“Hay mucho en juego”: alertan por el desmantelamiento de la política de integración sociourbana en San Juan
El cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Sociourbana pone en riesgo obras en ejecución, derechos adquiridos y condiciones básicas de habitabilidad para miles de familias en San Juan.
En diálogo con este medio, Pablo Carricondo, técnico territorial de la Subsecretaría de Integración Sociourbana —área que depende de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación—, advirtió que el freno total de los desembolsos nacionales paralizó proyectos que ya estaban aprobados y contaban con presupuesto asignado.
“El vaciamiento no solamente implica poner en riesgo la continuidad de obras que ya están ejecutándose en San Juan, sino que muchas hoy están paralizadas y en estado de deterioro”, explicó.
Obras frenadas y familias afectadas
Carricondo detalló que entre los proyectos afectados se encuentran obras de accesibilidad, lotes con servicios destinados a familias de barrios populares y conexiones domiciliarias seguras a servicios básicos.
Además, advirtió que la interrupción impacta en la dinámica propia de los barrios: nuevas familias que ingresan o cambios en los grupos convivientes podrían perder la posibilidad de ser relevadas y acceder al Certificado de Vivienda Familiar.
Sin ese documento, las familias no pueden solicitar formalmente conexiones seguras de agua potable, cloacas y energía eléctrica. “Esto obliga a muchas personas a mantenerse en la informalidad, con los riesgos que eso implica, sobre todo en invierno por el uso de sistemas precarios de calefacción o en verano por el aumento del consumo eléctrico”, sostuvo.
En San Juan existen más de 70 barrios populares donde viven aproximadamente 4.400 familias. Uno de los proyectos actualmente frenados es la construcción de núcleos húmedos —baños y cocinas seguras— en el barrio Alfonso XIII, en Pocito, que beneficiaba a más de 40 familias.
También hay beneficiarias del programa Mi Pieza con obras inconclusas y proyectos de regularización eléctrica intradomiciliaria que no pueden avanzar por la falta de habilitación presupuestaria.
Una ley con respaldo histórico
La política se sustenta en la Ley 27.453, que declara de utilidad pública e interés nacional la integración sociourbana de los barrios populares. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso y atravesó distintas gestiones presidenciales, desde Mauricio Macri hasta Alberto Fernández.
La implementación fue auditada por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Católica Argentina, sin objeciones sustanciales.
Uno de los puntos centrales de la ley es la suspensión de desalojos en barrios populares registrados, garantizando seguridad jurídica a las familias. “La subsecretaría es el organismo que vela por el cumplimiento de esos derechos. Su desmantelamiento deja en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas”, remarcó Carricondo.
Impacto nacional y alerta social
A nivel país, alrededor de cinco millones de personas viven en barrios populares. En San Juan, todos los legisladores nacionales votaron en su momento a favor de la ley.
Ante el escenario actual, organizaciones territoriales impulsan juntadas de firmas y acciones de concientización en los barrios. “Estamos en una situación de alerta máxima. Si el cierre definitivo se concreta, se perderán herramientas fundamentales para garantizar condiciones de habitabilidad dignas y seguras”, concluyó el técnico territorial.
