¡Paro Total! Tierra del Fuego se levanta contra Milei

El Gobierno de Javier Milei avanza con una poda arancelaria que amenaza con devastar la industria electrónica fueguina. Sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores anuncian un paro total en defensa de la soberanía, el trabajo y la dignidad de miles de familias.

El 21 de mayo, Tierra del Fuego será epicentro de una protesta masiva contra la eliminación de aranceles que impulsa el Gobierno nacional. El ajuste, impulsado como concesión al FMI, pone en jaque el entramado industrial de la provincia y amenaza con dejar a miles de trabajadores en la calle.

En Tierra del Fuego no hay indiferencia. Hay bronca. Hay angustia. Y hay, sobre todo, una determinación férrea de resistir. La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de reducir, y eventualmente eliminar, los aranceles e impuestos internos para productos electrónicos, fue recibida en la provincia más austral del país como un verdadero acto de agresión. No se trata solo de una medida económica. Es, a ojos de quienes la padecen, una sentencia de muerte a la industria fueguina, al trabajo, y a un modelo productivo que, aunque golpeado, todavía subsistía como bastión de soberanía nacional.

La respuesta fue rápida y contundente. La CGT, la CTA y los gremios fueguinos de todos los sectores anunciaron un paro total provincial para el próximo 21 de mayo. No es una huelga más. Es una advertencia, una alarma roja encendida ante lo que describen como un nuevo embate de un «gobierno entreguista», que no vacila en dinamitar estructuras productivas enteras a cambio de un guiño del Fondo Monetario Internacional.

Porque esa es, en el fondo, la esencia del conflicto: la decisión de Milei de avanzar con la desprotección de la industria nacional forma parte de una larga lista de gestos serviles hacia los intereses financieros internacionales. El plan económico —si así puede llamarse a esta sucesión de podas, ventas de activos y aperturas sin estrategia— no tiene en cuenta ni el empleo, ni el tejido social, ni mucho menos la historia de lucha de los trabajadores fueguinos.

“El nuevo ataque del Gobierno Nacional al trabajo y la producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y al pueblo fueguino en general”, así lo caracterizan los gremios en un comunicado que destila indignación y dignidad. Denuncian que la baja de aranceles y la reducción de impuestos internos a televisores, aires acondicionados y otros productos electrónicos significa el fin para buena parte de las industrias que, desde hace décadas, han sostenido la economía provincial.

No es exageración. La baja del 16% al 8% del arancel a los celulares, prevista en una primera etapa, y su posterior eliminación total en enero de 2026, no puede leerse en abstracto. Significa que productos fabricados en Asia o ensamblados en Brasil inundarán el mercado argentino sin pagar tributos, mientras las plantas fueguinas quedarán asfixiadas por la competencia desigual. Las empresas cerrarán. Los trabajadores serán despedidos. Las familias quedarán a la deriva. Y todo esto, en nombre de una supuesta «libre competencia» que no es más que un eufemismo para justificar el desmantelamiento de la industria nacional.

El mensaje de los trabajadores fueguinos no deja lugar a dudas: “Le decimos basta a un plan que solo apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros”. Es un grito que no solo interpela al Gobierno, sino también al resto del país. Porque lo que está en juego no es solo el destino de una provincia. Es el modelo de país.

Durante años, la industria fueguina ha sido objeto de debate y controversia. Sus detractores la tildan de cara, subsidiada, artificial. Pero sus defensores —y entre ellos, con razón, se cuentan los sindicatos— recuerdan que fue parte de un proyecto estratégico para poblar el sur, generar empleo de calidad y sostener la presencia argentina en territorios geopolíticamente sensibles. Tierra del Fuego no es solo un punto en el mapa: es una frontera. Y desindustrializarla, en tiempos en que se discute la soberanía sobre el Atlántico Sur, no es solo un error económico. Es un acto de claudicación política.

Lo más grave es que esta medida no llega sola. Forma parte de una secuencia más amplia de políticas de desguace. Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei ha hecho de la motosierra un símbolo. Pero detrás del marketing libertario, lo que queda es un país cada vez más desigual, más endeudado, más ajeno a los intereses de su pueblo. Y en ese camino, los trabajadores siempre terminan pagando la cuenta.

El paro anunciado para el 21 de mayo será un hito. No solo por su dimensión provincial, sino por lo que representa simbólicamente. Es la respuesta de una comunidad que no se resigna. Que se organiza. Que alza la voz. En tiempos donde el Gobierno nacional avanza con blindaje mediático y represión simbólica sobre todo tipo de protesta social, el pueblo fueguino planta bandera.

Los gremios fueron claros: “La fuerza del trabajo fueguino en su conjunto nos ponemos en pie de lucha ante este nuevo embate”. Lo hacen con la legitimidad de quienes defienden el pan sobre la mesa, pero también con la convicción de que la patria no se entrega. No es solo una consigna: es una necesidad vital. En cada fábrica que se cierra, en cada despido que se produce, en cada arancel que se elimina, se juega una parte del futuro nacional.

Javier Milei, en su afán por exhibirse como el adalid del libre mercado, no titubea en ceder soberanía, destruir empleo y priorizar balances financieros sobre las vidas concretas de miles de familias. Su plan —si se lo puede llamar así— no tiene otro sustento que la especulación, la dolarización implícita y la apuesta ciega a una fantasía de crecimiento que nunca llega. La evidencia está a la vista: lo único que crece es el desempleo, la pobreza y la desesperanza.

El 21 de mayo, entonces, no será solo un día de paro. Será una jornada de memoria, de dignidad y de lucha. Tierra del Fuego hablará en nombre propio, pero también lo hará por todos aquellos rincones del país que sienten que el ajuste ya no aprieta, sino que ahoga.

No se trata de romanticismo. Se trata de realidad. Y la realidad, por más que el Gobierno intente taparla con discursos delirantes sobre la libertad, es que detrás de cada medida de desregulación hay un rostro. Un trabajador que pierde su empleo. Una familia que no llega a fin de mes. Una comunidad que se desintegra.

Y mientras Milei sigue prometiendo un país de unicornios financieros, Tierra del Fuego se planta. Porque hay momentos en que callar es ser cómplice. Y este, sin dudas, no es uno de ellos.