Aseguran que el salario mínimo de un trabajador debería estar en $1,8 millones para no ser pobre

El INDEC pone cifras al ajuste: reclaman $1,8 millones de salario mínimo y un aumento urgente del 117%. Con una inflación acumulada del 214,5% desde diciembre de 2023, estatales reclaman un aumento de emergencia del 117%, paritarias sin techo y un bono mensual de $150.000 para todos los trabajadores del sector.

Mientras el Gobierno nacional continúa sin dar señales en la mesa paritaria, trabajadores del INDEC alertan sobre una caída del 27% en el poder adquisitivo y denuncian que los estatales están por debajo de la línea de pobreza. Exigen un aumento urgente para enfrentar el derrumbe salarial y un costo de vida que ya roza los dos millones de pesos por mes.

En un país donde el discurso oficial celebra el “déficit cero”, pero la realidad marca otra cosa, los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volvieron a prender la alarma. Según un relevamiento propio, el salario mínimo que permitiría a una familia tipo cubrir sus necesidades básicas debería ubicarse en $1.869.924 mensuales. Frente a este escenario de deterioro social y desidia estatal, reclaman un aumento de emergencia del 117% y la inmediata reapertura de paritarias.

Lejos de los valores oficiales utilizados para medir la pobreza, este nuevo cálculo surge del análisis del costo real de vida: $639.836 para la canasta alimentaria y $1.230.088 en otros bienes y servicios esenciales. En total, una cifra que supera por más de medio millón de pesos la canasta básica total del propio INDEC, que en junio se ubicó en $1.298.398.

En otras palabras, un salario estatal no alcanza ni siquiera para evitar la pobreza, menos aún para sostener una vida digna en condiciones inflacionarias extremas. Desde diciembre de 2023, la inflación ya acumula un 214,5%, mientras que los niveles más bajos del escalafón estatal perdieron un 27% de poder adquisitivo. La brecha es cada vez más amplia y corrosiva.

Emergencia salarial y paritarias en pausa

El documento difundido por trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) no sólo exige recomposición salarial, sino que señala con preocupación la falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno, que no ha formulado ninguna propuesta en las últimas mesas paritarias. En ese contexto, la demanda central incluye:

– Aumento del 117% en una sola cuota para todos los estatales.

– Bono mensual de $150.000 sin distinción de cargo o modalidad contractual.

– Reapertura urgente de paritarias libres y sin techo.

– Pase a planta permanente sin pérdida salarial.

– Reincorporación inmediata de despedidos y freno total a las cesantías.

– Garantía de que ningún salario ni jubilación quede por debajo de la línea de pobreza.

El panorama es aún más desolador para los trabajadores contratados como monotributistas, quienes no sólo enfrentan salarios de miseria, sino que además no perciben aguinaldo, presentismo ni derechos laborales básicos. En muchos casos, los paliativos ofrecidos por el Ejecutivo —como sumas fijas— son insuficientes frente a la velocidad con la que sube el costo de vida.

Estado ausente, inflación presente

Mientras los precios siguen subiendo, los sueldos estatales permanecen congelados. En junio, los servicios públicos en el AMBA aumentaron un 10,2%, y las cuotas de medicina prepaga treparon hasta un 2,8%. La dinámica es clara: cada mes que pasa sin respuesta oficial implica un retroceso real para miles de trabajadores que sostienen funciones esenciales del Estado.

El documento cierra con una advertencia clara y contundente:

> «No hay margen para más pérdida salarial. Los trabajadores del Estado no pueden seguir siendo la variable de ajuste de políticas económicas que sólo benefician a los sectores más concentrados.»

En tiempos donde se promueve el ajuste como única política económica, el reclamo de los trabajadores del INDEC no es sólo salarial: es una denuncia profunda sobre el vaciamiento del Estado y la pérdida de derechos sociales conquistados.