Nuevo escándalo : Martín Menem prorrogó una licitación de limpieza que favorece a su nutricionista por $1.500 millones

Un posteo viral reveló que Martín Menem autorizó transferencias por 1.500 millones de pesos a La Bizantina SRL, empresa cuyo titular es el esposo de su nutricionista. La denuncia se suma a un extenso historial de contrataciones irregulares, vínculos personales que se entrecruzan con fondos públicos y una cadena de causas que rodean al oficialismo. En medio del silencio del gobierno, las redes amplifican el caso como el símbolo de una corrupción que crece mientras Milei promete “motosierra para la casta”.

El nuevo escándalo que rodea a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y una de las figuras más influyentes del oficialismo libertario, expone con crudeza la contradicción más profunda del gobierno de Javier Milei: mientras repite en cada tribuna que llegó a limpiar “la mugre de la política”, el círculo íntimo del poder parece reproducir, paso a paso, las mismas lógicas de favoritismo, opacidad y beneficios personales que Milei prometía destruir. El caso, revelado por la cuenta opositora @RPN_Oficial en X y basado en un informe anterior de El Disenso, estalló con un nivel de detalle que transforma lo que muchos defensores oficialistas intentaron minimizar como “ataques de la oposición” en algo que se parece demasiado a un nuevo capítulo del viejo manual de la corrupción estatal.

La denuncia señala que Menem autorizó una prórroga de licitación por 806 millones de pesos para la empresa de limpieza La Bizantina SRL, que ya había cobrado 694 millones previamente. El total asciende a 1.500 millones de pesos provenientes del presupuesto público de la Cámara de Diputados. Pero el problema no es solo la magnitud del monto, sino el vínculo personal que atraviesa la operación: el titular de la empresa, Nicolás Hazaff, es el esposo de la nutricionista personal de Menem, que trabaja en GenTech, la empresa de suplementos deportivos fundada por el propio presidente de la Cámara. La relación entre el proveedor y el funcionario es directa, íntima y operativa. Y el hecho de que la prórroga se haya otorgado sin una nueva licitación competitiva implica una violación a la Ley 27.437 de Compras Públicas.

Lo que agrava la situación es que la figura de Menem, lejos de ser marginal dentro del armado libertario, funciona como uno de los operadores políticos clave del oficialismo. Su firma concentra decisiones presupuestarias sensibles, su rol lo ubica en el centro de la administración parlamentaria y su apellido, cargado de historia, añade un componente simbólico que intensifica las repercusiones. Ningún otro funcionario de la Cámara ostenta tanto poder discrecional, y ninguna contratación lleva su peso institucional como las adjudicaciones firmadas directamente desde su despacho.

El video de 57 segundos difundido por @RPN_Oficial acumuló más de 1.300 vistas y abrió la puerta a una escalada de posteos, retuits y comentarios críticos que multiplicaron el impacto. La denuncia conectó, además, con un clima de creciente malestar social ante la doble vara del discurso oficialista: Milei insiste con que “la casta” son otros, pero es su propio espacio el que acumula escándalos por favoritismos, contrataciones irregulares, sobreprecios y vínculos entre negocios privados y fondos estatales. La nutrida reacción en X no surgió de la nada; fue la respuesta automática de una sociedad que ya viene viendo un patrón, un hilo conductor que une varios casos en un mismo ecosistema de privilegios internos.

El post de El Disenso del 6 de noviembre aportó el sustento documental: Menem no solo firmó la adjudicación inicial de 694 millones, sino también la prórroga que disparó el total a 1.500 millones. Lo hizo sin convocar a una nueva licitación, de manera directa, consolidando así un favoritismo que difícilmente pueda explicarse bajo criterios de transparencia o eficiencia administrativa. Para colmo, la relación entre Menem y GenTech ya había quedado bajo la lupa por anteriores vínculos comerciales con empresas proveedoras del Estado.

La ola de repercusiones no tardó en crecer. La cuenta @diagonalesweb amplificó el caso publicando que el mejor amigo de Menem se había quedado con mil millones del Estado a través de un esquema similar. Poco después, el mismo medio difundió otro informe en el que estimaban que Menem había obtenido, desde la asunción de Milei, unos 11 mil millones de pesos en contrataciones estatales diversas. La cifra es tan exorbitante que cuesta encontrar antecedentes recientes de funcionarios con semejante nivel de exposición patrimonial vinculada a la obra pública o las compras estatales. Mientras tanto, los defensores del oficialismo en X acusaban a la oposición de “armar carpetazos”. La estrategia discursiva ya es conocida: negar, relativizar, victimizarse y señalar a otros. Pero los datos siguen ahí.

