Cuando el ajuste arrasa con lo esencial
El debate del Presupuesto 2026 no es solo una discusión técnica ni contable. En su articulado aparece el artículo 75, una disposición que propone la derogación de leyes clave: la Emergencia en Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y también los fondos destinados al Hospital Garrahan, uno de los centros de salud pediátrico de mayor complejidad del país.
La sola inclusión de este artículo marca una línea política clara. No se trata de ordenar partidas, sino de desmantelar marcos legales vigentes que garantizan derechos básicos. El financiamiento universitario no es un privilegio corporativo: es una política de Estado que sostiene la educación pública, la investigación científica y la posibilidad de que miles de jóvenes accedan a estudios superiores, especialmente en zonas donde el Estado es la única presencia real.
Aún más alarmante es la intención de derogar la Emergencia en Discapacidad y dejar sin fondos al Garrahan. La emergencia reconoce una realidad concreta: la de personas y familias que dependen de tratamientos, apoyos y prestaciones para vivir con dignidad. Quitar ese marco legal es desconocer la desigualdad estructural existente y dejar libradas a su suerte a quienes ya enfrentan barreras profundas.
El impacto sobre el Hospital Garrahan también despierta preocupación: diversas organizaciones y trabajadores del sector salud alertaron que el presupuesto presentado no contempla partidas legales para las emergencias sancionadas, lo que podría profundizar las dificultades en un centro que atiende diariamente casos de alta complejidad pediátrica.
El artículo 75 no elimina problemas: los profundiza. Traslada el costo del ajuste a quienes menos margen tienen para absorberlo. Las consecuencias no serán abstractas ni lejanas: se traducirán en menos accesibilidad, menos acompañamiento, menos oportunidades y más exclusión.
Por eso, frente a este escenario, la posición es clara. No a la derogación del artículo 75. No al recorte de derechos conquistados. El presupuesto de un país no puede construirse sobre la fragilidad de sus universidades, sobre el abandono de las personas con discapacidad ni sobre el vaciamiento de políticas públicas esenciales de salud.
Defender estos marcos legales no es resistirse al debate: es defender el presente y el futuro de una sociedad que no puede permitirse retroceder en derechos fundamentales.