Veinte años de periodismo argentino: entre la presión, la grieta y la búsqueda de libertad

En las últimas dos décadas, el periodismo argentino ha transitado un camino marcado por tensiones políticas, crisis económicas, transformaciones tecnológicas y disputas por la palabra. Desde el auge del kirchnerismo hasta el ascenso de Javier Milei, informar sin censura se volvió no solo un desafío profesional, sino también una necesidad democrática. Esta nota propone una mirada interpretativa sobre cómo los cambios en el poder moldearon las condiciones del oficio periodístico y cómo, en ese recorrido, se redefinió la relación entre medios, Estado y ciudadanía.
I. 2003–2015: Kirchnerismo, ley de medios y polarización
El regreso del peronismo al poder en 2003 con Néstor Kirchner marcó el inicio de un período de fuerte presencia estatal en la economía, ampliación de derechos y confrontación discursiva con sectores de poder, entre ellos los medios de comunicación. En un principio, el gobierno mantuvo un vínculo relativamente estable con los grandes grupos mediáticos. Sin embargo, la ruptura se aceleró hacia 2008, tras el conflicto con el campo. A partir de allí, comenzó una etapa de confrontación directa con el Grupo Clarín, que devino en uno de los hitos de este período: la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009.
La ley, impulsada con el objetivo de democratizar el mapa de medios y frenar la concentración, fue celebrada por amplios sectores sociales y académicos. Sin embargo, su implementación estuvo profundamente atravesada por una lógica de disputa política. Mientras algunos sectores la veían como un avance hacia la pluralidad, otros denunciaban su uso selectivo para premiar a medios afines y castigar a los críticos. En este contexto emergió el “periodismo militante”, con espacios como 678 y medios como Página/12, que defendían abiertamente el modelo oficialista. A su vez, grandes medios opositores intensificaron su rol crítico, generando un escenario de polarización que dificultó el diálogo público.
En esta etapa, el periodismo se convirtió en un actor político más, ya no solo en la tarea de informar, sino como parte de una contienda más amplia por el sentido.
II. 2015–2019: Cambiemos y el retorno de medios “amigos”
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el discurso oficial cambió el tono pero no la tensión con el periodismo. Aunque el gobierno de Cambiemos se presentaba como defensor de la libertad de prensa, su gestión también estuvo marcada por formas de presión, sobre todo en lo económico. Uno de los cambios más significativos fue la reconfiguración del reparto de la pauta oficial, que aunque se prometió más transparente, siguió beneficiando a grandes grupos mediáticos, esta vez alineados con el nuevo poder.
Durante este período, los medios públicos (como la TV Pública, Télam y Radio Nacional) fueron recortados, tanto en presupuesto como en personal, y se promovieron cambios editoriales para moderar su línea crítica anterior. Muchos periodistas fueron desplazados o precarizados, y Télam enfrentó un conflicto de alto impacto en 2018, cuando más de 350 trabajadores fueron despedidos en una política de ajuste que afectó seriamente el derecho a la información desde el Estado.
Al mismo tiempo, esta etapa vio crecer experiencias autogestivas, comunitarias y cooperativas que buscaban sostener el periodismo desde otra lógica: sin dependencia de la pauta ni condicionamientos empresariales. Medios como Tiempo Argentino, surgido tras el vaciamiento empresarial, se convirtieron en símbolos de resistencia y en espacios de construcción alternativa de la palabra.
Aunque el enfrentamiento discursivo con la prensa bajó su intensidad, Cambiemos gobernó con medios más cercanos ideológicamente, lo que abrió nuevos interrogantes sobre la objetividad, la pluralidad y la influencia del poder económico en la línea editorial de muchos canales y diarios.
III. 2019–2023: El Frente de Todos, la pandemia y un periodismo en estado de emergencia
Con el retorno del peronismo al poder a través del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, el escenario mediático se volvió aún más complejo. Las tensiones dentro del propio oficialismo, sumadas a una economía cada vez más frágil, generaron un clima de incertidumbre política que también impactó en el periodismo.
