Ilegal: Milei avanza hacia el Estado militarizado al autorizar a las FFAA a detener civiles en la frontera

El Gobierno de Javier Milei firmó, en secreto, una resolución que habilita a los militares a intervenir sobre civiles, violando abiertamente la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.

La reciente autorización para que las Fuerzas Armadas detengan civiles en la frontera norte desnuda un peligroso giro autoritario del gobierno de Javier Milei. La medida, desconocida hasta ahora, no solo viola el marco legal vigente sino que instala la amenaza concreta de un Estado de excepción encubierto. El silencio oficial y la complicidad mediática agravan aún más una decisión que erosiona la democracia.

En un movimiento clandestino, propio de las peores prácticas de gobiernos autoritarios, el gobierno de Javier Milei autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte del país, según revelaron fuentes de Página/12 y Tiempo Argentino. La medida, tomada bajo una resolución reservada del Ministerio de Defensa, no fue anunciada públicamente ni publicada en el Boletín Oficial, y constituye una violación flagrante de la Ley de Defensa Nacional (N° 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (N° 24.059), que expresamente prohíben la participación militar en tareas de seguridad interna.

El escándalo, destapado en redes sociales a partir de publicaciones de abogados de derechos humanos y referentes como Myriam Bregman y Horacio Pietragalla, expone la peligrosa deriva militarista de un gobierno que, incapaz de gobernar con legitimidad social, recurre cada vez más a mecanismos represivos para garantizar su programa de ajuste, entrega y saqueo.

La resolución, que delega en el Ejército la potestad de intervenir directamente en zonas de frontera para “neutralizar amenazas”, permite la detención de personas sin orden judicial, sin el debido proceso y en abierta violación de las garantías constitucionales. «Si un militar detiene a un civil, está cometiendo un delito grave. No solo viola los tratados internacionales de derechos humanos sino que incurre en privación ilegítima de la libertad, un delito penal», explicó en AM750 el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La maniobra de Milei recuerda a los peores momentos del país, donde las fuerzas armadas actuaban como un poder autónomo por encima de la ley, persiguiendo enemigos internos definidos arbitrariamente por el poder político. La justificación esgrimida desde el Ministerio de Defensa, que habla de «amenazas transnacionales», resulta tan vaga como peligrosa: habilita una represión sin límites, donde el «enemigo» puede ser cualquier ciudadano, cualquier organización social, cualquier disidencia.

Desde Página/12, Raúl Kollmann subrayó que la frontera norte, históricamente señalada como un corredor de narcotráfico, ha sido utilizada como excusa en distintos gobiernos para militarizar zonas pobres y vulnerables, sin atacar nunca las verdaderas estructuras del crimen organizado, que operan en complicidad con sectores del poder económico y político. «Se apunta al eslabón más débil: los pobladores fronterizos, los trabajadores precarizados, los pueblos originarios», denunció el periodista.

La decisión secreta de Milei no es un hecho aislado. Se inscribe en una lógica de creciente criminalización de la protesta social, como quedó demostrado en el tratamiento de la ley ómnibus, en los protocolos de “antipiquetes” de Patricia Bullrich y en la persecución a docentes, sindicalistas y periodistas críticos. El objetivo es claro: instalar un Estado policial que garantice, a fuerza de represión, un modelo económico basado en la exclusión, el hambre y la destrucción de derechos.

Desde la oposición, dirigentes como Germán Martínez (UxP) y diputados del Frente de Izquierda solicitaron la inmediata derogación de la medida y advirtieron que de persistir, impulsarán acciones judiciales nacionales e internacionales. «La democracia argentina no tolerará una nueva Doctrina de Seguridad Nacional disfrazada de ‘control de fronteras’. No vamos a permitirlo», aseguró Martínez en declaraciones a El Destape.

El silencio de los grandes medios hegemónicos frente a este escándalo resulta tan alarmante como la propia decisión gubernamental. Salvo honrosas excepciones como Tiempo Argentino o El Destape, la noticia fue prácticamente ignorada por Clarín, La Nación y TN, confirmando una vez más su rol como socios activos del proyecto de ajuste y represión.

El escenario que se perfila es de extrema gravedad. Permitir que militares detengan civiles no solo viola las leyes sino que instala la lógica de la excepción permanente, donde la democracia formal queda vaciada de contenido. El gobierno de Milei avanza hacia un modelo de control autoritario, donde los derechos son letra muerta y la represión es la única respuesta frente al descontento social creciente.

Mientras los argentinos lidian con salarios pulverizados, tarifas impagables y despidos masivos, el presidente se blinda detrás de las botas militares, temeroso de un pueblo que empieza a perder el miedo. Pero, como enseña la historia reciente, ningún proyecto basado en la violencia y el desprecio por los derechos humanos puede sostenerse en el tiempo sin provocar una profunda crisis política e institucional.

La democracia no puede ser compatible con la represión militarizada. Cada minuto que pase sin que esta resolución sea derogada será un paso más hacia un abismo del que no será fácil regresar. Argentina ya pagó un precio demasiado alto por permitir que los militares asuman roles que no les corresponden. No hay excusas posibles. No hay justificaciones aceptables. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la oposición tienen la obligación histórica de frenar este nuevo atropello antes de que sea demasiado tarde.

ita a los militares a intervenir sobre civiles, violando abiertamente la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior.

