Crece la tension en la Federación Gaucha Sanjuanina: denuncian abuso de poder y desmanejos en la intervención
La Federación Gaucha Sanjuanina, institución histórica que nuclea a decenas de agrupaciones tradicionalistas de la provincia, atraviesa un clima de profunda crisis institucional y descontento generalizado por parte de sus integrantes. La intervención dispuesta para regularizar su situación jurídica derivó en una serie de decisiones unilaterales y presuntas irregularidades que hoy ponen en jaque la legalidad de su funcionamiento.
¿Qué está pasando?
Según testimonios y comunicaciones internas, el interventor designado, Andrés Leonardo López Gómez, estaría tomando decisiones fuera del marco legal del acto administrativo que lo facultó. Entre ellas:
Nombramiento de una supuesta “comisión organizadora”, pese a que el decreto de intervención lo designa como única autoridad transitoria.
Delegación de funciones a un “secretario de organización” que no tendría legitimidad para tomar decisiones, generando tensiones internas.
Organización de actividades como si la institución no estuviera intervenida, lo que va en contra del principio de normalización estatutaria que debería regir su gestión.
«Esto parece una dictadura institucional», señalan varios socios con personalidad jurídica, quienes reclaman que las decisiones fundamentales se están tomando a espaldas de la Asamblea —órgano soberano por ley—, y que el interventor “no solo no consulta, sino que se rodea de figuras sin legitimidad institucional”.
El reclamo de las agrupaciones
En audios y mensajes compartidos por miembros de distintas agrupaciones, se expresa el malestar por lo que consideran una intervención «a medida» de ciertos sectores, que incluso estarían bloqueando la participación de agrupaciones con papeles al día, favoreciendo a otras sin regularización.
“Si un socio adherente puede hacer una fiesta igual que un socio activo, ¿para qué sirve todo el esfuerzo de tener personalidad jurídica? ¿Por qué quien incumple avala al que sí cumple?”, cuestionan desde una de las agrupaciones tradicionales.
Además, distintos referentes remarcan los límites del rol de un interventor: «No puede arrogarse funciones perpetuas ni modificar el estatuto. Solo puede garantizar la normalización y convocar a Asamblea”, como establece el Código Civil y Comercial de la Nación y las resoluciones de la IGJ.
También se cuestiona que la figura del “secretario de organización” esté asumiendo roles jerárquicos que no le corresponden:> “Es como si contratás a alguien para ayudarte con tu fiesta y termina diciéndote qué comer, cómo vestirte y quién puede entrar. No organiza: impone”, denuncian.
Lo que está en juego
Más allá de los cargos o los eventos, lo que las agrupaciones reclaman es transparencia, legalidad y participación democrática. Aseguran que la Federación no es un feudo ni una empresa privada, sino una asociación civil sin fines de lucro, hecha por y para los gauchos.
Mientras tanto, el proceso de normalización sigue en pausa, sin fecha para asamblea, y con un clima cada vez más tenso entre las agrupaciones. El pedido generalizado es claro: respetar la ley, devolverle el protagonismo a los socios y poner fin a los manejos unilaterales.
