La letra chica que demora el RIGI de Gualcamayo y Los Azules

La aplicación del RIGI a la extensión de vida útil de proyectos mineros existentes, como Gualcamayo, genera un debate técnico que demora su aprobación. El Gobierno provincial y el sector minero abogan por una interpretación que impulse estas inversiones clave para San Juan.

San Juan se encuentra expectante ante la demorada aprobación de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta impulsada con fuerza por el gobierno de Marcelo Orrego y que obtuvo el apoyo de los legisladores orreguistas en el Senado. Si bien la provincia ha manifestado su adhesión y la expectativa por la llegada de capitales es alta, la letra chica del RIGI está generando un cuello de botella que retrasa la concreción de inversiones cruciales para la actividad local, especialmente en el caso de la minera Gualcamayo o Los Azules.

El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, brindó precisiones sobre la raíz de la demora y dijo que “hablé con José Rolandi (vicejefe de Gabinete de Milei) y me manifestó que Gualcamayo no es un proyecto nuevo, sino que se busca ahora una extensión de la vida útil, y está en debate si se puede integrar dentro del régimen o solo para proyectos nuevos, por eso la demora y el pedido de documentación», explicó Olivera a Diario Huarpe. El legislador dijo que «me imagino que es un problema más de papeles que deben cumplimentarse, pero creo que debería salir porque ingresarán nuevos fondos al país y me manifestó que van a solucionarlo. Pero esto no solo ocurre con los presentados por San Juan, sino que también ocurre con otros».

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, ratificó esta data y la postura sanjuanina. «La información que tenemos es que todavía están en un proceso de análisis y solicitud de requerimiento por parte de Nación. Entiendo que el caso de Gualcamayo está un poco más avanzado en este proceso». El debate central, según el ministro, radica en la interpretación de la ley: «El RIGI, en general, para todos los sectores que pueden solicitarlo, contempla la posibilidad de aplicarse a nuevos proyectos o a la ampliación de la capacidad de proyectos existentes. Este debate gira en torno, en el caso específico de la minería, a la ampliación de la vida útil de una mina, que no está explícitamente mencionada en la ley, pero es asimilable al concepto de ampliación de capacidad de producción que se usa en otros sectores».

En este sentido, Perea enfatizó que la visión que hay en San Juan es clara: «prolongar la vida útil de un yacimiento es una ampliación de la capacidad del mismo. Esta es una particularidad propia de la actividad minera, dado que hay inversiones que, con el RIGI, resultan más rentables y que sin él no se llevarían a cabo, lo que dejaría el mineral sin explotar debido a su baja ley de rentabilidad negativa».

Esta interpretación es crucial para la provincia, que busca asegurar la continuidad de la producción y, con ella, el empleo. «Por eso, desde la provincia de San Juan, respaldamos este pedido que también hizo CAEM, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, para que esta interpretación se contemple dentro de este régimen. Entendemos que esto es fundamental, ya que se trata de cuidar las fuentes de trabajo y extender, por decirlo de alguna manera, el horizonte de la actividad de nuestras comunidades», argumentó el Ministro.

Perea añadió que la minería, «no solo representa una fuente significativa de ingresos para San Juan, sino que también contribuye al desarrollo de infraestructuras y a la generación de empleo en diversas áreas. La actividad minera, cuando se realiza de manera responsable y sostenible, puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de nuestras comunidades». El ministro también mencionó la expectativa por la confirmación de nuevas aplicaciones al RIGI por parte de empresas como Barrick (para Veladero) y Vicuña, lo que subraya la importancia de esta normativa para el presente y futuro de la actividad.