Temor en la Casa Rosada ante la movilización del miércoles: Francos pide que no vaya a Tribunales

Con tono supuestamente moderado, Guillermo Francos blanqueó el verdadero temor del oficialismo: que la masiva movilización convocada por el peronismo visibilice el repudio popular al fallo contra Cristina Kirchner. El Ejecutivo intenta evitar a toda costa que la expresidenta se presente en Tribunales.

El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar señales de nerviosismo ante el impacto político que podría tener la movilización convocada por el peronismo para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner este miércoles. En una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reclamó públicamente que la exmandataria sea notificada del fallo judicial “en su domicilio”, en un intento por desactivar la presencia popular frente a los tribunales.

“Me parecería absolutamente lógico que no tenga que concurrir”, dijo Francos en declaraciones a A24, argumentando que la medida buscaría generar “la menor convulsión posible”. Pero detrás de esa frase se esconde el verdadero objetivo del oficialismo: evitar que la calle vuelva a convertirse en escenario del descontento con el rumbo del gobierno y de solidaridad con la figura de Cristina.

La Casa Rosada teme que la convocatoria del miércoles, que promete ser masiva, reactive la mística de resistencia popular y rompa la narrativa de aislamiento del kirchnerismo. Por eso, Francos apuntó directamente contra la marcha, a la que calificó como algo “no positivo” y generador de “tensión, cortes y movilización de fuerzas federales”.

En un tono que buscó mostrarse distante pero terminó siendo revelador, el funcionario insistió en que “el Gobierno está al margen” del proceso judicial, aunque dedicó varios minutos a opinar sobre cómo debería notificarse a Cristina, qué impacto podría tener la marcha, cómo evitar incidentes y qué espera el oficialismo de la Justicia. La supuesta “no injerencia” terminó convertida en una presión explícita para que el Poder Judicial colabore en calmar las aguas políticas.

Francos incluso vaticinó que las movilizaciones de apoyo en Constitución “durarán algunos días y luego irán menguando”, minimizando con ansiedad un fenómeno que crece a medida que se acerca el día de la notificación. Su intento de bajar el tono a la protesta contrasta con el operativo oficial para desacreditarla y con los rumores de despliegue policial ya en marcha.

Consciente del valor simbólico de la figura de la expresidenta, el jefe de Gabinete deslizó que hay que tener “una consideración especial” con su situación, pero inmediatamente aclaró que “la Justicia decidirá sobre el lugar y condiciones de detención”. Mientras tanto, el Gobierno aprovecha cada micrófono para marcar posición y condicionar esa decisión, evidenciando su temor a una escena que lo desborde.

Finalmente, Francos volvió a utilizar el argumento oficialista preferido: que la condena a Cristina desmiente las acusaciones de un supuesto “pacto de impunidad”. “Con esto se demuestra que estaban equivocados”, dijo. Pero el operativo para evitar que la expresidenta se muestre de pie, acompañada y en la calle, demuestra más bien que el oficialismo sigue viendo en ella una amenaza política que todavía moviliza multitudes.

A medida que se acerca el miércoles, crece la tensión. La desesperación del Gobierno por frenar la marcha, disfrazada de apelación institucional, deja al descubierto una realidad incómoda: Cristina Kirchner sigue siendo una figura capaz de interpelar el poder, incluso desde el banquillo judicial. Y eso, a Milei, lo inquieta.