Incertidumbre por la baja del programa “Volver al Trabajo”: organizaciones evalúan medidas y acciones judiciales

La posible baja del programa “Volver al Trabajo” genera preocupación entre beneficiarios y organizaciones sociales, que ya analizan medidas de acción y alternativas legales para sostenerlo. Según informaron referentes del sector, el último pago se realizaría en abril, aunque no descartan que el impacto real se extienda hasta mayo debido al esquema de cobro atrasado.
Cecilia Rosas, coordinadora provincial de la Corriente Clasista y Combativa San Juan, explicó que “en teoría el Ministerio informó que el 5 de abril sería el último pago, pero como nosotros cobramos a mes vencido, para muchos compañeros esto se vería reflejado recién en mayo”.
La incertidumbre se mantiene, ya que desde Nación no hubo una comunicación definitiva que confirme cómo se implementará la finalización del programa. “No podemos asegurar nada porque siempre surgen cambios. Estamos en contacto con compañeros de Buenos Aires que siguen más de cerca la situación, pero la intención del Gobierno es dar de baja el programa”, señaló.
Frente a este escenario, a nivel nacional ya se evalúan estrategias para intentar frenar la medida. Entre ellas, la presentación de un amparo judicial, pedidos de prórroga y la elaboración de proyectos para ser tratados en el Congreso. “La idea es sostener el programa por la vía legislativa o judicial, para que no desaparezca directamente”, indicó Cecilia.
En San Juan, las organizaciones aún no se reunieron formalmente, aunque ya tienen previsto un encuentro para el martes próximo. Participarán distintos espacios que trabajan tanto con el programa “Volver al Trabajo” como con el de Acompañamiento Social, ante el temor de que también pueda sufrir modificaciones.
Sobre este último, las versiones indican que continuaría vigente para sectores específicos. “En teoría, las personas mayores de 50 años y las madres con más de cuatro hijos seguirían percibiéndolo, como una especie de ayuda más estable”, explicó.
Otro punto de preocupación es el sistema de capacitaciones vinculado a vouchers. Según lo que trascendió, el pago no sería para los beneficiarios, sino para quienes dictan los cursos. “El problema es que muchos compañeros no tienen recursos ni para trasladarse o conectarse. Sin un ingreso, es muy difícil sostener una capacitación”, advirtió.
En paralelo, las organizaciones buscan unificar criterios y avanzar en medidas conjuntas. “Está todo muy desorganizado, cada grupo por su lado. Pero estamos tratando de coordinar para tener una respuesta común”, expresó.
Además, ya se anunció una jornada de lucha a nivel nacional para el próximo 7, donde el eje central será el rechazo a la eliminación del programa y la exigencia de continuidad laboral para los beneficiarios.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre quienes dependen de estos ingresos, a la espera de definiciones concretas por parte del Gobierno nacional.