La Justicia le puso plazo al Gobierno para cumplir con el financiamiento universitario
La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para avanzar con las medidas establecidas en una cautelar que permanece vigente. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, advirtió además que, en caso de persistir el incumplimiento, podría aplicar multas económicas por cada día de demora.
La resolución se vincula con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos de actualización para los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El magistrado consideró que la medida cautelar continúa vigente y que el Estado nacional no acreditó un cumplimiento total de lo dispuesto. Por ese motivo, intimó al Poder Ejecutivo a ejecutar las medidas pendientes dentro de un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.
Un conflicto que continúa en los tribunales
La disputa por el financiamiento universitario viene desarrollándose desde 2025. La cautelar original fue dictada por Cormick en diciembre de ese año, a partir de una acción impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales. Posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida.
El Gobierno había intentado dejar sin efecto la cautelar, pero el 1 de septiembre el juez rechazó ese pedido y mantuvo vigente la obligación de avanzar con el cumplimiento de la normativa.
En junio, el Estado nacional, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes habían firmado un acuerdo que contemplaba, entre otros puntos, un incremento de la masa salarial, una suba en los gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas. Sin embargo, el conflicto judicial continuó porque las universidades plantearon que el acuerdo no cubría integralmente las obligaciones previstas por la ley.
La nueva intimación vuelve a colocar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el centro de la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo fijado, el juez dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones económicas diarias.