“Un retroceso”: instituciones advierten por la baja en la edad de imputabilidad
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML) y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresaron este jueves su preocupación por el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil en el Congreso y lamentaron que la iniciativa no se discutiera dentro de un “debate amplio, informado y basado en evidencia”.
Además, señalaron que las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda del Congreso nacional otorgaron dictamen a una propuesta “que se aparta de estándares internacionales y podría implicar un retroceso en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Entre los aspectos más preocupantes del proyecto resaltan la baja de edad de responsabilidad penal a los 14 años, que no se garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, la posibilidad de aplicar una pena máxima de 15 años de prisión a los menores y el alojamiento de adolescentes en sectores ubicados dentro de unidades penitenciarias.
En ese sentido, si bien remarcaron que el sistema vigente necesita reformas, éstas deben realizarse “respetando plenamente los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes”.
Esto implica, entre otras medidas: no reducir la edad de responsabilidad penal; crear un sistema juvenil especializado, distinto del régimen penal de adultos; aplicar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y última ratio y promover medidas no judiciales y enfoques de justicia restaurativa.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.
“Las estadísticas muestran que la participación de adolescentes en delitos es baja, por lo que el problema puede abordarse de forma más eficaz mediante políticas públicas de inclusión y protección de derechos, y no con respuestas predominantemente penales”, detallaron.
Y concluyeron: “Las políticas basadas en aumentar penas y bajar la edad penal dejan de lado alternativas más eficaces que no implican privación de libertad”.