Milei y Pettovello celebraron el 1° de Mayo despidiendo 113 trabajadores del Ministerio de Capital inhumano

En una muestra brutal de cinismo político y desprecio por el trabajo humano, el gobierno de Javier Milei eligió el 1° de mayo para despedir a más de un centenar de empleados del ex Ministerio de Desarrollo Social. El ajuste no se detiene: ya son casi 45 mil las y los estatales expulsados del Estado.

Mientras se llenan la boca hablando de libertad, desregulación y eficiencia, el gobierno libertario arrasa con políticas sociales históricas y echa a trabajadores calificados y comprometidos. Los despidos del Día del Trabajador en Capital Humano son más que un ajuste: son un símbolo de destrucción sistemática del entramado social y estatal.

Que el gobierno de Javier Milei no cree en el Estado ni en los derechos laborales ya no es noticia. Pero que haya decidido ejecutar un nuevo recorte brutal el 30 de abril, vísperas del Día del Trabajador, desnuda un nivel de desprecio por la clase trabajadora que no conoce límites. Esta vez, la motosierra libertaria arrasó con 113 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Capital Humano —la criatura ideológica de Sandra Pettovello— sin indemnización, sin preaviso y, sobre todo, sin humanidad.

Cada uno de ellos fue notificado por correo electrónico. Un frío mensaje de “RH Notifica” les comunicaba que el vínculo laboral había finalizado. La mayoría de estas personas integraba la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la misma que hasta hace poco era parte del desaparecido Ministerio de Desarrollo Social. Muchos tenían años de experiencia, habían aprobado exámenes de idoneidad impuestos por la propia administración de Milei y aún así fueron descartados como piezas rotas de una maquinaria que, según la lógica de este gobierno, ya no necesita lubricarse: debe simplemente demolerse.

Paula Blaser Manzo, una de las despedidas, trabajó durante 15 años. El Día del Trabajador publicó un conmovedor posteo en redes sociales titulado: “1° de Mayo, Día de los Trabajadores. DESPEDIDA”. No tiene derecho a indemnización. Solo le permitieron retirar sus pertenencias. No hay carta de agradecimiento, ni reconocimiento de funciones, ni una mísera explicación. “Formo parte de la larga lista de destrucción masiva de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social”, escribió.

El mensaje es claro y brutal: nadie está a salvo, ni siquiera quienes demostraron competencia, compromiso y vocación de servicio. La motosierra no discrimina. Se alimenta de la carne viva del Estado, sobre todo de aquellas áreas que tenían por objetivo sostener los sectores más vulnerables de la sociedad.

La paradoja es grotesca. Según confirmó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre los despedidos había empleados de programas como Banco de Herramientas, Manos a la Obra, Argentina Recicla y Economía Circular. Es decir, programas que tenían por objeto precisamente asistir a trabajadores de la economía popular, autogestivos, y emprendimientos productivos comunitarios. El Estado acompañando a quienes el mercado desecha. Una lógica inaceptable para el dogma libertario.

“Paradójicamente, en el Día de las y los Trabajadores, despidieron a trabajadores de los programas socio-productivos que acompañaban a trabajadores de la economía social, autogestivos”, denunció Ingrid Manfred, secretaria general de ATE del Ministerio. En lugar de reforzar esos dispositivos, este gobierno los paralizó y luego directamente los derogó.

Los despidos se concentran en áreas sensibles, como el Registro de Efectores, Talleres Formativos, Comercialización y Mercados de Cercanía. Se trata de eslabones clave de una política social federal que venía tejiendo redes de producción, distribución y contención en barrios populares. Al destruir estos programas, el gobierno no solo deja sin trabajo a empleados estatales, sino que rompe los vínculos comunitarios que el Estado había ayudado a construir.

¿Y quiénes eran estas personas despedidas? No se trataba de “ñoquis” ni de militantes rentados, como intenta instalar el discurso oficial. Eran trabajadores bajo contrato del llamado “Artículo 9”, que permite una relación laboral transitoria con casi los mismos derechos que un empleado de planta permanente, pero sin indemnización garantizada. Muchos de ellos rindieron y aprobaron el examen de idoneidad exigido por Federico Sturzenegger, el actual ministro de Desregulación, otro arquitecto del desguace.

El gobierno, por su parte, no negó los despidos. Los confirmó sin remordimientos. Según fuentes del propio Ministerio de Capital Humano, los contratos “no se renovaron” porque provenían de áreas cerradas. De los 226 empleados que tenía la Secretaría de Niñez, la mitad fue derivada a la Secretaría de Trabajo (también bajo la órbita de Pettovello) y la otra mitad fue descartada.

El problema es estructural y creciente. Desde que comenzó el gobierno de Milei, ya son casi 3.000 los despidos en el ex Ministerio de Desarrollo. En todo el Estado nacional, la cifra supera los 45.000 trabajadores echados. Pero eso no es todo. Sturzenegger ya anunció una “súper reestructuración” para los próximos meses. La motosierra apenas afila sus dientes.

Lo más siniestro del caso es el uso estratégico de la incertidumbre como herramienta de disciplinamiento. Unas 130 personas de planta permanente también recibieron correos, aunque en este caso para informarles que serían trasladadas al área de Trabajo. Pero nadie sabe qué funciones cumplirán, ni si su traslado es definitivo o apenas una antesala del despido. “No sabemos qué tenemos que hacer el lunes”, dijo Augusta, una de las trabajadoras desplazadas. Días antes, les habían prometido estabilidad. Otra mentira más.

Este tipo de maniobras, además de violar derechos laborales básicos, desmantela la memoria institucional y pone en jaque la eficacia del propio Estado. La destrucción no solo es injusta: es inútil. Nada mejora. Solo se destruye. Y detrás de cada puesto perdido hay una política social menos, una comunidad más vulnerable, un derecho menos garantizado.

El caso de los despidos en el Día del Trabajador no es una anécdota cruel, es una declaración ideológica. Para Milei y sus funcionarios, el trabajo estatal no es digno ni útil. Es una carga a erradicar. Así se gobierna: desde el odio, la venganza y la ignorancia. Mientras tanto, los verdaderos beneficiarios de este ajuste no son los ciudadanos comunes, sino los grandes empresarios, los fondos de inversión y los especuladores financieros que aplauden cada recorte como si fuera una victoria propia.

No se trata de modernizar el Estado, sino de destruirlo. No se trata de eficiencia, sino de crueldad. Y no se trata de libertad, sino de dejar a los sectores más vulnerables a merced del mercado, la intemperie y el olvido.

Javier Milei y Sandra Pettovello no celebraron el Día del Trabajador. Lo utilizaron como una lápida para enterrar derechos, sueños y proyectos colectivos. Y lo hicieron con orgullo, sin mirar atrás. Porque para este gobierno, el Estado no debe proteger: debe desaparecer.