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San Juan exige: un régimen de zonas frías no es privilegio, es necesidad

En la reciente sesión de la Cámara de Diputados de San Juan, se aprobó un proyecto de declaración que manifiesta el “rechazo ante cualquier intento de derogación o modificación” del régimen de zonas frías establecido por la ley nacional (Ley N.º 27.637) y exige la continuidad del subsidio al gas para las zonas frías.

Este hecho simboliza algo más que un trámite legislativo: representa la defensa de una igualdad territorial real frente a políticas energéticas que no siempre tienen en cuenta las particularidades geográficas, climáticas y socioeconómicas de regiones como San Juan.

Una cuestión de contexto

San Juan, al igual que otras provincias del interior, enfrenta condiciones climáticas más severas en ciertos sectores —ya sea por altitud, exposición o aislamiento— que hacen que los costos de calefacción, y en particular del gas, tengan un impacto más alto en los bolsillos de sus habitantes. El régimen de zonas frías nació precisamente para mitigar ese desequilibrio estructural.
Eliminar o recortar ese subsidio no sería un simple ajuste presupuestario: sería trasladar la carga hacia quienes menos margen tienen para afrontarla.

¿Por qué no puede descartarse el subsidio?

  1. Protección social: Para muchas familias, el acceso al gas a tarifa subsidiada marca la diferencia entre pasar un invierno con condiciones mínimas de habitabilidad o enfrentarse a una crisis de frío, con riesgos para la salud.
  2. Equidad territorial: Si el país adopta una lógica de “una tarifa para todos” sin matices, se ignora que el territorio argentino no es homogéneo. A igual servicio, distinto impacto.
  3. Dinamismo económico local: El subsidio no solo alivia a los hogares, sino que también favorece a comercios y pequeños emprendimientos que operan en zonas frías. Si el costo energético sube, la economía local se resiente.
  4. Sensibilidad política y social: Como lo expresaron los diputados, “esto pertenece al Congreso de la Nación” —en referencia a la ley nacional— pero los efectos se viven en los hogares sanjuaninos.

Los errores de un posible recorte

Tomar la decisión de quitar o reducir el beneficio sería jugar con variables delicadas:

Aumentarían los riesgos de vulnerabilidad energética, lo cual se traduce en salud (mayores enfermedades respiratorias, mayores gastos) y en calidad de vida.

Se profundizaría la brecha entre grandes centros urbanos con menores costos energéticos y regiones donde cada grado importa.

Se generaría un mensaje contraproducente: que el “ahorro” se logra cargando sobre los más débiles territorialmente.

Lo que exige San Juan

La provincia, mediante su declaración, pide explícitamente que el Ejecutivo Nacional y el Congreso mantengan el fideicomiso de zona fría y aseguren el subsidio al gas en las zonas reguladas.
No se trata de privilegios, sino de justicia energética. Quienes vivimos lejos de la centralización de decisiones sabemos que la “tarifa única” muchas veces resulta en tarifa excesiva.

En un país tan diverso como Argentina, las políticas públicas no pueden ser de “talla única”. La decisión de San Juan y su Cámara de Diputados incorpora una voz esencial: la de quienes viven en el interior, quienes enfrentan climas más duros, y quienes requieren del Estado no solo igualdad formal, sino equidad real.
Abandonar o debilitar el régimen de zonas frías sería tanto un error técnico como una injusticia social. Y en ese sentido, San Juan acierta al defenderlo con claridad.