La reciente autorización para que las Fuerzas Armadas detengan civiles en la frontera norte desnuda un peligroso giro autoritario del gobierno de Javier Milei. La medida, desconocida hasta ahora, no solo viola el marco legal vigente sino que instala la amenaza concreta de un Estado de excepción encubierto. El silencio oficial y la complicidad mediática agravan aún más una decisión que erosiona la democracia.

Cuerpo:
En un movimiento clandestino, propio de las peores prácticas de gobiernos autoritarios, el gobierno de Javier Milei autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en la frontera norte del país, según revelaron fuentes de Página/12 y Tiempo Argentino. La medida, tomada bajo una resolución reservada del Ministerio de Defensa, no fue anunciada públicamente ni publicada en el Boletín Oficial, y constituye una violación flagrante de la Ley de Defensa Nacional (N° 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (N° 24.059), que expresamente prohíben la participación militar en tareas de seguridad interna.

El escándalo, destapado en redes sociales a partir de publicaciones de abogados de derechos humanos y referentes como Myriam Bregman y Horacio Pietragalla, expone la peligrosa deriva militarista de un gobierno que, incapaz de gobernar con legitimidad social, recurre cada vez más a mecanismos represivos para garantizar su programa de ajuste, entrega y saqueo.

La resolución, que delega en el Ejército la potestad de intervenir directamente en zonas de frontera para “neutralizar amenazas”, permite la detención de personas sin orden judicial, sin el debido proceso y en abierta violación de las garantías constitucionales. «Si un militar detiene a un civil, está cometiendo un delito grave. No solo viola los tratados internacionales de derechos humanos sino que incurre en privación ilegítima de la libertad, un delito penal», explicó en AM750 el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La maniobra de Milei recuerda a los peores momentos del país, donde las fuerzas armadas actuaban como un poder autónomo por encima de la ley, persiguiendo enemigos internos definidos arbitrariamente por el poder político. La justificación esgrimida desde el Ministerio de Defensa, que habla de «amenazas transnacionales», resulta tan vaga como peligrosa: habilita una represión sin límites, donde el «enemigo» puede ser cualquier ciudadano, cualquier organización social, cualquier disidencia.

Desde Página/12, Raúl Kollmann subrayó que la frontera norte, históricamente señalada como un corredor de narcotráfico, ha sido utilizada como excusa en distintos gobiernos para militarizar zonas pobres y vulnerables, sin atacar nunca las verdaderas estructuras del crimen organizado, que operan en complicidad con sectores del poder económico y político. «Se apunta al eslabón más débil: los pobladores fronterizos, los trabajadores precarizados, los pueblos originarios», denunció el periodista.

La decisión secreta de Milei no es un hecho aislado. Se inscribe en una lógica de creciente criminalización de la protesta social, como quedó demostrado en el tratamiento de la ley ómnibus, en los protocolos de “antipiquetes” de Patricia Bullrich y en la persecución a docentes, sindicalistas y periodistas críticos. El objetivo es claro: instalar un Estado policial que garantice, a fuerza de represión, un modelo económico basado en la exclusión, el hambre y la destrucción de derechos.

Desde la oposición, dirigentes como Germán Martínez (UxP) y diputados del Frente de Izquierda solicitaron la inmediata derogación de la medida y advirtieron que de persistir, impulsarán acciones judiciales nacionales e internacionales. «La democracia argentina no tolerará una nueva Doctrina de Seguridad Nacional disfrazada de ‘control de fronteras’. No vamos a permitirlo», aseguró Martínez en declaraciones a El Destape.

El silencio de los grandes medios hegemónicos frente a este escándalo resulta tan alarmante como la propia decisión gubernamental. Salvo honrosas excepciones como Tiempo Argentino o El Destape, la noticia fue prácticamente ignorada por Clarín, La Nación y TN, confirmando una vez más su rol como socios activos del proyecto de ajuste y represión.

El escenario que se perfila es de extrema gravedad. Permitir que militares detengan civiles no solo viola las leyes sino que instala la lógica de la excepción permanente, donde la democracia formal queda vaciada de contenido. El gobierno de Milei avanza hacia un modelo de control autoritario, donde los derechos son letra muerta y la represión es la única respuesta frente al descontento social creciente.

Mientras los argentinos lidian con salarios pulverizados, tarifas impagables y despidos masivos, el presidente se blinda detrás de las botas militares, temeroso de un pueblo que empieza a perder el miedo. Pero, como enseña la historia reciente, ningún proyecto basado en la violencia y el desprecio por los derechos humanos puede sostenerse en el tiempo sin provocar una profunda crisis política e institucional.

La democracia no puede ser compatible con la represión militarizada. Cada minuto que pase sin que esta resolución sea derogada será un paso más hacia un abismo del que no será fácil regresar. Argentina ya pagó un precio demasiado alto por permitir que los militares asuman roles que no les corresponden. No hay excusas posibles. No hay justificaciones aceptables. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la oposición tienen la obligación histórica de frenar este nuevo atropello antes de que sea demasiado tarde.