Nada ocurre en el vacío. Este caso se suma a una lista cada vez más extensa de causas que rodean a Menem. Según fuentes judiciales y periodísticas, existen al menos siete investigaciones en curso o en etapa preliminar que involucran montos superiores a los 40 mil millones de pesos. Desde compras directas irregulares en ANDIS por 30 mil millones hasta contrataciones cuestionadas con Tech Security SRL, la empresa familiar vinculada a la seguridad bancaria; desde los 156 millones imputados en OSPRERA hasta los 2.200 millones denunciados en convenios irregulares con PAMI y ANDIS, pasando por las supuestas ganancias de 15 millones de dólares en el llamado “Libra Gate”, las sospechas se acumulan como una nube permanente sobre la figura del presidente de la Cámara.

No es menor que incluso dentro del propio oficialismo riojano hayan surgido críticas internas. Alfredo Menem, primo del diputado, dijo en agosto de 2025 que “en todos los hechos de corrupción del gobierno de Milei están metidos Martín y Lule”, en alusión a Eduardo Menem. Las declaraciones no fueron desmentidas por el entorno libertario, que prefirió desactivar la discusión. Pero el señalamiento de un familiar directo, con un cargo político relevante, demuestra que la percepción de irregularidad no es solo producto de la oposición ni de los medios críticos. El conflicto se expande hacia el interior del propio riñón del poder.

La ausencia de una respuesta oficial, hasta el 14 de noviembre de 2025, refuerza la sensación de impunidad. Ni Menem ni La Libertad Avanza han ofrecido una explicación pública. El silencio institucional se vuelve ensordecedor cuando las acusaciones son tan concretas, los montos tan cuantiosos y los vínculos tan explícitos. Es difícil creer que un gobierno que exige austeridad extrema a jubilados, estudiantes, docentes y trabajadores, que ajusta en salarios y en infraestructura básica, pueda justificar sin pudor una licitación de 1.500 millones a un proveedor íntimamente vinculado al presidente de la Cámara. La contradicción es brutal. Y la sociedad la percibe con claridad.

Lo llamativo es que los grandes medios afines al gobierno, como La Nación y Clarín, han optado por omitir el caso. No le dedicaron espacio, no lo mencionaron, no analizaron su impacto político. La omisión funciona como blindaje, como un pacto tácito entre el poder político y ciertos conglomerados empresariales que ven en Milei un aliado para sus propios intereses regulatorios y económicos. Mientras tanto, sitios como Diagonales y El Disenso, y perfiles de X como @RPN_Oficial, @Clorobles2 y @diagonalesweb, sostienen el seguimiento de estas denuncias que, acumuladas, conforman un mapa de irregularidades que contradice toda la prédica anticasta del presidente.

Este escándalo, más allá de los nombres propios, vuelve a poner de relieve un problema de fondo: la concentración de poder en figuras que operan sin controles reales, amparadas en un gobierno que desprecia los mecanismos de equilibrio institucional. La lógica de “hacer lo que queremos porque ganamos las elecciones” se traduce en decisiones administrativas que violan normativas vigentes, en contrataciones que favorecen a amigos, socios o familiares y en un desprecio absoluto por la transparencia pública. Cuando se gobierna desde el desprecio por el Estado, el resultado es un Estado capturado por intereses personales.

No es casual que la reacción social haya sido tan intensa. La ciudadanía, golpeada por el ajuste, observa con una mezcla de bronca e incredulidad cómo quienes exigen sacrificios se permiten manejar millones con discrecionalidad. La indignación es comprensible: mientras Milei sostiene que no hay plata, los suyos parecen encontrarla sin dificultad en contratos, prórrogas y licitaciones que se firman entre pocas manos. No es exagerado decir que el caso La Bizantina podría convertirse en un símbolo de época, la evidencia más clara de que el discurso libertario choca contra la realidad de sus propios actos.

La trama abierta por esta denuncia aún no tiene final. Dependerá de la presión mediática, de la insistencia de las voces críticas en redes y de la capacidad de la sociedad para exigir que los mecanismos institucionales actúen. Pero lo cierto es que este episodio no surge de la nada: es parte de un patrón consolidado de irregularidades que atraviesa al oficialismo y que, por más esfuerzos que se hagan por minimizarlo, se vuelve cada vez más visible.

El gobierno de Javier Milei prometió dinamitar la corrupción. Hoy, sus propios dirigentes la reproducen. La casta, al final, parece estar más cerca de lo que Milei imaginaba. O quizás, simplemente, nunca estuvo tan lejos.