La pandemia de COVID-19, que irrumpió en marzo de 2020, transformó por completo la agenda mediática y expuso tanto fortalezas como debilidades del sistema de comunicación argentino. Por un lado, los medios volvieron a tener un rol central en la circulación de información crítica para la salud pública. Por otro, la sobreinformación, los discursos alarmistas y la proliferación de noticias falsas (infodemia) desafiaron la responsabilidad periodística y pusieron a prueba la confianza ciudadana.
Durante este período, el oficialismo apostó fuertemente a las redes sociales para comunicar —y confrontar—, lo que generó un doble efecto: desintermediación con respecto a los medios tradicionales y una relación cada vez más directa (y muchas veces violenta) entre funcionarios, periodistas y audiencias. La figura del “periodista enemigo” volvió a aparecer, aunque esta vez más atomizada, en un ecosistema donde las redes sociales amplificaban el escarnio o la defensa.
A nivel estructural, la crisis económica afectó gravemente al sector. Se profundizó la precarización laboral, especialmente en medios regionales y comunitarios, y se mantuvo una distribución desigual de la pauta estatal, que siguió beneficiando a grandes medios concentrados, incluso aquellos críticos con el gobierno.
La promesa de avanzar hacia un periodismo más plural quedó relegada ante las urgencias sanitarias y económicas. Mientras tanto, la ciudadanía enfrentaba una nueva paradoja: una sobreabundancia de información disponible, pero con dificultades para discernir qué era cierto, confiable y relevante.
IV. 2023–2025: Javier Milei y la batalla contra “la casta mediática”
La asunción de Javier Milei como presidente trajo consigo una nueva etapa de confrontación abierta con el periodismo tradicional. Su discurso, centrado en la denuncia de la “casta política” y “los medios de comunicación cómplices”, profundizó una relación ya fracturada entre el poder político y los medios.
En pocos meses de gestión, el gobierno implementó recortes drásticos en los medios públicos, eliminó la pauta oficial como instrumento de financiamiento estatal y flexibilizó las regulaciones en el mercado de medios. Estas medidas, en teoría, buscan disminuir el peso del Estado en el sistema mediático, pero en la práctica han generado un aumento en la precarización de trabajadores de prensa y la concentración mediática en manos privadas.
Simultáneamente, el auge de discursos de odio, fake news y ataques verbales constantes hacia periodistas se intensificó, tanto desde sectores políticos como desde audiencias radicalizadas en redes sociales. Esta violencia simbólica y verbal funciona como una forma de censura indirecta, que limita la libertad de informar y genera autocensura.
En este contexto, el periodismo independiente y autogestivo se enfrenta a grandes desafíos para sostener su labor sin perder autonomía ni recursos, mientras que la ciudadanía debe navegar un entorno informativo cada vez más hostil, fragmentado y polarizado.
Conclusión
A lo largo de estos veinte años, el periodismo argentino ha sido un reflejo fiel de las tensiones políticas, económicas y sociales que atravesaron al país. Desde la batalla contra la concentración mediática hasta la lucha por sostener la independencia editorial en contextos adversos, el oficio periodístico se mantuvo como un pilar esencial para la democracia. Sin embargo, la libertad de informar sigue siendo un terreno en disputa constante, amenazada por la censura directa e indirecta, la precarización laboral y la desinformación.
En un momento en que la palabra se vuelve arma y campo de batalla, defender un periodismo plural, ético y sin mordazas no es solo un reclamo profesional, sino una exigencia de toda la sociedad para garantizar el derecho a estar informados, debatir y construir ciudadanía. La historia reciente demuestra que sin medios libres y sin periodistas con garantías para ejercer su trabajo, la democracia pierde su sustancia más valiosa: la posibilidad real de escuchar todas las voces.