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El Gobernador Sergio Uñac en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, declaró sobre de la intención oficial de enviar a la brevedad un nuevo proyecto de ley de cierre de minas para su tratamiento y aprobación durante el 2019.
Lo que establece la iniciativa es la obligación para las empresas de crear un fondo de garantía con el objetivo de que haya recursos disponibles para encarar la etapa final de explotación de cualquier proyecto metalífero o no metalífero en la provincia. Un 30%, de ese dinero será destinado a la constitución de un fondo de previsión ambiental, que será administrado por el Ministerio de Minería una vez incluso que se retire la compañía, para evitar cualquier eventualidad que pueda dañar al medio ambiente o afectar a la seguridad pública.
Así, San Juan será la primera provincia en contar con legislación específica en esta materia e incluso a nivel nacional tampoco existen leyes.
«El proyecto apunta a asegurar el cumplimiento de las inversiones necesarias para preservar, recuperar y resguardar el medio ambiente, la salud, la seguridad y la mitigación de cualquier impacto negativo que puedan ocasionar la minería metalífera o no metalífera», dijo el ministro Alberto Hensel.
Un anterior proyecto sobre esta materia había ingresado en mayo del año pasado e incluso fue debatido en las comisiones, pero no logró ser tratado en el recinto. La nueva propuesta define claramente ambas cuestiones que en el anterior proyecto generaron diferencias como, el porcentaje del fondo de previsión ambiental y si debía estar incluido también el sector no metalífero entre los obligados, ahora en este nuevo proyecto la intención en el Ejecutivo es que se apruebe y se lleve a cabo durante este año.
Con esa finalidad las empresas deberán elaborar un plan en el que deberán detallar cuánto costará y cómo se harán las tareas ya que implican el cierre de una mina, que consiste en una serie de trabajos planificados para que el sitio donde se desarrolló la actividad sea rehabilitado hasta niveles compatibles con un ambiente sano, conforme a criterios técnicos en calidad de aire, agua y suelo. Con la norma aprobada, el Gobierno sanjuanino busca asegurarse que el dinero esté disponible para que la empresa lleve adelante la clausura del emprendimiento.
El proyecto prevé que estas tareas deberán tener como respaldo una garantía financiera constituida en certificados de depósito a plazo fijo, títulos públicos, un fondo fiduciario, una póliza de caución o en una sociedad de garantía recíproca.
Cuando el plan de cierre se active, los recursos serán ejecutados. La planificación de ese fondo de previsión ambiental tiene como eje que con ese 30% del total de los recursos, que administrará el Ministerio de Minería, incluso pueda invertir para que no pierdan su valor, sean utilizados ante cualquier eventualidad que pueda surgir, incluso después de que se retire la empresa.
Las compañías presentan en la actualidad un plan de cierre con su informe de impacto ambiental, pero no se detalla cómo se harán, cuánto costarán y el tiempo que demorarán, cuestiones que sí están establecidas en el proyecto que impulsa el Gobierno sanjuanino.
Aquí, desarrolladas las claves del proyecto y en que consisten cada una de ellas.
Aplicación.
La ley será aplicable a todo proyecto minero metalífero o no metalífero que inicie o reinicie su actividad. Es decir que se aplica a proyectos en operación o temporalmente inactivos, pero que puedan causar daños en el lugar donde están.
Contenido.
El plan deberá contener la descripción de las tareas y medidas técnicas, jurídicas, administrativas, ambientales, económicas, el costo, cronograma de aplicación y la descripción de los métodos de control, monitoreo y verificación de las etapas de cierre.
Corrección.
Cuando no se cumpla el plan de cierre, el Ministerio de Minería podrá disponer la paralización o suspensión de las operaciones mineras para prevenir daños inminentes al medio ambiente o corregir los que se estuvieren produciendo.
Plazos.
Cuando la vida útil de la mina fuera estimada hasta en 15 años, el total de la garantía deberá estar puesta a disposición a mitad de la vida útil. Si excede los 15 años, el total de la garantía deberá estar puesto a disposición dentro de los 10 años.
Sanciones.
Si hay incumplimiento de la ley que impulsa el Gobierno, las empresas podrán ser sancionadas con apercibimiento, multas, suspensión y ejecución de la garantía, clausura temporal del establecimiento, cierre o la inhabilitación para seguir funcionando.
