al cheque, que lo cobra la AFIP, pero no lo ingresa a la masa coparticipable. De esta manera hoy el gobierno nacional maneja casi el 70% de los fondos, más la aduana y retenciones, y las provincias cada vez menos. E ahí él porque del deambular de los gobernadores para conseguir fondos para obras públicas que cada vez centraliza más el gobierno nacional.
El planteo de Vidal es legal y justo, si se piensa que el Conurbano Bonaerence ha seguido creciendo sin parar en los últimos 40 años por la migración de la pobreza interna, pero es incoherente si se lo quiere solucionar quitándose dinero a las provincias, porque sería reproducir el mismo circulo vicioso que crea el problema. Si se empobrecen más las provincias con menos coparticipación, más migración interna tendremos a la mega ciudad que es CABA y Conurbano, esta será una espiral ascendente que no parará nunca mientras no se ataquen las causas estructurales del problema. La constitución nacional de 1994 en su art. 75 inc. 2 y 3 establecen una nueva discusión de la Coparticipación Federal de Impuestos, que debe servir para el desarrollo y crecimiento equitativo de todas las provincias y no la concentración de la riqueza en una región privilegiada.
En este sentido, la pampa húmeda es la zona más rica del país y es el asiento de las principales industrias servicios, mientras que, por ejemplo San Juan, es mono extractivista y ni siquiera la actividad minera tributa en la provincia, ya que las retenciones a la exportación la cobra el gobierno nacional.
En lo inmediato estamos de acuerdo con los planteos de los gobernadores que exigen que si la Corte Dictamina en favor de la provincia Bs. As., los fondos para el resarcimiento deber provenir de las arcas nacionales. De los fondos que en tránsito hormiga la Nación ha ido quitando a las provincias.
Pero debemos tener cuidado que la adhesión no se preste a manipulaciones localistas, porque es una discusión que es nacional, que debe hacerse racionalmente, pero con mucha firmeza. Hoy en el marco de la campaña electoral, Sergio Uñac, al frente de ‘todos’, presiona a las fuerza opositoras con un pseudo chovinismo provinciano, como lo hacía hace unos años el giojismo con la minería: ‘sino apoyan mi planteo, no son sanjuaninos’.
En este sentido es patético que el gobierno provincial no tome medidas urgentes contra la pobreza, la desocupación, el cierre de empresas, la falta de actividad productiva, etc. que son las que generan la migración hacia lugares más prósperos del país, y retener de esta manera a los sanjuaninos con trabajo estable y salarios dignos. Y por supuesto, el gobierno provincial menos propuestas tiene para frenar la desindustrialización de la provincia, la pérdida de trabajo y el deterioro de las principales actividades económicas. En la gestión anterior se perdieron las promociones industriales y en el marco de las políticas liberales de Macri, es improbable que vuelvan.
Como conclusión: Hace falta una verdadera propuesta de solución de la coparticipación de impuestos con contenido federal, que no se base en conseguir una mejor participación en el presupuesto nacional para obra pública, u otro tipo de dadivas del poder central, sino en propiciar un desarrollo autónomo y sostenido de la provincia, para lo que hoy si se necesita financiamiento propio, con un banco regional estatal para promocionar la agricultura, la minería, la ganadería, la industria, las exportaciones, abaratando el transporte, la energía y la incorporación tecnologías para aumentar la capacidad productiva provincial.
Notas
[1] Esto dio lugar a una demanda de las provincias que no transfirieron las Cajas, como: Córdoba, San Luis, Santa Fe. Juicio que ganaron al final de gobierno de C. F. de Kirchner. Ante la amenaza de las demás provincias de iniciar juicios recuperatorios, el gobierno de M. Macri pacto con ellas la devolución en alícuotas anuales hasta 2020.
Impuestos que no se coparticipan
Lo derechos de exportación, a excepción del 30% de lo producido por las retenciones a las exportaciones de soja, se destinan en su totalidad al tesoro nacional.
Tampoco ingresa al sistema de coparticipación lo recaudado en concepto de derechos de importación, la tasa de estadísticas y el impuesto que grava el Gasoil, Diesel-oil, Kerosene y el Gas Natural Comprimido.
No coparticipan fondos el impuesto a la energía eléctrica, al igual que del impuesto sobre el Gas Oil y el Gas Licuado para uso Automotor y del recargo sobre el Gas Natural y el Gas Licuado de Petróleo lo que se recauda pasa a integrar un fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
Otros tributos cuyos fondos no llegarán al sistema de coparticipación son el impuesto sobre los videogramas grabados, el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, el fondo especial del tabaco, el impuesto a los pasajes al exterior, el adicional de emergencia sobre los cigarrillos, los impuestos internos a los autos gasoleros, el impuesto interno sobre los seguros, los impuestos a los servicios de comunicación audiovisual y el impuesto sobre el abono de telefonía celular.
Esto dio lugar a una demanda de las provincias que no transfirieron las Cajas, como: Córdoba, San Luis, Santa Fe. Juicio que ganaron al final de gobierno de C. F. de Kirchner. Ante la amenaza de las demás provincias de iniciar juicios recuperatorios, el gobierno de M. Macri pacto con ella la devolución por alícuotas hasta 2020.
Consultas:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/472/norma.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Duhalde