Presupuesto 2027: Educación con suba nominal pero atada a una inflación difícil de cumplir

Si bien el proyecto de Presupuesto 2027 coloca a la Educación dentro de las funciones del Estado que exhiben aumentos nominales de sus partidas, vuelve a quedar en discusión el nivel de recorte real frente a una inflación que no cumple con las previsiones oficiales, tal como sucedió en los últimos años. La función Educación y Cultura pasaría de una asignación de 8.802.864,7 millones de pesos en 2026 a 11.196.743,4 millones el próximo año, lo que representa una suba del 27,2 por ciento en términos nominales y equivale al 5,5 por ciento del gasto presupuestado de la Administración Nacional. El problema es que la propia estimación oficial contempla una inflación promedio de 21,1 por ciento durante 2027, por lo que el margen de recomposición real del gasto educativo es bastante menor al que surge de comparar el aumento presupuestario con el 18 por ciento de inflación de diciembre (medida punta a punta). .

La experiencia de 2026 recuerda el recorte encubierto en las pésimas proyecciones realizadas en la ley de leyes. El Presupuesto vigente había sido construido con una inflación de 10,1 por ciento para este año, una hipótesis que ya había sido señalada como particularmente baja frente al ritmo que mostraban los precios. El proyecto de Presupuesto 2027 vuelve a mostrar una dinámica que ya se observó en el armado de las cuentas públicas de 2026: el Gobierno presenta incrementos nominales para educación que, al ser contrastados con una pauta de inflación particularmente exigente, aparecen como mejoras reales, aunque el resultado efectivo dependerá de que la inflación proyectada se cumpla.

En números fríos, el incremento supera la inflación de 18 por ciento interanual que el Gobierno incorporó como supuesto para diciembre de 2027 y permitiría mostrar una recomposición real de los recursos destinados al área. Sin embargo, el propio esquema macroeconómico del proyecto contiene otro dato que modifica esa lectura: la inflación promedio prevista para todo el año alcanza el 21,1 por ciento. Con esa referencia, el aumento real implícito de la función educativa se reduce de manera considerable, porque el incremento de los créditos debe compararse con la evolución de los precios que enfrentará el Estado durante el ejercicio y no solamente con el índice previsto para el cierre del año.

La diferencia no es menor porque la experiencia del Presupuesto 2026 mostró hasta qué punto una pauta de inflación demasiado baja puede transformar un incremento nominal en un ajuste efectivo durante la ejecución. Para este año, el proyecto original había calculado una inflación interanual de 10,1 por ciento. El propio Gobierno había presentado entonces los aumentos de distintas partidas sociales como mejoras reales, pero distintos análisis advirtieron que el cumplimiento de esos incrementos dependía de que la inflación se comportara según esa proyección. Este medio ya había señalado en septiembre de 2025 que una pauta de precios de 10,1 por ciento, en un contexto en el que el IPC avanzaba a un ritmo cercano al 2 por ciento mensual, podía terminar generando una pérdida real en aquellas partidas cuyo incremento estuviera construido sobre ese supuesto.

La cuestión vuelve a aparecer ahora con el Presupuesto 2027, aunque con una diferencia respecto del año anterior. La inflación proyectada por el Gobierno es mayor, pero también lo es el aumento nominal de la función educativa. Si se toma exclusivamente la inflación interanual de diciembre, el incremento de 27,2 por ciento permitiría una mejora real cercana al 7,8 por ciento. Si, en cambio, se utiliza la inflación promedio anual de 21,1 por ciento que figura en las proyecciones oficiales, el crecimiento real del crédito educativo sería de alrededor de 5 por ciento. Pero cabe recordar que los aumentos salariales corresponden a recomposición de ingresos y toman en cuenta inflación pasada y futura.

El punto de mayor tensión aparece cuando se incorpora la posibilidad de que la inflación efectiva vuelva a superar la estimación oficial. Una inflación anual superior al 27,2 por ciento dejaría sin crecimiento real a la función Educación y Cultura respecto del crédito nominal de 2026, mientras que una inflación ubicada entre el 21,1 por ciento promedio previsto y ese 27,2 por ciento reduciría progresivamente la recomposición real prevista por el proyecto. De este modo, la discusión sobre el presupuesto educativo no pasa solamente por cuánto dinero aparece escrito en las planillas, sino por cuál será el poder de compra efectivo de esos recursos durante 2027 perdidos en los tres años de administración libertaria.

Siempre debajo de las necesidades
El proyecto establece además, en su artículo 12, un crédito de 7.349.082.049.312 pesos para financiar gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. La cifra debe ser analizada en el contexto de las necesidades que las propias casas de estudio vienen planteando para sostener sus actividades y atender los aumentos de costos acumulados durante los últimos años. El Consejo Interuniversitario Nacional calculó para 2027 un núcleo presupuestario de aproximadamente 11,005 billones de pesos para sostener el funcionamiento del sistema universitario público nacional.

La diferencia entre ese cálculo y el crédito de 7,35 billones de pesos establecido en el artículo 12 del proyecto permite observar que el debate universitario no se limita a determinar si la partida aumenta o disminuye frente al año anterior. También involucra qué nivel de actividad universitaria se pretende sostener, qué salarios se pueden financiar, qué inversiones quedan disponibles y qué capacidad tendrán las instituciones para afrontar los costos de funcionamiento.

La discusión se produce, además, después de un período de fuerte deterioro de los recursos universitarios medidos en términos reales. Según los datos aportados por el informe citado en el material de base, el presupuesto de las universidades nacionales proyectado para 2026 mostraba una caída real del 33,8 por ciento frente a lo efectivamente ejecutado en 2023. La comparación es relevante porque un aumento nominal para 2027 no necesariamente implica recuperar los recursos perdidos durante los ejercicios anteriores.

En ese contexto, rectores y gremios universitarios volvieron a colocar el financiamiento de las universidades en el centro de la discusión presupuestaria. Los representantes de las casas de estudio concurrirían al Congreso para presentar sus necesidades de cara al debate del Presupuesto 2027, en paralelo con la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para octubre.