Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles

Mientras la pobreza y el desempleo golpean con fuerza, el gobierno de Javier Milei autoriza la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles, derogando una prohibición vigente desde 1995. La medida, defendida por el RENAR como “trazabilidad y control”, abre una nueva grieta entre el discurso libertario de libertad individual y el riesgo de una sociedad cada vez más armada y desprotegida.

El 4 de noviembre de 2025 el Boletín Oficial publicó la Resolución 37/2025 del RENAR, que permite a legítimos usuarios civiles acceder a fusiles semiautomáticos bajo un régimen “de uso deportivo”. Sin embargo, la decisión se da en un contexto de pobreza creciente, inseguridad y tensiones sociales que transforman esta autorización en una bomba de tiempo política y cultural.

Argentina amaneció con una noticia que parece sacada de otro país o de otra época. En un momento en que millones hacen malabares para comer, el gobierno de Javier Milei decidió habilitar la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles. No cualquier civil, claro: sólo “legítimos usuarios deportivos”, según la letra fría de la Resolución 37/2025 del RENAR. Pero el mensaje político, el gesto simbólico, es brutal. Mientras la mesa está vacía, el Estado pone sobre ella un arma.

La norma, publicada el 4 de noviembre en el Boletín Oficial, autoriza a usuarios registrados con al menos cinco años de antigüedad a adquirir y guardar armas semiautomáticas derivadas de modelos militares, como el AR-15, el BAR-15 o el legendario FAL en versión civil. Hasta ahora, esa posibilidad estaba vedada por el Decreto 64/1995 de la era Menem, que prohibía expresamente la tenencia de este tipo de fusiles para civiles. Milei lo derogó en junio de 2025 mediante el Decreto 397/2025 y completó el esquema con esta resolución del RENAR.

El argumento oficial es que no se trata de “liberar las armas”, sino de “recuperar la trazabilidad”. En palabras de Juan Pablo Allan, director del organismo, el objetivo sería “sacar del circuito ilegal las armas que estaban fuera del control estatal” y permitir que los legítimos usuarios deportivos puedan regularizar su situación. Una frase impecable desde lo técnico, pero profundamente cínica si se la coloca en el contexto de un país con pobreza estructural, desempleo y violencia cotidiana.

Porque, más allá de la letra del decreto, lo que cambia es el paradigma: de la prohibición a la autorización. Donde antes el Estado decía “no”, ahora dice “bajo ciertas condiciones, sí”. Y cuando el Estado da un paso atrás en materia de control de armas, la historia enseña que el vacío lo llena el mercado, no la responsabilidad.

El nuevo RENAR —que reemplazó a la ex-ANMaC tras el Decreto 445/2025 bajo el pretexto de “despolitizar los trámites”— concentra hoy la fiscalización de la Ley 20.429 de Armas y Explosivos. El discurso oficialista es casi una pieza de marketing libertario: menos burocracia, más derechos individuales, más libertad. Pero detrás de esa retórica se oculta un modelo donde la seguridad se privatiza, el Estado se desentiende y cada ciudadano es empujado a resolver su miedo con un arma en la mano.

Los requisitos técnicos parecen estrictos: cinco años de antigüedad como usuario legítimo, comprobación de uso deportivo, aval de entidades de tiro reconocidas, guarda segura tipo G2, ausencia de antecedentes. Pero cualquiera que conozca la historia reciente sabe cómo se flexibilizan los controles cuando la ideología dominante promueve el “sálvese quien pueda”. Argentina ya vivió los efectos de la desregulación en los noventa: armas en manos equivocadas, robos a arsenales, femicidios, crímenes pasionales con fusiles de colección, policías y exmilitares vendiendo piezas al mejor postor.

Esta vez, el escenario es peor: inflación, pobreza, y un clima social cargado de frustración y violencia. En ese contexto, habilitar la compra de fusiles semiautomáticos equivale a encender una mecha.

La ironía es insoportable. Un gobierno que no logra garantizar la leche en los comedores, sí logra garantizar el acceso a un fusil AR-15. Un Estado que ajusta en salud, educación y jubilaciones, pero abre una ventanilla para comprar armas “de uso deportivo”. Todo, mientras los discursos oficiales repiten que “no hay plata”. Parece que para balas, siempre hay.

En redes sociales, la medida provocó reacciones inmediatas. El posteo del usuario @El_Prensero —“Un país en crisis, con más hambre y desempleo, pero con más armas en la calle”— condensó la sensación generalizada de estupor. Críticos como @juanenriqueUBA y @GabyLevinas lo señalaron como una “tragedia anunciada”. Del otro lado, el núcleo duro libertario celebró el anuncio como una victoria ideológica. “Fin del modelo restrictivo, inicio de la seguridad individual”, festejó el portal La Derecha Diario.

Pero la trampa está en las palabras. No se trata de “seguridad individual”, sino de transferencia de responsabilidad. El Estado abandona la noción de seguridad pública y la reemplaza por una lógica de autodefensa mercantil: el que pueda comprar, que se proteja. El que no, que rece. Una doctrina peligrosa en cualquier país, pero suicida en uno con índices de violencia doméstica y delictiva tan altos como los de la Argentina actual.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había anticipado esta orientación en junio, cuando defendió la derogación del decreto menemista. “Los ciudadanos tienen derecho a defenderse”, dijo, invocando una frase que suena razonable pero encierra un abismo. ¿Defenderse de quién? ¿De un Estado ausente, de un vecino desesperado, de un sistema que empuja a la violencia como último recurso? En un país donde la desigualdad se multiplica, cada fusil nuevo no representa libertad, sino miedo.

Desde el punto de vista jurídico, la Resolución 37/2025 deroga varias disposiciones anteriores (81/02, 54/04, entre otras) y establece un procedimiento unificado. En la práctica, simplifica la adquisición para quienes ya están en el sistema, eliminando obstáculos y tiempos de espera. Lo paradójico es que el mismo gobierno que recorta personal en áreas esenciales del Estado, ahora amplía una estructura para gestionar más permisos de armas.