El mago Iguacel hizo desaparecer 50 mil millones de Vialidad pero la causa sigue dormida

La escandalosa desaparición de fondos de Vialidad entre 2017 y 2019 deja al descubierto un entramado de corrupción, desidia estatal y la sospecha de financiamiento político para Javier Iguacel, mientras la Justicia y el gobierno de Milei miran para otro lado.

Más de 50 mil millones de pesos actuales desaparecieron de las arcas de Vialidad Nacional, dinero que debía destinarse a salvar vidas en las rutas argentinas. Las obras jamás se hicieron y todo apunta a que los fondos terminaron lubricando la carrera política de Javier Iguacel, hoy empresario petrolero. Sin embargo, el expediente duerme el sueño de los justos en los escritorios de Ercolini y Pollicita, los mismos jueces que corrieron con saña tras Cristina Kirchner. En la Argentina de Milei, el ajuste arrasa derechos, pero ciertos bolsillos parecen blindados a cualquier investigación.

Es difícil hablar de rutas, baches y carteles electrónicos sin que el bostezo aceche, pero basta rascar un poco el asfalto para encontrar historias que huelen a podrido. Porque lo que está en juego no son simples obras públicas demoradas ni algún papel extraviado en la burocracia estatal. Estamos hablando de más de 50 mil millones de pesos actuales que se esfumaron entre 2017 y 2019 en el corazón mismo de Vialidad Nacional, con un destino tan turbio como políticamente explosivo: la sospecha de haber financiado la campaña electoral de Javier Iguacel, exministro macrista, hoy reconvertido en empresario petrolero de altos vuelos.

Los datos son demoledores. Entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad Nacional firmaron, allá por 2017, un convenio para mejorar la seguridad en las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34. El objetivo era claro y, sobre el papel, indiscutible: reducir muertes y accidentes en los caminos argentinos, instalando líneas vibrosonoras para evitar despistes, tachas reflectivas, luces LED, cartelería inteligente y demás avances tecnológicos que, se suponía, traerían modernidad y seguridad a las rutas.

Sin embargo, la realidad pegó el volantazo hacia el desastre. La plata voló, pero las obras jamás aparecieron. Es más, en algunos casos, lo único que se encontró fueron carteles mal guardados dentro de tambores de combustible, demarcaciones vibrosonoras mal colocadas o flechas de giro dibujadas al revés, como si se hubieran hecho a las apuradas para tapar el bache judicial más que el asfalto.

La radiografía más precisa la hizo la Asociación Argentina de Carreteras, a pedido de Seguridad Vial. Su informe no deja margen para dudas: ninguna de las obras pactadas había sido efectivamente realizada. Todo fue humo. O peor aún: un desvío multimillonario que, según denuncias, habría servido para inflar la campaña de Javier Iguacel en Capitán Sarmiento. Porque si algo caracteriza a ciertos personajes de la política argentina es su capacidad para saltar de funcionario público a candidato con la misma rapidez con la que se esfuman los fondos públicos.

Luis Goldín, exdirector jurídico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue lapidario: “La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue”. Y si lo dice alguien que trabajó en el corazón del asunto, el escándalo adquiere proporciones volcánicas.

Nada de esto es humo conspiranoico. El diputado Rodolfo Tailhade denunció a Iguacel y a Guillermo Dietrich –exministro de Transporte del macrismo– por malversación de fondos. Es decir, por agarrar dinero público destinado a obras vitales para la vida y seguridad de los argentinos y, presuntamente, usarlo en política partidaria. El problema es que, desde hace cuatro años, la causa duerme en los despachos de dos nombres que se repiten en los capítulos judiciales más oscuros de la política argentina: Julián Ercolini y Gerardo Pollicita, los mismos que embistieron con furia en la persecución judicial contra Cristina Kirchner. Para perseguir a la expresidenta parecían tener tiempo, recursos y pasión. Para investigar 50 mil millones de pesos desaparecidos, en cambio, parecen padecer una extraña parálisis crónica.

Y aquí es donde la historia se conecta, inevitablemente, con el presente. El gobierno de Javier Milei ha hecho del discurso anticasta y anticorrupción su principal bandera, mientras aplica motosierra y licuadora sobre el Estado y el bolsillo de los argentinos. Pero, curiosamente, ciertos expedientes duermen, y ciertas figuras del macrismo gozan de impunidad de acero inoxidable. Porque mientras la motosierra de Milei cercena salarios, fondos universitarios y presupuesto en ciencia y salud, nadie parece dispuesto a agarrar la brocha para pintar de justicia esta ruta del dinero desaparecido.

Es lícito preguntarse por qué. ¿Por qué el presidente libertario no exige a Ercolini y Pollicita que desempolven una causa que involucra un presunto desfalco de fondos públicos? ¿Por qué Milei, tan presto a acusar a la “casta” y a dinamitar instituciones, no se inmuta ante la sospecha de que un exministro macrista habría financiado su aventura electoral con plata destinada a salvar vidas? ¿Será que la motosierra solo corta para un lado?

Mientras tanto, los protagonistas de esta historia transitan sus vidas con una comodidad que roza la obscenidad. Guillermo Dietrich disfruta su retiro entre Punta del Este y el exclusivo country Arelauquen de Bariloche, lejos de los pasillos judiciales o de la rendición de cuentas. Y Javier Iguacel se convirtió en empresario petrolero, construyendo una estructura para quedarse con activos de YPF a cambio de migajas iniciales, y preparando un carry trade financiero que, según LPO, podría reportarle ganancias de 100 millones de dólares anuales “casi sin haber puesto un peso”. Una postal brutal de la Argentina: la misma persona que, según denuncias, habría contribuido a vaciar las arcas de Vialidad, hoy se sienta a esperar dividendos multimillonarios, mientras el país se hunde en la pobreza.

Todo esto, además, tiene un costado moral imposible de soslayar. Esos 50 mil millones no eran simples números contables. Eran inversión en seguridad vial, en rutas menos mortales, en vidas humanas que pudieron haberse salvado. ¿Cuántas muertes en las rutas podrían haberse evitado si se hubieran colocado esas luces LED, esas tachas reflectivas, esas líneas vibrosonoras? Nunca lo sabremos. Y esa es la verdadera tragedia de esta historia.

El silencio ensordecedor de la Justicia, la pasividad del gobierno de Milei y el enriquecimiento de quienes supieron estar al mando de fondos públicos nos recuerdan que, en la Argentina, las causas de corrupción se activan o se congelan según el color político de los acusados. Es más cómodo hablar de ajuste y motosierra que hurgar en el pasado reciente y ventilar nombres y cifras que podrían incomodar a más de uno.

Así, mientras el presidente se vanagloria de “bajar el gasto”, los agujeros negros del Estado siguen tragándose millones sin que nadie pague las consecuencias. Y en medio de ese vacío, la ciudadanía sigue poniendo los muertos en las rutas y el hambre en las mesas.

Porque, finalmente, la verdadera grieta en la Argentina no está entre libertarios y peronistas, ni entre zurdos y liberales, sino entre quienes pueden robarse 50 mil millones sin terminar tras las rejas… y el resto de los argentinos que seguimos esquivando baches, contando monedas y tragándonos la bronca.