Por decreto nacional: Milei deja a la intemperie a miles de personas en situación de calle
Mientras la Argentina atraviesa una ola de frío polar con temperaturas extremas, el gobierno de Javier Milei decidió retirarse formalmente de toda responsabilidad en la asistencia a personas en situación de calle. Mediante el Decreto 373/2025, publicado el 2 de junio en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional modificó la Ley 27.654 y delegó completamente la atención de esta población vulnerable a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida se presenta como una “descentralización” que permitiría “una mayor eficacia”, según el discurso oficial. Sin embargo, la realidad muestra un abandono sistemático de quienes ya se encuentran en el límite más extremo de la exclusión social: los sin techo, los sin derechos, los invisibilizados por el poder.
El frío no mata, lo hace el Estado libertario
Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, 135 personas en situación de calle murieron en la Argentina, lo que equivale a una muerte cada 64 horas. En lo que va del invierno, las cifras siguen sumando tragedias: solo en la Ciudad de Buenos Aires, tres personas murieron por hipotermia durante el fin de semana del 29 y 30 de mayo. Sus cuerpos fueron encontrados en los barrios de Once, Palermo y Retiro.
Lejos de tratarse de fatalidades inevitables, organizaciones como la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle lo expresan con claridad: «El frío no es el causante de estas muertes, sino la desidia estatal».
La distribución geográfica de los fallecimientos es contundente: 33 en CABA, 19 en la provincia de Buenos Aires, 19 en Salta, y 11 en Santa Fe, según el Registro Unificado de Violencias (RUV). Estas muertes se inscriben en un contexto de desmantelamiento del sistema de contención social, impulsado por la ideología libertaria que hoy conduce el país.
La Nación mira desde arriba
Con la modificación introducida por el decreto de Milei, el Gobierno nacional se reserva apenas un rol de “órgano rector”, limitado a emitir directrices generales, mientras traslada toda la ejecución y el financiamiento de los programas de asistencia a las jurisdicciones locales.
En otras palabras: la Nación abandona a los más pobres en manos de gobiernos provinciales que, en muchos casos, no cuentan con recursos suficientes ni voluntad política para enfrentar una crisis social de esta magnitud.
Paradójicamente, mientras se retira del acompañamiento a las personas sin techo, el mismo gobierno asigna aumentos salariales a las fuerzas de seguridad, subsidia empresas privadas, y destina fondos millonarios a propaganda oficial. Pero no hay refugios, ni frazadas, ni un plato de comida caliente para los que duermen bajo el cielo helado.
Las provincias reaccionan a contrarreloj
Algunas provincias han comenzado a activar planes de emergencia por su cuenta. En Orán, Salta, se lanzó un operativo de invierno que intenta paliar las condiciones extremas a las que están expuestas las personas en situación de calle. Sin embargo, sin una política coordinada y con recursos desde el Gobierno nacional, estas iniciativas resultan aisladas, tardías y claramente insuficientes.
A su vez, la población sin techo no deja de crecer. En la Ciudad de Buenos Aires, se estima que más de 4.000 personas viven en la calle, un aumento del 10% en comparación al año anterior. Los centros de integración social están desbordados y los paradores nocturnos no alcanzan para cubrir la demanda.
La ideología del abandono
La retirada del Estado nacional en políticas de cuidado no es una decisión técnica ni económica: es una decisión ideológica. Javier Milei, fiel a su programa ultraliberal, considera que las personas en situación de calle deben depender de la caridad privada o del esfuerzo individual para salir de su situación. Bajo esa lógica, el Estado no debe proteger, sino que debe desaparecer.
Pero los cuerpos que aparecen sin vida en una vereda, los que tiemblan bajo cartones en la madrugada, no son una estadística ni un “costo del ajuste”. Son víctimas de un modelo que los expulsa primero del trabajo, luego de la vivienda, y finalmente de la compasión social.
¿Quién cuida a quienes nadie cuida?
La respuesta, por ahora, viene desde abajo. Comedores populares, organizaciones barriales, iglesias, y voluntarios que ofrecen una mano en la oscuridad. Pero el abandono oficial convierte a estas acciones solidarias en parches ante una emergencia que debería ser abordada con políticas públicas integrales.
Frente a la indiferencia del Estado nacional, la vida o la muerte de quienes viven en la calle depende ahora de la voluntad política de cada gobernador o intendente, o peor aún, del azar y la suerte de una noche menos helada.
En la Argentina de Javier Milei, la pregunta no es si el Estado está ausente. La pregunta es cuánto más puede retirarse sin dejar un tendal de víctimas.
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