300 días sin cumplir la ley

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, gremios docentes y nodocente y la federación universitaria local convergieron en razones para un nuevo reclamo ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria por parte del Gobierno nacional.

El salón del tercer piso del Edificio Central de la Universidad Nacional de San Juan fue en la mañana de este miércoles 19 de agosto lugar de expresión conjunta en reclamo ante el desfinanciamiento que sufre el sistema universitario. Autoridades de esta Universidad pública, con el rector Tadeo Berenguer y la vicerrectora Andrea Leceta a la cabeza, sindicatos de docentes y nodocentes más la Federación Universitaria de San Juan manifestaron preocupación ante los 300 días sin cumplir la Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales por parte del Gobierno nacional. La nueva demanda en la UNSJ, a tono con las actividades a nivel nacional del frente político universitario, no sólo se basa en la necesidad de actualización de salarios docentes y nodocentes, sino en la falta de envío de fondos actualizados para gastos de funcionamiento y becas.

En conferencia de prensa, el pedido compartido se centró una vez más, en consonancia con lo ya dictaminado por la Corte de Justicia de la Nación respecto de acatar la norma, en que el Gobierno nacional debe poner en práctica lo establecido por los artículos 5 y 6 de aquella Ley 27.795. El Artículo 5 ordena al Ejecutivo la convocatoria a paritaria nacional y la actualización de los salarios de docentes y nodocentes entre el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley (octubre de 2025). El Artículo 6 dispone la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles.

“Demandas que han sido ignoradas”

“Estamos todos acá refrescando esta idea para que la comunidad sanjuanina sepa de la problemática. Es inaudito que ya va a cumplirse un año de una demanda con tres instancias judiciales que han sido ignoradas por este Gobierno nacional. El objetivo del sistema universitario pleno es hacer entender a los poderes Ejecutivo y Judicial que deben hacer cumplir lo que decidió el Congreso Nacional”, dijo en la apertura de la conferencia el rector Tadeo Berenguer.

“Sumar la inflación de junio, julio y agosto”

“El desfasaje salarial tuvo un principio de recomposición con una paritaria que se debía convocar para el 15 de septiembre. Pero luego vino la resolución de la Corte Suprema para que el Gobierno cumpla inmediatamente la convocatoria a paritarias y la recomposición salarial. Lo que hemos logrado con la visibilización del conflicto es que se convoque a paritarias para el 1 de septiembre, pero entendemos que debe ser antes, debe ser ya. Por recomposición a nuestro salario se le debe un 30 por ciento, por el incumplimiento de la Ley, pero tenemos que sumarle ahora la inflación de junio, julio y agosto, lo que da un 40 por ciento de desfasaje salarial”, apuntó a su turno Jaime Barcelona, secretario General del gremio docente ADICUS.

“No hay un derecho constitucional por encima de otro”

“La Corte le exige al Gobierno que aplique el Artículo 5, de actualización salarial de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor acumulado desde diciembre de 2023, con lo cual los aumentos que ha ido dando el Gobierno, incluyendo las actualizaciones de julio, queda en descalce respecto de la realidad. El Gobierno acordó otros financiamientos que no ha cumplido, que fue el incremento del 20 por ciento de los gastos de funcionamiento para el sistema universitario. Nunca se dio desde la recuperación de la democracia en 1983 en la Argentina que un gobierno, sea del color que fuera, desobedezca una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el Gobierno no cumple la ley, las medidas de fuerza van a ser progresivas. Ya tenemos definidas para la semana que viene 48 horas de paro. El Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de articular los derechos constitucionales, no hay un derecho constitucional por encima de otro. Si bien la educación es un derecho constitucional, el derecho al empleo y al salario también lo es y el derecho a huelga, también lo es”, remarcó Daniel Durán, secretario General del gremio nodocente APUNSJ.

“No hay política en favor de los estudiantes”

«No hay ninguna política en favor de los estudiantes. En realidad, con esa acta de la que hablan los compañeros, tan sólo las becas Manuel Belgrano tuvieron un incremento del 50 por ciento. Son becas destinadas a carreras específicas, carreras técnicas. Nosotros celebramos eso. Sin embargo, estas becas llegan solo a un grupo de estudiantes de nuestra universidad y del sistema universitario. Las becas Progresar fueron incrementadas en 2024 pero están congeladas solo en 35 mil pesos. ¿Qué podemos hacer los estudiantes con 35 mil pesos al mes? También hay que hablar del recorte que sufrieron las becas estudiantiles: de un millón 800 mil becas, quedaron tan sólo 600 mil becas para los estudiantes argentinos”, se lamentó Gonzalo Leyes, presidente de la Federación Universitaria de San Juan.

“Prioridades en intereses que no son el bien común”

“Usualmente se dice que gobernar es establecer prioridades. Quienes no votamos a este gobierno entendíamos desde el principio qué significaba la motosierra. Y llevamos dos años y medio sufriendo, particularmente la universidad, la educación en general, los jubilados y los trabajadores, las consecuencias nefastas de esta motosierra. Quien gobierna no solamente no está cumpliendo la ley, sino que hay un ataque muy flagrante a la universidad pública. nunca ha sido tan claro cuáles son las prioridades de un gobierno. Estas prioridades tienen que ver con intereses que no son el bien común. Se ha visto desde la ley ómnibus hasta la ley de tierras”, sostuvo Iván Martínez, vocal de la Comisión Directiva del gremio docente SIDUNSJ.

«Desfinanciaron el pensamiento crítico y reflexivo»

“El no cumplimiento de la Ley de Financiamiento ataca tanto a los salarios docentes, nodocentes y los beneficios que ofrecen las universidades públicas. Por eso, a los jóvenes, que son los futuros egresados; a los papás, que comprendan el mensaje. Porque son sus hijos quienes van a ejercer los trabajos en el país. Desfinanciaron la educación y la tecnología, pero sobre todo desfinanciaron el pensamiento crítico y reflexivo. Los impuestos y servicios incrementaron un 600 por ciento, mientras que a los salarios se les debe un 40 por ciento”, refirió la secretaria General del gremio docente UDAD, Karina Navarro.