Minería: traiciones, reproches y miedos detrás de la derogación

Sólo tres mil policías operativos por turno para contener a miles de manifestantes en las calles. Cortes de ruta y escraches. Una batalla comunicacional perdida por la antinomia “agua vs cianuro”. Traiciones políticas, el fracaso del diálogo y el silencio de los empresarios que apoyaban el plan minero. Este puñado de razones llevaron a Rodolfo Suárez a decidir la derogación de su proyecto fundacional.

Hay una causa previa y que explica el resto: nadie previó la respuesta social. Lo admiten en el Gobierno y en el peronismo. El momento del año creían que atenuaría las protestas a favor de la ley 7.722.

El día después, la bronca recorre las venas de la cúpula del Ejecutivo, pero aseguran que Suárez no está arrepentido. “Tengo la conciencia tranquila. Intenté una de las pocas alternativas de crecimiento que tenemos. ¿Cómo van a cuidar el agua los que se opusieron si no hay riqueza para pagar las obras necesarias?”, le dijo a uno de sus ministros, sin esperar respuesta.

Tras las primeras manifestaciones, el Gobernador había anunciado la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209 para ganar tiempo. Su plan era convencer a todos los sectores de restringir la minería metalífera a Malargüe, excluyendo el cianuro y la cuenca del río Atuel, para garantizar a Alvear que no corría riesgos.

En todas las reuniones la respuesta fue la misma: “no”. Sólo la Cámara de Comercio malargüina dio su apoyo, pero era muy poco. Entonces la decisión fue inexorable, aunque se veía venir desde el mismo momento en que se dispuso frenar la reglamentación.

En el entorno de Suárez reconocieron el mismo jueves que de la suspensión a la derogación había apenas un paso y ya daban por caída la nueva ley. Sólo bastó un día para confirmarlo.

Sálvese quien pueda

La suspensión activó el “sálvese quien pueda” en los dos partidos mayoritarios. A las pocas horas del anuncio, el peronismo salió a pedir la derogación. Un planteo testimonial por cuanto la anulación de la ley minera no podría tratarse hasta mayo, salvo que lo dispusiera el Gobernador.

El paso siguiente fue la suspensión de vendimias. Empezaron los municipios del PJ, se unió San Carlos, que a estas alturas ya nadie sabe si integra el mapa oficialista, y continuaron varios radicales.

Una diáspora en la que quienes apoyaban sin objeciones la ley hasta una semana antes, de pronto se dijeron impulsores de la derogación. Por ejemplo, Matías Stevanato, el novel intendente de Maipú, terminó el jueves a la noche al frente de una concentración en la plaza departamental.

Uno de los últimos dirigentes peronistas que dio el salto relató que ante aquel anuncio de Suárez del jueves, debieron “buscar una vía de escape” y le recriminó “haberse cortado solo”.

El objetivo del PJ fue no quedar “incinerados” ante la militancia, que había cuestionado duro incluso a los referentes del kirchnerismo local en las redes: Lucas Ilardo fue el más castigado y luego Anabel Fernández Sagasti.

El presidente Alberto Fernández, que había celebrado la ley aún antes de su aprobación, quedó a salvo pero recibió pedidos de ayuda por las redes sociales.

Esa ayuda llegó a través de algunas declaraciones del ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié, que tomó distancia de la decisión provincial, y el silencio del propio Fernández tras las marchas.

En Casa de Gobierno tomaron nota de estos gestos. El peronismo es un aliado poco confiable, dicen, teniendo en cuenta los debates que vendrán.

El factor radical

En el oficialismo nadie ahorra cuestionamientos a Jorge Difonso. Aunque a nadie sorprendió su defensa de la ley 7.722, de la que es coautor, creen que fue él quien organizó la marcha que arrancó en San Carlos el domingo pasado y terminó activando las protestas en toda la provincia.
Pero el mayor enojo del Gobernador, cuentan en su entorno, es con los propios radicales, con los que cedieron y debilitaron la posición oficial. “El miedo fue más fuerte, me dejaron solo”, acusó Suárez.
El enojo deviene en furia cuando le mencionan al lasherino Daniel Orozco. “Nos pidió incluir en la ley que una parte del dinero que ingrese vaya a obras en los departamentos y ¡ahora dice que él quería la derogación!”, estalló el mandatario ante un legislador de confianza.
El motivo fueron las actitudes en privado y en público, como un tuit del viernes a la noche: “¡El pueblo ha ganado! Se derogará la ley 9.209 que reformó la 7.722. ¡Estamos felices! Hemos conseguido proteger el agua de todos los mendocinos”, festejó Orozco.
En Casa de Gobierno interpretan que el médico quizás esté apurando su plan de lanzarse por la gobernación en 2023 y quiera usar la lucha del agua como plataforma.
De todos los radicales, Suárez rescata el apoyo de sólo dos: el guaymallino Marcelino Iglesias y el godoicruceño Tadeo García Zalazar.
Hay otros dos dirigentes sobre los que calla. Uno es el vicegobernador, Mario Abed, que lució incómodo en todo el proceso de la ley que reformó la 7.722. El otro es Alfredo Cornejo. Dicen que con su antecesor el diálogo fue permanente en los días de la crisis.
Pero también admiten que nunca se expresó públicamente.

El futuro

Suárez sorprendió cuando al otro día de asumir presentó el proyecto para cambiar la ley que durante doce años había sido intocable. Más sorprendió cuando rápidamente consiguió el apoyo del peronismo en bloque, con algunas excepciones. Se trataba al fin de cuentas de la ley que iba a definir a su gobierno y que pretendía reactivar a la alicaída economía mendocina. En la campaña incluso aventuró que en un par de años la minería ya emplearía a miles.
La decisión de derogar la reforma tan rápido abre interrogantes sobre su proyecto de acá en más. Uno de sus más cercanos se sincera: “Quedamos debilitados y es un daño muy profundo para Rodolfo, es cierto. Aunque ésta es una crisis de la política que nos incluye a todos. Hay que buscar nuevos propósitos, una agenda distinta”.
El Gobernador ayer a la mañana intentó mostrarse firme ante un grupo de leales cuando analizaban lo ocurrido. “No es un golpe ni un debilitamiento para mí. No robé ni mentí.
Sería bueno que ahora alguien diga cómo crecemos en una provincia con cláusula gatillo y un déficit complicado. Puedo debatir con cualquiera los beneficios que nos hubiera traído la minería”.

La rebelión en Chile y el mal ejemplo de Piñera

“Esperen tres días y aparece el Papa criticando”, cuentan que dijo Rodolfo Suárez a su equipo cuando vio la repercusión nacional que iba adquiriendo la reforma de la ley 7.722. Decidida la derogación, justificó: “Mi responsabilidad era parar esto. Si no, íbamos hacia Chile. Ya había protestas en Chubut, iban a seguir La Pampa, Buenos Aires y así por todo el país. No podía permitirme el error de Piñera de enfrentar a la Policía con la gente”.
En el Gobierno dicen que en la declinación influyó también el nuevo contexto político nacional: ahora la Gendarmería ya no actúa ante los cortes de rutas. Eso se vio claramente en Alvear, incluso después del anuncio de la derogación y hasta la madrugada de ayer

FUENTE: LOS ANDES DIARIO