Un decreto de Milei permitió que Presti cobre el doble que un almirante
Presti, sueldos de privilegio y un decreto a medida: la grieta que Milei abrió en las Fuerzas Armadas. La reforma impulsada por el Gobierno habilita a militares en actividad a ocupar cargos políticos y cobrar salarios muy superiores a los de la jerarquía máxima, reavivando el fantasma de la politización castrense.
Un decreto firmado por Javier Milei para beneficiar a Carlos Presti profundizó el malestar interno en la Armada, expuso desigualdades salariales inéditas y dejó al descubierto una lógica de poder que erosiona la cadena de mando y la institucionalidad militar.
El vínculo entre Carlos Presti y la Armada atraviesa su peor momento desde que asumió como ministro de Defensa. Puertas adentro de la fuerza, su nombre dejó de ser una referencia neutral para convertirse en sinónimo de privilegio, desconfianza y ruptura. “Presti se volvió una mala palabra”, confiesa sin rodeos un militar en actividad, reflejando un clima interno que ya no se disimula. El malestar no se explica por una sola decisión, sino por una acumulación de gestos y medidas que terminaron de explotar con un decreto firmado por Javier Milei, hecho a la medida del ministro, que reformó la Ley de Personal Militar y habilitó a oficiales en actividad a ocupar cargos políticos sin pasar a disponibilidad.
El punto de partida del conflicto fue el modo en que Presti desembarcó en el Ministerio de Defensa. Según relatan desde la Armada, su llegada se produjo sin aviso previo ni consultas con sus antiguos compañeros de armas. Ese gesto inicial, interpretado como un desplante, dejó heridas abiertas que nunca cicatrizaron. La decepción fue aún mayor en figuras como Carlos Alievi, ex jefe de la Armada, quien pasó de ser un libertario convencido a un crítico feroz del Gobierno. “Siente que hizo todo lo que le pidieron y lo cagaron”, sintetizan quienes conocen de cerca su enojo. El quiebre no fue ideológico, sino personal y político: la sensación de haber sido utilizado y descartado.
Sin embargo, el verdadero detonante fue la reforma legal impulsada desde la Casa Rosada. El decreto no solo permitió que Presti conserve su condición de militar en actividad mientras ejerce un cargo político, sino que abrió la puerta para que otros oficiales sigan el mismo camino. Entre ellos aparece el general de división Jorge Alberto Puebla, quien acompañará a Presti como viceministro al asumir como secretario de Estrategias y Asuntos Militares. Para algunos sectores del Ejército, esta flexibilización fue vista como una ventaja. Para la Armada y la Fuerza Aérea, en cambio, significó una amenaza directa a la neutralidad política que debería regir a las Fuerzas Armadas en democracia.
La crítica central es clara y contundente: cada decreto que firme Presti desde el Ministerio de Defensa estará inevitablemente atravesado por una lógica política, erosionando la idea de unas Fuerzas Armadas profesionalizadas y subordinadas al poder civil, pero no partidizadas. En los pasillos castrenses ya circula una comparación incómoda: Presti podría convertirse en “un nuevo Balza”, en referencia a episodios pasados de fuerte exposición política de jefes militares. El fantasma de la politización, que Argentina intentó exorcizar durante décadas, vuelve a aparecer por decisión directa del Gobierno de Milei.
A ese debate institucional se le sumó un dato explosivo: el salarial. Según denuncian desde la Armada, gracias al decreto a medida, Presti y su círculo más cercano perciben ingresos que rondan los 7 millones de pesos mensuales. En contraste, un almirante o un brigadier, incluso sumando antigüedad, cobra entre 3 y 4 millones. La diferencia no es menor: el ministro de Defensa estaría ganando el doble que la máxima jerarquía de las Fuerzas Armadas. Para muchos oficiales, esto no solo resulta ofensivo, sino directamente corrosivo para la moral interna. “Es demasiado evidente que está laburando para él y su grupo de amigos”, reprochan con bronca.
El problema se agrava porque esa diferencia salarial no sale de una caja abstracta del Estado, sino de los propios recursos de las fuerzas. Es decir, el Ejército termina pagando el plus que cobran quienes dan el salto a la política sin abandonar la actividad militar. En un contexto de ajuste, recortes y discursos oficiales sobre austeridad, el mensaje hacia adentro de los cuarteles es demoledor: hay plata para los de arriba y sacrificio para el resto.
Los ejemplos cotidianos que circulan entre los detractores del decreto grafican el absurdo de la situación. El director de Hidrografía Naval, un contralmirante con tres años de antigüedad, debe pedir autorización a un coronel en actividad para realizar gastos superiores a 20.000 pesos. La escena, casi humillante, resume el clima interno: un almirante solicitando permiso a un oficial de menor rango para decisiones administrativas básicas. “Imaginate lo que es para un naval”, dicen, mezclando indignación y vergüenza ajena.