Telecomunicaciones: Un decreto suspendido y una política sin horizonte claro
Nos acercamos a cumplir el tercer año de gobierno de Alberto Fernández, gestión que en materia de comunicación intentó “no hacer olas”, aunque las circunstancias lo obligaron a tomar medidas. En el momento más crudo de la pandemia emitió un decreto necesario e significativo, por sus consecuencias prácticas y su planteo de fondo, que hoy está suspendido por la justicia, situación que lo fuerza a tomar más definiciones en un área estratégica y siempre en disputa.
El gobierno actual, desde su inicio, atravesó vicisitudes de todo tipo, algunas previsibles y otras que irrumpieron desde el escenario mundial para sorpresa de todos. Las primeras, que tenían que ver con la crisis social, las pujas de poder con los sectores concentrados de la economía nacional, la correlación de fuerzas con la oposición y las internas del propio frente, pronosticaban que las telecomunicaciones y el sistema de medios de comunicación iban a pasar a segundo plano en la agenda del gobierno que asumió en diciembre 2019.
Alberto Fernández buscó la gobernabilidad como camino para resolver la herencia de la deuda externa y los conflictos sociales, por lo que el “círculo rojo” no quería un nuevo enfrentamiento con el sistema concentrado de medios de comunicación, o por lo menos no de forma beligerante como en la etapa de Cristina. A nadie sorprende que hasta hoy contiene vigente el decreto 267/15 de Macri y el ENACOM como organismo de aplicación de dos leyes y sin autonomía.
Pero la pandemia de Covid19, con esa tozudez que tiene la realidad, impuso en la agenda un tema que se quería correr bajo la alfombra. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, medida desde ya justa y necesaria, saldó el debate sobre si la conectividad es un lujo o un derecho para la población.
Muchos activistas e intelectuales que defienden los derechos a la comunicación pusieron en alerta que la pandemia, el aislamiento y el distanciamiento obligatorios profundizan las desigualdades entre clases sociales, géneros, regiones del país, territorios rurales y urbanos, generaciones y etnias en los derechos a la comunicación, la cultura y digitales. El acceso a internet en manos “del mercado” sólo profundizó esas asimetrías, por lo que se hizo evidente que para garantizar esos derechos y promover la equidad, era necesaria la intervención del Estado con políticas públicas.
El decreto 690/20, del 21 de agosto de 2020, fue una medida atinada, justa y necesaria. Por un lado, congeló las tarifas de los servicios de conectividad (tv por cable, internet y telefonía) y, ahí surge el fondo de las discusiones, para poder hacerlo los declaró de “interés público”, un concepto que cambia de manera sustancial la ley 27078 que regula el sector.
La medida fue celebrada por la inmensa mayoría, mientras que fue criticada y resistida por los monopolios, pero en virtud del contexto fue acatada por el empresariado en su conjunto. El problema surgió al salir del aislamiento, porque al ser una mediad aislada, sin un plan general más ambicioso para lograr la inclusión digital, su alcance fue limitado y perdió impacto. Hoy está judicializada y con un fallo a favor de Telecom SA. EL rol de la justicia argentina ya no nos puede sorprender. Además, en un sector que vive del mercado interno, en un contexto de inflación y costos en dólares, la medida es perjudicial sobre todo para las pymes y cooperativas.
El decreto perdió respaldo y pasó a ser letra muerta, y a febrero de 2021 las tarifas aumentaron nuevamente. Pero el 690/20, no solo congeló tarifas, fue más a fondo al cambiar el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que habla de “mercado en competencia” para las telecomunicaciones, por un texto que declara al servicio de “interés público”. La diferencia es que en el primer concepto las políticas públicas están en función de crear condiciones para que el mercado se auto regule, y si no lo hacen o genera asimetrías en regiones, habilita al Estado a intervenir de forma subsidiaria. En el texto nuevo, que introduce el concepto de interés público, el Estado a través de su órgano de aplicación, puede fijar tarifas para los servicios esenciales de conectividad para que sean “justos y razonables”. De ahí nace el empeño de los monopolios para que caiga.
El desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país es un problema complejo, pero centralmente está ligado a la dependencia económica y política. Desde las privatizaciones de Menem donde el Estado se desprendió de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y la posterior desregulación del servicio de acceso a internet que firmó De La Rua en el 2000 se instauró una política aparentemente liberal, donde los monopolios resultantes de la privatización del Servicio de Telefonía Básica, tuvieron todo a su favor para explotar un servicio sin competencia. Incluso con los avances que produjo en la materia la presidencia de Cristina, el Estado no ha logrado sostener una política que resuelva lo fundamental para volver a tener soberanía en telecomunicaciones y constantemente depende de las negociaciones con los monopolios.
Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue el decreto 267/15, que implicó un retroceso frente a lo realizado por el kirchnerismo sobre todo en relación a la ley de medios de comunicación, pero que en telecomunicaciones no se diferenció tanto. Para Cambiemos la conectividad era un área atractiva para que empresas extrajeras hicieran inversiones y por ejemplo Arsat continúo desarrollando la Red Federal de Fibra Óptica.
Alberto Fernández, salvo el decreto 690/20, que resultó esperanzador, en lo fundamental no cambió nada de lo hecho por Macri. Tomó medias en la emergencia, pero sin plan general más ambicioso.
Nuestro país tiene un desarrollo económico marcada por la concentración y la dependencia en todas sus dimensiones. Lo muestran los censos: de población, agropecuarios, de industria y comercio, etc. Tenemos concentración en la propiedad de la tierra y predominan los monocultivos y el extractivos, y la población también se ha aglutinado en grandes ciudades. En ese marco la comunicación no puede ser la excepción, por más leyes o decretos que se pueda arrancar al sistema. Es necesarios realizar cambios en la estructura económica muy profundos.
Sin embargo, en ese camino se pueden lograr conquistas. Por ejemplo, el desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) por parte de ARSAT, fue un gran avance. El próximo paso sería poner a la empresa del Estado a competir de manera directa, y o mediante alianzas con sectores cooperativos y pymes, contra los monopolios en los centros urbanos más importantes y no solo en áreas periféricas. Esto implicaría no solamente brindar servicio de última milla (entrar a los hogares), sino también generar desarrollos tecnológicos propios que nos de independencia frente al inminente avance del 5G y otras tecnologías.
Es alentador que a partir de la pandemia de Covid 19, la gran mayoría de usuarios del sistema de comunicaciones, o sea el pueblo, está tomando cada vez más en sus manos los derechos a la comunicación. Es una buena noticia, porque en un área donde hay muchos aportes y discusiones desde el campo académico y legal, el protagonismo de los sectores populares el único que puede destrabar y hacer avanzar la lucha contra los monopolios.
No es utópico pensar que en un futuro cercano crecerán los reclamos para exigir conectividad en barrios o zonas del país, o para bajar sus tarifas como hoy se hace con la electricidad, el gas o el agua potable. La propia dinámica de la sociedad capitalista de consumo crea cada vez más conciencia de la necesidad de la conectividad y que la misma es un derecho humano.
En el camino de lograr un plan de conectividad que garantice el derecho a la inclusión digital de todos los habitantes del país, sin distinción de ubicación geográfica o estatus social, es necesario involucrar a mas organizaciones en el seguimiento de las políticas públicas. Esa es la forma de cambiar los terrenos de lucha, ya que las discusiones en el congreso son cuenta arriba y lo que se avanza es derribado en los tribunales.
Federico Agüero