La CGT desmiente al Gobierno: el Informe del Consejo de Mayo cambió su postura sobre la reforma laboral en un supuesto acuerdo con la UIA
En un escandaloso hallazgo, la CGT desmintió el Informe final del Consejo de Mayo al demostrar, con documentos oficiales del propio Gobierno, que su postura fue tergiversada: lejos de apoyar flexibilizaciones laborales, la central obrera ratificó su rechazo total a la reforma y alertó por vulneraciones a derechos constitucionales.
Gerardo Martínez habló por primera vez tras la presentación del Informe Final del Consejo de Mayo. El dirigente de la construcción que asistió como representante de la CGT desmintió lo que el Gobierno publicó en su web oficial, al detectar que el documento atribuye a la central obrera posiciones que no solo no sostuvo, sino que contradicen de manera directa las que efectivamente presentó en el mismo ámbito. La comparación entre el extracto del informe, ubicado en la página 54, y el documento real que la CGT entregó al Consejo, disponible también en el portal oficial dentro de “Documentos con aportes de consejeros”, evidencia las inconsistencias.
Según el Informe Final, Gerardo Martínez, por la CGT, habría acompañado una propuesta conjunta con la UIA para avanzar hacia “flexibilidades negociadas”, redacción de una nueva Ley de Contrato de Trabajo, redefinición de figuras laborales, ampliación de modalidades de contratación y modificaciones estructurales en indemnizaciones, licencias, sistemas de compensación y beneficios no remunerativos. El texto incluso sostiene que Martínez propuso “revisar integralmente la LCT para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica”, planteamiento que aparece como una supuesta base de consenso entre ambas representaciones.
Sin embargo, la documentación oficial presentada por la CGT en el marco técnico del Consejo (páginas 288 y 289 del archivo «Documentos con aportes de consejeros» publicado por el Gobierno) sostiene exactamente lo contrario. Allí, la central obrera ratifica su rechazo integral a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, reafirma su posición judicial contra los DNU 70/23 y 340/25, y califica el borrador analizado como “fragmentado, regresivo, carente de coherencia técnica y alejado de la realidad productiva y social del país”.
Lejos de acompañar flexibilizaciones, la CGT advierte en el texto que las propuestas incluidas en el proyecto oficial “vulneran la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga”, desconociendo principios de la Organización Internacional del Trabajo. También señala que las modificaciones planteadas “priorizan criterios economicistas”, violan “derechos adquiridos” y avanzan sobre la naturaleza protectoria del derecho del trabajo, además de no ofrecer soluciones reales al empleo informal ni a la emergencia laboral existente.
La central insiste, además, en que cualquier discusión de fondo debe darse en el Congreso, y no mediante decretos o instancias extraparlamentarias, y que un verdadero consenso social solo puede construirse “sobre la base del respeto a los derechos, la dignidad del trabajo y la justicia social, y no en la erosión de conquistas históricas del movimiento obrero argentino”.
La comparación entre ambos documentos, ambos publicados por el propio Gobierno en la misma web, expone una clara tergiversación del planteo sindical en el Informe Final del Consejo de Mayo. Mientras el resumen oficial sugiere una CGT proclive a negociar la flexibilización del marco laboral, el texto auténtico presentado por la central asevera todo lo contrario: la CGT no acompañó ninguna reforma regresiva y reafirmó en todos los términos su oposición a la agenda laboral del Ejecutivo.