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«Ley de Glaciares en debate: el Gobierno impulsa cambios y San Juan observa con preocupación»

El debate actual gira en torno a si es viable redefinir por decreto una ley aprobada por el Congreso—y ya convalidada por la Corte Suprema—para permitir actividad extractiva sobre áreas protegidas. San Juan está en el centro del conflicto: con cientos de glaciares afectados, sectores económicos presionan por seguridad jurídica, mientras los científicos y ambientalistas alertan sobre riesgos hídricos y climáticos.

Contexto nacional

En junio de 2025, el gobierno de Javier Milei anunció que planea modificar por decreto la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para protección de glaciares y ambiente periglaciar. Esto incluiría redefinir términos clave como ambiente periglacial para permitir la explotación minera, hidrocarburífera e infraestructura en zonas que hoy están protegidas .

Desde organizaciones como Greenpeace, Tierra Viva y Nota al Pie advierten que un decreto permitiría eludir el debate parlamentario, debilitando la protección de áreas sensibles, afectando cuencas de agua, biodiversidad y acuerdos ambientales internacionales .

Impacto en San Juan

San Juan cuenta con 825 glaciares, cubriendo más de 98.000 ha según el último inventario del IANIGLA de enero 2025 .

La Cámara Minera local, representada por Ricardo Martínez, diferencia entre modificar la ley (lo que dicen que no es posible vía decreto) y reglamentarla, postulando que harían falta definiciones técnicas claras para operar fuera de zonas con aporte hídrico .

Expertos locales como Silvio Pastore advierten que un decreto no puede modificar la ley, aunque otros legisladores indican que podría aplicarse «mientras lo aprueba el Congreso» .

Peligros y preocupaciones ambientales

La OMM y la UNESCO declararon 2025 como Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. En 2023 se registró la mayor pérdida de masa glaciar en 50 años .

La región andina, incluyendo San Juan, muestra retrocesos acelerados: se calcula que los glaciares andinos podrían perder más del 80 % de su masa para 2100; Agua Negra ya perdió el 14 % en la última década .

Reducir la protección del ambiente periglacial implica un riesgo directo sobre las reservas de agua dulce, la calidad del recurso, y mayor vulnerabilidad ante sequías, inundaciones y contaminación .

¿Qué sigue?

  1. El decreto detallado aún no fue publicado oficialmente; las definiciones concretas y su alcance están pendientes .
  2. Si el decreto sale, se abriría un periodo de aplicación automática, mientras su validez sea discutida/convalidada por el Congreso .
  3. Las organizaciones ambientalistas y muchos sectores sociales impulsan un llamado a no debilitar la ley, pidiendo que en su lugar se reglamente con precisión técnica las zonas realmente sin aporte hídrico .