La salud también se ajusta: menos medicamentos gratuitos y más desigualdad para quienes no pueden pagar

El Gobierno nacional redujo de 98 a seis los principios activos incluidos en el nuevo listado del Programa Remediar y trasladó a las provincias la responsabilidad de cubrir los medicamentos que quedaron afuera. Una decisión que pone en tensión el derecho a la salud, profundiza las desigualdades y amenaza con convertir el acceso a un tratamiento en una cuestión de bolsillo.

Hay decisiones políticas que no se miden solamente en cifras presupuestarias. Se miden en las farmacias, en las salas de espera de los centros de salud y en la angustia de una familia que debe elegir entre comprar los medicamentos indicados por un médico o destinar ese dinero a la comida del día. El recorte aplicado al Programa Remediar pertenece a esa categoría: detrás de cada partida presupuestaria hay personas cuya salud depende de que el Estado garantice el acceso a los tratamientos.

Mediante la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial el 15 de octubre, el Ministerio de Salud de la Nación derogó el listado de medicamentos esenciales que servía de referencia para el programa y aprobó uno nuevo, orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. El cambio redujo de 98 a seis los principios activos contemplados en ese listado: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

La medida deja afuera del nuevo esquema de referencia medicamentos de uso extendido, como la amoxicilina, la metformina, la levotiroxina y el salbutamol, además de otros fármacos utilizados para tratar infecciones, alergias y distintas afecciones. No se trata de remedios secundarios para quienes los necesitan: son tratamientos que pueden resultar fundamentales para sostener la calidad de vida, controlar enfermedades crónicas y atender problemas de salud frecuentes.

Cuando el ajuste llega al botiquín

El Programa Remediar fue creado en 2002, en medio de una profunda crisis económica y social, con un objetivo concreto: garantizar medicamentos esenciales gratuitos a las personas que se atendían en el sistema público y no tenían recursos para comprarlos. Durante años, sus botiquines llegaron a miles de centros de atención primaria de todo el país.

Su importancia radicaba en una premisa básica de la salud pública: una consulta médica pierde parte de su eficacia si el paciente recibe una receta, pero no puede conseguir el medicamento indicado.

Ahora, el Gobierno sostiene que la reorganización busca priorizar las enfermedades cardiovasculares y administrar los recursos con mayor eficiencia. Es cierto que estas patologías requieren políticas de prevención y tratamiento. Sin embargo, atender una prioridad sanitaria no debería significar desatender otras necesidades igualmente concretas, como el tratamiento de una infección, el control de la diabetes, el hipotiroidismo o las enfermedades respiratorias.

La pregunta es inevitable: ¿por qué fortalecer una línea de atención debe implicar reducir la disponibilidad de medicamentos para otras enfermedades? Una política sanitaria integral debe responder a las necesidades de la población en su conjunto, no obligar a elegir qué problemas de salud merecen cobertura y cuáles deberán esperar.

La Nación se retira y las provincias deben responder

Otro de los aspectos más preocupantes es el traslado de responsabilidades económicas a las provincias. Los medicamentos que dejan de integrar el nuevo listado deberán ser cubiertos mediante otros mecanismos de provisión, lo que puede exigir recursos adicionales a las administraciones provinciales.

El problema es que no todas las jurisdicciones cuentan con la misma capacidad financiera para afrontar esos gastos. Mientras algunas podrían disponer de fondos, compras centralizadas o laboratorios públicos para compensar los faltantes, otras tendrán mayores dificultades para hacerlo.

En ese escenario, el lugar de residencia puede convertirse en un factor determinante para acceder a un tratamiento. La posibilidad de recibir un medicamento no debería depender de cuánto dinero tenga una provincia ni de la capacidad económica de cada municipio para cubrir aquello que deja de financiar la Nación.

La salud pública requiere coordinación federal, financiamiento suficiente y responsabilidades claras. Trasladar gastos sin garantizar recursos equivalentes puede profundizar las desigualdades que el sistema sanitario debería contribuir a reducir.

El costo real lo pagan los sectores más vulnerables

Los principales afectados son quienes no tienen obra social, quienes dependen de los centros de salud barriales y quienes viven con ingresos que apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas. También las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas y las familias que deben sostener tratamientos prolongados.

Cuando un medicamento deja de entregarse gratuitamente, no desaparece la necesidad de consumirlo. El paciente debe buscarlo por otra vía, comprarlo si puede o afrontar el riesgo de interrumpir el tratamiento. Para los sectores de mayores ingresos, ese cambio puede representar un gasto adicional; para quienes viven en la pobreza, puede significar directamente quedarse sin medicación.

El deterioro del poder adquisitivo agrava el problema. En una economía donde los hogares deben distribuir cada peso entre alimentos, transporte, alquiler y servicios, incorporar el costo de un tratamiento puede resultar imposible. Y cuando se posterga la atención o se interrumpe una medicación, las consecuencias pueden extenderse más allá de la persona afectada y aumentar la presión sobre hospitales y guardias.

El ajuste, por lo tanto, no debe analizarse solamente por el dinero que el Estado deja de gastar. También hay que considerar el costo social y sanitario de una población que encuentra cada vez más obstáculos para prevenir y tratar enfermedades.

El derecho a la salud no puede depender del presupuesto familiar

La reformulación del Remediar expone una contradicción de fondo: mientras se habla de eficiencia y reorganización de los recursos, miles de personas necesitan respuestas concretas para sostener su salud cotidiana.

El Ministerio anunció un esquema de transición con entrega de botiquines hasta fines de 2026 para que las provincias puedan organizar sus compras y adaptar la provisión. Sin embargo, ese período de transición no resuelve por sí solo la incertidumbre sobre la continuidad, la disponibilidad y la gratuidad de los medicamentos excluidos del nuevo listado.

Es indispensable que las autoridades informen cómo se garantizará el acceso a esos tratamientos, qué recursos estarán disponibles y qué ocurrirá con los pacientes que no pueden afrontar su costo. La planificación sanitaria no puede limitarse a cambiar un listado administrativo: debe contemplar las consecuencias concretas de esa decisión sobre la vida de la población.

Porque el derecho a la salud no se garantiza únicamente con hospitales abiertos y médicos disponibles. También requiere que el tratamiento indicado pueda llegar a quien lo necesita.

Reducir la cobertura de medicamentos esenciales en un país atravesado por desigualdades económicas significa aumentar el riesgo de que la falta de recursos termine condicionando la atención médica. Y eso no es una discusión técnica menor: es una discusión sobre las prioridades de un Estado y sobre el valor que asigna a la vida de sus ciudadanos.

Un medicamento que deja de ser gratuito no deja de ser necesario. Simplemente, su costo cambia de manos: pasa del presupuesto público al bolsillo de una familia que quizás no pueda pagarlo. La pregunta que queda planteada es si el ahorro fiscal justifica que el acceso a un tratamiento dependa cada vez más de la capacidad económica de cada persona.