La justicia sanjuanina ante los pedidos de prisión domiciliaria de 200 reos
El presidente Alberto Fernández ya mostró su acuerdo con las “libertades restringidas” de los presos por delitos leves, pedido que llevo a motines violentos en muchas cárceles del país por el miedo de los presos y presas a morir de coronavirus, luego de que en varias cárceles algunas personas dieran positivo al virus. Lo cual generó gran polémica y descontento en todo el país por la idea errónea que recorre muchos medios de comunicación sobre que se liberarían violadores y asesinos.
En San Juan la justicia local sigue dilatando la decisión sobre los más de 200 pedidos de presos que solicitan irse a su casa por la pandemia, con pedidos de informes y medidas que llevan tiempo.
Los pedidos comenzaron a principio de abril con 100 presentaciones de presos condenados, luego aparecieron los planteos de los internos con prisión preventiva y de los presos federales, que sumaron otros 75 pedidos. En la actualidad, las solicitudes llegan a 200, sólo contando los recibidos en el Juzgado de Ejecución, confirmaron fuentes judiciales.
En su mayoría, los reos justifican sus pedidos en que padecen enfermedades crónicas y sus edades que los ponen en riesgo. Otras excusas que plantean son la falta de condiciones sanitarias e higiénicas dentro del penal de Chimbas, el hacinamiento en los pabellones y hasta la falta de contacto familiar por la suspensión de las visitas y las salidas transitorias.
El juez Matías Parrón y luego el juez Alberto Caballero, que se alternaron en el Juzgado de Ejecución, enviaron los pedidos a la fiscalía. Pero la fiscal Claudia Salica, primero, y posteriormente el fiscal de Ejecución, Nicolás Zapata, pidieron informes antes de poder opinar. “Esto no es una cuestión sencilla. Estamos hablando de peticiones individuales, que pueden llegar a ser doscientas, y hay que estudiar y analizar una por una. Y estamos a la espera de medidas que solicitamos”, señaló Zapata.
Es que los fiscales quieren saber la situación de cada preso y para ello solicitaron al penal que envíen: copia de DNI o acta de nacimiento, informe médico integral, medicación y cuidados que requiere. Además, estudios psicológico y psiquiátrico. Datos sobre los años de condena, tipo de delito y comportamiento de cada preso. Posible domicilio en donde se alojarían, informe ambiental del lugar, el consentimiento del familiar que se haría responsable y medidas de seguridad. Por otro lado, pidieron que se les comunique el plan de contingencia del servicio penitenciario provincial, entre otras cosas.
Reunir toda esta información puede llevar semanas, y más, si se tiene en cuenta que hay 200 casos que analizar, explicó un funcionario judicial. “Es verdad, todavía no se resolvió la cuestión de fondo y los plazos se extendieron porque solicitamos otras medidas. Pero primero debemos tener elementos suficientes para opinar y aconsejar al juez sobre si corresponde o no otorgar una prisión domiciliaria”, explicó Zapata.
En este sentido la fiscalía adelantó parte de su posición con respecto a la prisión domiciliaria. En el documento que enviaron al juez pidiendo medidas preliminares, expresaron “que no existen razones técnicas y científicas que aseguren que medidas como la prisión domiciliaria, sea eficaz para el resguardo de la integridad y la salud” durante la pandemia.