El costo oculto del megaproyecto Vicuña: ¿Desarrollo para quién? La energía de San Juan, ¿al servicio de quién?
La aprobación de la obra eléctrica que permitirá avanzar al megaproyecto Vicuña fue presentada por el Gobierno nacional como un hito para la minería argentina. Miles de millones de dólares en inversiones, miles de puestos de trabajo y un futuro prometedor son parte del discurso oficial. Sin embargo, detrás de los anuncios queda una pregunta que San Juan tiene derecho a hacerse: ¿qué recibe realmente la provincia a cambio de entregar recursos estratégicos y beneficios extraordinarios?
La Resolución 330/2026 del ENReGE no sólo habilita la infraestructura eléctrica que necesitaba el proyecto, sino que además le otorga prioridad sobre gran parte de la capacidad de transporte de energía durante 25 años, una decisión que fue objetada por el propio EPRE de San Juan y por otros actores durante el proceso administrativo. Finalmente, esos planteos fueron rechazados por el organismo nacional.
La discusión no pasa por estar a favor o en contra de la minería. San Juan vive de esa actividad desde hace décadas y nadie desconoce su importancia económica. Lo que debe debatirse es bajo qué condiciones se explotan los recursos naturales y cuánto obtiene la provincia propietaria de esos recursos.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para atraer capitales. Sus defensores sostienen que sin esas condiciones inversiones de esta magnitud nunca llegarían al país. Sus críticos, en cambio, advierten que el Estado termina resignando herramientas de recaudación y de negociación durante décadas.
En San Juan existe otro interrogante que no puede ignorarse. Durante veinte años los sanjuaninos financiaron, mediante tarifas e inversiones públicas, gran parte de la infraestructura eléctrica provincial. Por eso resulta legítimo preguntarse si una parte tan significativa de la capacidad del sistema debe quedar comprometida durante un cuarto de siglo para un único emprendimiento, aun cuando la empresa financie las obras de ampliación necesarias. El debate no es técnico solamente; también es político y estratégico.
También corresponde preguntarse por el derrame económico real. La experiencia demuestra que las promesas de empleo suelen concentrarse durante la etapa de construcción y que buena parte de los proveedores especializados llegan desde otras provincias o del exterior. El verdadero desafío sigue siendo desarrollar proveedores locales, agregar valor en San Juan y generar una economía que permanezca cuando la mina cierre.
Los recursos minerales pertenecen constitucionalmente a las provincias. Por eso, cada autorización que compromete infraestructura estratégica debería venir acompañada de mayores garantías para los sanjuaninos: más participación de empresas locales, mayor contratación de mano de obra provincial, inversiones permanentes en infraestructura pública y mecanismos claros que aseguren beneficios concretos para las comunidades.
Las grandes inversiones son bienvenidas cuando generan desarrollo compartido. Pero cuando el Estado parece dispuesto a conceder cada vez más mientras la sociedad recibe cada vez menos certezas, el entusiasmo deja lugar a la preocupación.
San Juan necesita minería. Lo que no necesita es conformarse con ser únicamente el territorio donde se extraen los recursos mientras las principales ventajas económicas quedan en manos de otros. Porque el verdadero progreso no se mide por el tamaño de una inversión anunciada, sino por la riqueza que efectivamente permanece en la provincia que hace posible ese desarrollo.