Vicuña y rutas nacionales: organizaciones territoriales cuestionan los acuerdos que llegan a Diputados
La Asamblea Coordinadora en Defensa del Territorio reclamó a la Cámara de Diputados que no apruebe los convenios que serán tratados este miércoles 19 de agosto. Cuestionan el aporte de US$250 millones de Vicuña y advierten sobre los costos que podría asumir la Provincia por el mantenimiento de rutas nacionales durante 20 años.
A pocas horas de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados de San Juan, crece la discusión en torno a los acuerdos firmados por el Gobierno provincial con la empresa Vicuña Argentina y con organismos del Estado nacional. En este contexto, los asistentes a la Asamblea Coordinadora en Defensa del Territorio difundieron un pronunciamiento en el que reclamaron a los legisladores que no aprueben ambos proyectos.
La organización expresó su rechazo al acuerdo con Vicuña, particularmente al mecanismo mediante el cual la empresa realizará un aporte de US$250 millones destinado a infraestructura provincial. El Gobierno de San Juan presentó el desembolso como un aporte extraordinario, único, no reembolsable ni compensable, que será administrado a través de un fideicomiso y destinado a obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública.
Sin embargo, desde la Asamblea cuestionan el carácter y las condiciones del acuerdo. En su pronunciamiento sostienen que esos fondos constituyen un adelanto de futuros aportes y advierten que las obras financiadas podrían terminar beneficiando directamente al desarrollo del emprendimiento minero. También consideran que el esquema podría trasladar parte de los costos de la actividad minera a los recursos públicos y, en última instancia, a los contribuyentes sanjuaninos.
El cuestionamiento se vincula con uno de los puntos más discutidos del convenio: además del aporte inicial de US$250 millones, el acuerdo establece un aporte equivalente al 1,5% de las ventas brutas, cuyo pago comenzaría a partir del sexto año de operaciones. También ratifica un esquema de regalías del 3% sobre el valor bruto de facturación.
Precisamente, este punto generó fuertes críticas desde sectores opositores. Según cuestionamientos planteados en las últimas horas, el aporte inicial de US$250 millones estaría vinculado con las obligaciones económicas establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, mientras que el nuevo esquema establecería un período de gracia para el aporte del 1,5%. Estas interpretaciones son parte del debate político y legislativo previo a la votación.
El otro frente de conflicto: las rutas nacionales
El segundo acuerdo que será puesto a consideración de los diputados está relacionado con la gestión de distintas rutas nacionales. El convenio establece que San Juan asumirá durante 20 años el financiamiento, conservación, mantenimiento, mejoramiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.
Desde la Asamblea Coordinadora advierten que esta transferencia de responsabilidades puede representar una carga económica para las futuras administraciones provinciales. En particular, cuestionan que San Juan deba afrontar con recursos propios obligaciones que históricamente corresponden al Estado nacional.
El Gobierno provincial, en cambio, sostiene que el convenio no implica que las rutas dejen de pertenecer a la Red Vial Nacional. Según explicó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, mientras no se concreten inversiones específicas, la responsabilidad y los costos operativos continuarían bajo la órbita nacional. Si la Provincia consigue financiamiento para ejecutar las obras, asumiría la gestión y el mantenimiento de las trazas durante el período establecido.
Un debate que llega a la Legislatura
Los cuestionamientos se suman a la postura expresada por distintos sectores políticos y sociales que reclaman mayor discusión sobre el alcance de los convenios. El Partido Justicialista de San Juan también manifestó su preocupación por la rapidez con la que se pretende convalidar acuerdos que ya fueron suscriptos por el Ejecutivo provincial y sostuvo que la Legislatura debe analizar en profundidad las decisiones que comprometen recursos y obligaciones futuras de la Provincia.
En paralelo, el Gobierno defendió los convenios y aseguró que durante las reuniones de comisión se respondieron las dudas planteadas por los legisladores. El oficialismo sostiene que el acuerdo con Vicuña representa una oportunidad para obtener recursos destinados a infraestructura antes del comienzo de la producción minera, mientras que el convenio vial permitiría avanzar en obras sobre corredores estratégicos para la provincia.
La sesión especial de este 19 de agosto se presenta así como un nuevo capítulo de una discusión que excede la aprobación de dos convenios: pone sobre la mesa qué responsabilidades debe asumir el Estado provincial frente a la expansión minera y frente al deterioro de la infraestructura vial nacional.
Mientras el oficialismo habla de inversión, infraestructura y desarrollo productivo, las organizaciones que se oponen a los acuerdos advierten sobre posibles costos a largo plazo y reclaman que el crecimiento minero no implique trasladar obligaciones de las empresas o de la Nación al conjunto de los sanjuaninos.
El debate, finalmente, llegará al recinto con posiciones claramente enfrentadas y con una pregunta de fondo: qué condiciones debe aceptar San Juan para que las inversiones mineras se traduzcan en desarrollo sin comprometer recursos públicos ni obligaciones de las futuras generaciones.