Santiago del Estero: niegan una interrupción legal del embarazo a una niña de 12 años
Negaron el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, producto de una violación, a una niña de 12 años en Santiago del Estero. En la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda, no le brindaron la información sobre sus derechos y le mintieron sobre la edad gestacional para evitar realizarle la ILE. “El reclamo por aborto legal, seguro y gratuito es más actual que nunca. Es evidente la necesidad de que este derecho esté al alcance de todas las mujeres argentinas. Someter a una niña pobre a continuar un embarazo producto de una violación, es reproducir esas mismas condiciones y expectativas de vida a las generaciones futuras”. Por ANRed
Una niña de 12 años fue víctima de una violación y como consecuencia quedó embarazada. Profesionales de la salud pública en la provincia de Santiago del Estero, cuyo gobernador es Gerardo Zamora, le negaron su derecho a interrumpir su embarazo no deseado y forzaron a la joven a continuar con la gestación.
Proviene de una familia humilde que residen en una habitación alquilada en un barrio de las afueras de La Banda. Su entorno familiar conformado por su madre, la pareja y dos hermanos menores, se dedican al cartoneo y viven en condiciones de extrema vulnerabilildad.
El 2 de abril la joven fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. Allí la revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA y se la hicieron el 6 de abril en el del barrio Misky Mayu. La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. La niña y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado, según publicó el medio Página 12.
La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días –casi tres semanas– en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de la niña que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.
Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación
“Los/las agentes del Estado tienen la obligación de conocer y hacer cumplir la ley sin dilaciones, pero eso no sucede en el hospital Maternidad e Infancia de Santiago con el Dr. Pedro Carrizo, objetor de que se practique las interrupciones a niñas que sufrieron abusos sexuales” expresaron desde la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
Agregaron “exponer, demorar y no informar debidamente sobre los derechos que asisten a las ciudadanas, es una falta grave a sus obligaciones. Y el Ministerio de Salud de la Provincia debería dar respuestas inmediatas y hacerse cargo de este pedido ante este caso tan atroz.
Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigimos que haya consecuencias para quienes han bloqueado el acceso a los derechos de la niña. Para acceder a la interrupción legal del embarazo es necesaria una consulta con un profesional de la salud, en un ámbito confidencial. A María, se lo negaron. Le mintieron, y la revictimizaron. En el caso de una violación no es necesaria una denuncia policial. María tenía 2 de 3 causales.En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho, el mismo fue actualizado a fines del 2019 por el actual Ministro de Salud, pero Santiago del Estero aún no adhirió al mismo”.
Finalmente desde la Campaña enfatizaron “en este contexto, el reclamo por aborto legal, seguro y gratuito es más actual que nunca. Es evidente la necesidad de que este derecho esté al alcance de todas las mujeres argentinas. Someter a una niña pobre a continuar un embarazo producto de una violación, es reproducir esas mismas condiciones y expectativas de vida a las generaciones futuras”.
FUENTE: ANRed