Somos sanjuaninos. Dubái, no gracias
La posibilidad de una nueva etapa en la producción minera en el país nos enfrenta a viejos dilemas ¿para quién pensamos el desarrollo?
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que no tiene ni un solo aspecto favorable al pueblo argentino. La CGT va a realizar un paro por el capítulo laboral. Pero la ley especialmente se destaca por su contenido antipatria, con un capítulo destinado a crear un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El mismo causa ilusión entre los sectores del lobby mega minero, gran preocupación entre los que tienen conciencia de sus consecuencias y que tuvo el voto favorable de todos los representantes de la provincia.
Una vez más en San Juan se habla de la necesidad de que grandes inversores tomen los recursos naturales de nuestra tierra a cambio de “incentivos”, que no son otra cosa que garantías por las cuales no corren ningún riesgo. Éste deja vu, nos obliga a volver a pensar en el contexto de la provincia hace 20 años, cuando comenzó la minería del oro, para compararlo con el actual, y así poder sacar conclusiones sobre si es positivo o negativo el incentivo.
En el 2003, cuando comenzó la construcción del campamento en Veladero, los sanjuaninos veníamos de la experiencia de un gobierno trunco. Una gestión que se frustró por la dependencia del estado provincial de las arcas nacionales, con una población empobrecida por la crisis del modelo agrícola exportador. Las cuentas del estado estaban rebasadas de deuda y alguien en la capital del país le pisó la manguera de los recursos, entonces todo estalló por los aires. El Dr. Avelín fue destituido por no poder pagar los salarios a los docentes y demás empleados estatales. En ese contexto llegó la nueva propuesta: megaminería metalífera con sustancias químicas y gestionada por capitales internacionales.
Esa salida a la crisis cíclica de la provincia no se impuso sin un gran debate sobre el proyecto megaminero y su forma de implementación, pero obtuvo la licencia social por la situación apremiante de la provincia. Y de pronto ya pasaron 2 década, donde la minería tuvo su pico y su meseta, tuvo derrames y multas, mitos y verdades, premios y decepciones para todos los gustos. Podría decirse que todos estos aspectos son una gran anécdota si no fuera porque a los postres, y ante un relanzamiento en versión cobre y litio, tenemos que volver a formularnos los mismos planteos que en la situación inicial.
Hoy tenemos un gobernador parado sobre un estado que no tiene deudas, pero que su presupuesto depende en un 85% de los giros nacionales. Al igual que en el inicio, que el mismo corre peligro de que alguien se enoje en la capital del país alguien y le pise la manguera de los recursos. Y, por otro lado, están los lobistas que vuelven a pedir más incentivos para hacer rentable la actividad.
¿Qué cambió en 20 años de la actividad? ¿Dió resultado el proyecto megaminero? Admito que quizás las preguntas resulten extremas y alguien puede responderme que se pagaron buenos sueldos a miles de obreros y obreras, que las empresas locales crecieron y que con el dinero de las regalías se hicieron obras. Entonces se puede reformular la pregunta. Ante un relanzamiento del proyecto megaminero ¿no creen que es necesario analizar qué aspectos hay que cambiar para que de la actividad redunde en una verdadera independencia económica para a la región? Más aun teniendo en cuenta que el RIGI, amenaza con barrer con los derechos laborales, que siempre apuntan a la baja de los salarios; que el nuevo incentivo no obliga a los inversores a comprar a proveedores locales; y que eximen a las empresas de pagar tributos provinciales y municipales.
El proyecto libertario, en esencia no representa ningún cambio favorable frente a lo que ya se hizo en la provincia, sino que empeora la situación. Ata de pies y manos al estado provincial en materia tributaria, en definitiva, crea más dependencia.
En nuestra provincia a los “inversores” ya se les permitió no pagar por la línea de alta tensión; también que descuentes de las regalías mineras las “donaciones” que realizan; regalías que determinan en sus propias declaraciones; además que liquiden exportaciones fuera del país. Pero no les alcanza.
Pero para los “grandes inversores”, como explica Martínez de la Cámara Minera de la provincia, la culpa es nuestra. De “los políticos” sanjuaninos, que no hacen las cosas bien y que fueron quienes le dieron todas las prerrogativas para que puedan hacer sus proyectos; y de los habitantes locales porque no nos parecemos a los dubaities. Así lo explicó en una entrevista para el Diario Huarpe: “Iglesias no es Dubai, porque no hay gente como en Dubai”.
Es la misma historia de siempre. En la mirada de los conquistadores, los nativos siempre somos culpables de algo, incluso de no parecernos a un país donde reina una monarquía religiosa y los derechos humanos son cuentos de fantasías.
Lo paradójico es que cuando decimos que el Estado tome la dirección de las palancas claves de la economía, estos mismos personajes gritan ¡Eso no es democracia! ¡quieren que seamos como en Cuba o Venezuela! Para los monopolios, la libertad y le democracia es sinónimo de saqueo sin restricciones.
Es importante oponerse a todo el contenido de la ley base, pero para la provincia es imperiosos que no se apruebe el RIGI, porque nos va a someter a ser un enclave durante 30 años. Es verdad que inicialmente van a llegar dólares, pero ya sabemos qué pasa, por donde vienen se van y no dejan capital para futuras inversiones.
Debemos oponernos firmemente a este régimen de entrega. Esa es la tarea que debemos encarara para defender la patria. Milei y su grupo quieren volver a nuestro país a la situación de 1880, cuando los imperialismos, y en particular los ingleses, hicieron y desasieron a su antojo sobre nuestro territorio. Y, al compás de esa denuncia, es necesario que refirmemos nuestras propuestas para un modelo distinto. Un proyecto realmente sanjuanino.
Desde el inicio de estos debates propusimos la creación de una empresa minería provincial y un banco regional para promocionar las inversiones. ¿No sería lógico que el Estado pueda direccionar recursos de una actividad para ayudar a otra, por ejemplo, a la agricultura en medio de la sequía, para abaratar el costo de alimentos? Por supuesto que esas son propuestas y herramientas para un gobierno que quiera ejercer soberanía. Ellas le permitirían planificar la economía para asegurar la calidad de vida de los que vivimos aquí y no queremos parecernos a nadie más.