Nueva jornada federal de lucha: La comunidad universitaria vuelve a las calles a enfrentar al brutal ajuste del gobierno de Milei

Docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de todo el país protagonizan una nueva protesta este 26 de junio. Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional exige una Ley de Financiamiento Universitario, el presidente Milei ya anticipó que volverá a vetarla. En este contexto, sindicatos como AGD-UBA advierten que sin un plan de lucha sostenido, el modelo universitario argentino corre serio riesgo de desaparecer.

“No es un conflicto sectorial, es un conflicto civilizatorio”, dijo una vez un académico parafraseando a Walter Benjamin. La frase resuena con fuerza cuando se observa el abismo al que el gobierno de Javier Milei está empujando a las universidades públicas. Este 26 de junio, una nueva jornada federal de lucha toma forma en todo el país, con paro docente por 48 horas y marchas convocadas por sindicatos, estudiantes y autoridades universitarias que ven cómo el sistema educativo argentino se desangra en silencio.

Desde la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores de las 61 universidades nacionales junto con los sindicatos Conadu, Conadu Histórica y diversas agrupaciones estudiantiles, lanzaron un grito de alerta que ya no puede ser ignorado: o se aprueba urgentemente una ley de financiamiento, o el sistema universitario nacional comenzará a colapsar por inanición.

La gravedad de la situación es palpable. “Llevamos una pérdida de 45 puntos frente a la inflación desde que asumió este gobierno”, denuncia Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA. El ajuste es salvaje, sin anestesia: contratos no renovados, despidos encubiertos, salarios que ya no alcanzan ni para el alquiler. La figura del docente universitario como investigador, como faro intelectual de una sociedad, está siendo arrastrada hacia la pobreza con una naturalidad escalofriante.

Y lo más alarmante: esto no es un accidente, es un plan.

El presidente Javier Milei no oculta su desprecio por el conocimiento crítico ni por la universidad como herramienta de movilidad social. Tras la multitudinaria marcha universitaria de abril, vetó sin titubear la ley de presupuesto universitario aprobada por el Congreso. Y ahora, ante un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario presentado el 28 de mayo, ya anticipó que hará exactamente lo mismo. La voluntad del pueblo, expresada en el Congreso o en las calles, parece no tener ningún peso para el Ejecutivo cuando se trata de defender intereses públicos.

En la Ciudad de Buenos Aires, este 26 de junio se organizarán dos acciones centrales que buscan poner el cuerpo frente al vaciamiento: un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas por la mañana, y una marcha de antorchas desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno por la tarde. Pero no es una protesta de la UBA: participan universidades del conurbano, trabajadores, docentes y estudiantes de todo el país. Una resistencia federal que sigue creciendo frente a una ofensiva que también es nacional.

Oscar Alpa, presidente del CIN, lo expresó con claridad: “Si esto no se modifica, tendremos dificultades reales para seguir funcionando”. Y no exagera. Las becas están congeladas, las obras están paralizadas, el financiamiento científico está virtualmente desaparecido. Lo que está en juego no es un presupuesto: es la continuidad de un sistema educativo que ha sido orgullo nacional y modelo para América Latina.

Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, insistió en la campaña por el millón de firmas para exigir al Congreso el tratamiento urgente de la ley. “En cada ciudad donde haya una universidad pública, habrá actividades para defenderla”, afirmó. La estrategia es clara: presionar con la fuerza de la sociedad civil para que los legisladores otorguen quórum el 2 de julio. Pero esa fecha, si no viene acompañada de una movilización sostenida, corre el riesgo de convertirse en otra frustración.

Y esa es precisamente la advertencia que lanza Celotto desde el gremio AGD-UBA: “Ya lo vivimos. El año pasado también pusimos esperanzas en el Congreso, y Milei vetó. Esta vez, sin un plan de lucha fuerte, sistemático y progresivo, tampoco va a haber respuestas”. En otras palabras: si el plan es parlamentar sin presionar, el resultado será otro golpe al sistema universitario.

El cinismo presidencial —que se jacta de destruir “el Estado presente”— encuentra su máxima expresión en este conflicto. Mientras el salario docente universitario se licua, mientras los estudiantes pierden acceso a recursos básicos y la ciencia argentina se queda sin presupuesto, el gobierno habla de “libertad” con una liviandad que roza la obscenidad.

Los argumentos oficiales, cuando existen, giran en torno a la “eficiencia del gasto”, a combatir el “adoctrinamiento” o a “reordenar las prioridades”. Pero esas excusas se disuelven rápidamente cuando se observa que el ajuste no es parejo: se premia a las fuerzas represivas con aumentos, se otorgan beneficios a sectores financieros, y se subejecuta el presupuesto educativo mientras se avanza en el desmantelamiento del CONICET y la expulsión encubierta de miles de investigadores al exterior.

¿Hasta cuándo soportará la comunidad universitaria esta asfixia? La respuesta empieza a delinearse en las calles. El 26 de junio es una nueva parada, no un final. Cada abrazo simbólico, cada antorcha levantada, es también una advertencia: el proyecto de Milei necesita universidades sin docentes, sin presupuesto, sin pensamiento crítico. Y quienes defendemos lo contrario, quienes entendemos que la universidad pública no es un gasto sino una inversión en dignidad, no estamos dispuestos a rendirnos sin pelear.

En definitiva, el dilema ya no puede postergarse más. La disyuntiva que plantea Celotto no es retórica: es Milei o la universidad pública. El tiempo para elegir de qué lado estar se agota. Y lo que está en juego no es solo el salario de los docentes, ni el futuro de los estudiantes. Es el alma misma de una nación que, pese a todo, todavía cree en la educación como motor de justicia social.