Veladero cumplió 21 años bajo la sombra de los derrames: una historia que San Juan no debe olvidar
La mina de oro celebró más de dos décadas de explotación en la cordillera sanjuanina, pero su trayectoria también está marcada por derrames de sustancias tóxicas, investigaciones judiciales, cuestionamientos ambientales y reclamos de las comunidades. El desafío sigue siendo garantizar que la actividad minera no ponga en riesgo el agua ni la salud de la población.
Veladero cumplió 21 años de actividad en San Juan, una trayectoria que suele presentarse como parte del desarrollo minero provincial, pero que también obliga a revisar una de las páginas más cuestionadas de su historia: los derrames de sustancias tóxicas registrados en el yacimiento y las dudas que persisten sobre los controles ambientales, la prevención y la protección de los recursos hídricos.
La explotación, operada por Barrick Gold y actualmente integrada en una sociedad con participación de Shandong Gold, se convirtió en uno de los principales proyectos auríferos de la provincia. Sin embargo, su recorrido no puede analizarse únicamente a partir de la producción, las inversiones y las exportaciones. También debe contemplar los episodios que pusieron en discusión la seguridad ambiental de una actividad desarrollada en una zona de alta montaña, donde el agua constituye un recurso estratégico para las poblaciones y los ecosistemas.
2015: el derrame que marcó un antes y un después
El 13 de septiembre de 2015, Veladero protagonizó uno de los episodios ambientales más graves y controvertidos de la historia minera reciente de la Argentina. Una falla en una válvula del sistema de lixiviación provocó la fuga de solución cianurada, que llegó al río Potrerillos y encendió las alarmas sobre el posible alcance de la contaminación en la cuenca.
El episodio dio lugar a investigaciones y estudios oficiales. En febrero de 2016, un peritaje de la Policía Federal Argentina difundido por La Nación informó sobre la presencia de cianuro y otras sustancias fuera de los parámetros reglamentarios en muestras de cinco ríos: Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. Posteriormente, otros informes señalaron deficiencias en el sistema de gestión ambiental, el mantenimiento y el diseño de estructuras vinculadas al manejo de líquidos contaminantes.
Estos antecedentes pueden consultarse en los informes periodísticos sobre el peritaje de la Policía Federal y las observaciones sobre las condiciones de seguridad ambiental de la mina.
El caso dejó una pregunta fundamental: ¿cómo puede garantizarse la seguridad de una actividad minera de esta magnitud si sus sistemas de prevención y respuesta fallan? Más allá de las conclusiones particulares de cada investigación, el episodio expuso la necesidad de contar con controles independientes, información pública y mecanismos de alerta que permitan actuar sin demoras.
Una sucesión de incidentes que profundizó los cuestionamientos
El derrame de 2015 no fue un hecho aislado. En 2016 se registró otro episodio, atribuido al desacople de un ducto del circuito de descenso luego de la caída de un bloque de hielo. En marzo de 2017 volvió a producirse un derrame dentro del valle de lixiviación, esta vez asociado al desacople de tres ductos.
En esos casos, informes oficiales nacionales señalaron que no se había observado una afectación ambiental significativa. Esa conclusión debe distinguirse de los resultados del episodio de 2015, que tuvo investigaciones específicas sobre la calidad del agua y hallazgos reportados por peritajes.
La repetición de fallas, sin embargo, volvió a poner en el centro del debate las condiciones de mantenimiento, la infraestructura y la capacidad de prevenir nuevos incidentes. En una explotación que utiliza sustancias peligrosas, la seguridad no puede depender solamente de la respuesta posterior a una emergencia: debe sostenerse en sistemas preventivos eficaces y verificables.
En 2017, incluso, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para que legisladores visitaran las zonas señaladas como afectadas y promovieran un informe público sobre el impacto ambiental y las medidas de remediación. El planteo reflejó la preocupación política y social que había generado la sucesión de episodios.
Los derrames y las consecuencias que no terminan con la emergencia
Las consecuencias de un derrame no se limitan al líquido que escapa de una instalación ni al tiempo que demanda contenerlo. También incluyen la incertidumbre sobre la calidad del agua, la necesidad de tomar muestras, los estudios posteriores y la confianza de las comunidades en los organismos encargados de fiscalizar a las empresas.
En Jáchal, los cuestionamientos a Veladero adquirieron una dimensión social y política que trascendió el ámbito estrictamente minero. El acceso al agua y la posibilidad de conocer con claridad qué sustancias llegaron a los cursos hídricos se convirtieron en reclamos centrales.
Es importante distinguir entre la presencia de sustancias detectadas en muestras, la contaminación comprobada en un lugar determinado y la demostración de consecuencias sanitarias concretas. Para establecer daños a largo plazo sobre la salud de las personas o los ecosistemas se requieren estudios específicos, comparaciones con líneas de base y seguimiento sostenido. Esa exigencia científica, lejos de debilitar los reclamos, refuerza la necesidad de información pública y monitoreo independiente.
En 2022, procedimientos especiales de las Naciones Unidas registraron comunicaciones relacionadas con cuatro derrames de sustancias tóxicas en Veladero entre 2015 y 2022, con preocupaciones vinculadas al ambiente y los derechos humanos. La existencia de estas comunicaciones constituye un antecedente relevante del debate internacional sobre los riesgos y las responsabilidades empresariales, aunque no equivale por sí misma a una sentencia judicial ni a una determinación definitiva de todos los daños denunciados.
Veintiún años de producción, pero también de responsabilidades
Cada aniversario de Veladero vuelve a poner en discusión qué significa el desarrollo minero para San Juan. Las inversiones, el empleo y la actividad económica son parte de ese balance, pero no pueden utilizarse para minimizar los episodios ambientales ni para cerrar debates que requieren respuestas documentadas.
La minería opera sobre recursos naturales que son fundamentales para la vida. Por eso, la responsabilidad de una empresa no se agota en cumplir metas productivas: también implica prevenir accidentes, informar de manera oportuna, garantizar la trazabilidad de los incidentes y responder por los daños que se demuestren.
A 21 años de su puesta en marcha, Veladero deja una historia que debe ser evaluada en toda su dimensión. No alcanza con contabilizar el oro extraído ni con destacar la continuidad de la operación. También corresponde preguntarse qué se aprendió de cada derrame, qué medidas correctivas se implementaron, qué resultados arrojaron los monitoreos posteriores y qué garantías existen para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Porque el verdadero balance de 21 años de minería no puede medirse solamente en oro producido y dinero invertido. También debe medirse en la protección del agua, la transparencia de los controles y la capacidad de garantizar que las comunidades no tengan que vivir bajo la incertidumbre de un nuevo derrame.