El Gobierno provincial reprimió a trabajadores que reclamaban por 200 despidos de una empresa minera
Debido a la situación de emergencia pública en materia sanitaria como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno nacional lanzo una medida de suspensiones y despidos producidas en el sector privado como consecuencia de tal crisis, el Ejecutivo nacional tomó medidas tendientes a garantizar por un plazo de 60 días la actual conservación de los puestos de trabajo. La norma no formula distinciones expresas entre grandes, medianas o pequeñas empresas.
Aun así, la empresa chilena INPROLEC, despidió a 200 trabajadores. Pero la situación se agrava cuando 30 trabajadores mineros se presentaron este lunes por la mañana en la Casa de Gobierno de la provincia para reclamar por los 200 despidos realizados por esa entidad y 8 de ellos fueron condenados a prisión condicional, luego de que el gobierno provincial diera la orden a infantería que reprimiera el reclamo.
La represalia que sufrieron estos trabajadores fue a través del Sistema de Flagrancia, fueron juzgados por el juez Carlos Lima en los tribunales de Flagrancia por violar las medidas dispuestas para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus. A través de un juicio abreviado, su defensa acordó con el fiscal Iván Grassi la pena de 6 meses de cumplimiento condicional.
Los trabajadores Fabián Benítez, Fabián Romero, Federico Montaña, Carlos Almasan, Aravena González, Antonio Alaniz, Ariel Abasolo y Roberto González no tuvieron otra alternativa que acordar, mediante un juicio abreviado, la pena de 6 meses de prisión en suspenso. Es decir que no irán presos, pero por ese periodo no pueden meterse en problemas. Eso sí, ahora les figurara en su prontuario este antecedente penal y esto significa una dificultad para conseguir trabajo.
La situación fue de la siguiente manera, los trabajadores junto a una treintena compañeros se reunieron el lunes último en horas de la mañana en la puerta de Casa de Gobierno para pedir a las autoridades que intercedieran por los 200 despidos de la empresa contratista chilena INPROLEC.
Los policías de la División Infantería salieron a querer “dispersarlos” e impedir el reclamo, con el argumento de que no podían permanecer en ese lugar y estaban violando el aislamiento social. Los obreros se retiraron de ahí, pero se fueron a inmediaciones de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y San José, entonces los uniformados empezaron a detenerlos. Algunos lograron escapar, pero 8 de los trabajadores terminaron presos, sin respuesta alguna por parte del gobierno ante esta situación grave que sufrieron al quedarse sin trabajo, en un contexto de incertidumbre y emergencia no solo sanitaria sino también social, donde mucha gente se encuentra sumergida en la pobreza, en medio de una pandemia mundial.