Una funcionaria libertaria denunció corrupción, sobrefacturación y acomodos en el PAMI
Una funcionaria designada por La Libertad Avanza rompe el silencio y expone las prácticas irregulares que comprometen el funcionamiento del organismo más sensible del Estado argentino. Viviana Aguirre, excandidata a diputada de Javier Milei y delegada del PAMI en Mendoza, denunció una estructura de corrupción que atraviesa la sede central del organismo. Acusaciones de sobrefacturación, manejo discrecional de contratos con prestadores y desplazamientos por razones políticas pintan un cuadro alarmante sobre el destino de la salud pública de los jubilados.
Que el PAMI ha sido, históricamente, un terreno fértil para la corrupción no es novedad. Lo que sí resulta perturbador —y profundamente revelador— es que una funcionaria nombrada por el propio oficialismo haya decidido levantar la voz y describir con precisión cómo se manipula, desde las oficinas centrales, uno de los sistemas de atención médica más grandes del país. Viviana Aguirre, quien hasta hace pocas semanas ocupaba el cargo de jefa de la UGL (Unidad de Gestión Local) de Mendoza, realizó una denuncia que debería provocar un verdadero terremoto institucional. Sin embargo, en medio de un gobierno que se autoproclama paladín de la transparencia y la eficiencia, el silencio sepulcral que rodea esta situación resulta tan ensordecedor como sospechoso.
Aguirre, que no es una outsider ni una recién llegada al espacio libertario, fue candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. Su cercanía con la fuerza gobernante y su designación en un cargo estratégico del PAMI no fueron accidentales. Pero lo que ella vio desde adentro fue, según sus propias palabras, «un sistema aceitado de manejos oscuros». Según denunció, en la sede central “se manejan todos los arreglos con los prestadores” y, como si se tratara de una réplica degradada del viejo sistema de retornos y comisiones, se registran “sobrefacturaciones que nadie controla”.
Estas palabras no vienen de un sindicato opositor, ni de una ONG fiscalizadora, ni de un legislador en campaña. Vienen de una integrante del mismo riñón libertario que hoy gobierna el país con la bandera de la “casta jamás”. Y eso es precisamente lo que convierte esta denuncia en un misil a la línea de flotación del relato oficial.
Pero hay más. Aguirre no solo habló de corrupción en abstracto. Relató con nombres y estructuras cómo se ejerce el control político desde Buenos Aires, cómo se decide arbitrariamente qué proveedores tienen vía libre y quiénes quedan afuera, y cómo el aparato se acomoda para beneficiar a quienes responden a los mandos de la sede central. Este centralismo burocrático no solo degrada la eficiencia del servicio médico; directamente lo prostituye.
El caso de Mendoza es ilustrativo. Según la exdelegada, cuando quiso impulsar controles más estrictos y revisar contratos con prestadores que sospechaba sobrefacturaban, empezó a sufrir presiones internas. La respuesta no fue la investigación ni la auditoría, sino el desplazamiento. Su salida de la UGL fue tan abrupta como elocuente: no hay lugar para la honestidad cuando lo que está en juego son millones del presupuesto nacional.