Diputados dejó solo al Gobierno y rechazó el veto a la ley de Emergencia de Discapacidad
La oposición logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley de emergencia en discapacidad, sancionada en julio: 172 diputados votaron afirmativamente, de un total de 247 presentes (se requerían 165 votos, por lo que obtuvo 7 por encima del mínimo). El oficialismo perdió aliados en el camino y no logró reunir a los “héroes” que el año pasado blindaron sus vetos: hubo 73 votos negativos y dos abstenciones. Ahora, el Senado —un terreno mucho más hostil para el Gobierno— deberá tratar la insistencia de la ley para que el veto sea definitivamente rechazado por el Congreso.
La presión mediática del sector de discapacidad se hizo sentir con fuerza en las últimas semanas. En un intento desesperado y de último momento, el Gobierno anunció que evaluaba un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, minutos antes del inicio de la sesión. El anuncio, publicado en X por el vocero presidencial Manuel Adorni, no tuvo efecto sobre los sectores aliados.
Los giros más llamativos entre los “héroes” fueron los del puntano Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y la ex libertaria Lourdes Arrieta. Los dos primeros pertenecen al bloque oficialista. Los tres dejaron clara su postura desde el inicio, al dar quórum, y luego la ratificaron con su voto afirmativo.
También rechazaron el veto cinco integrantes del bloque PRO: Karina Bachey (San Luis), Sofía Brambilla (Corrientes), el larretista Álvaro González, la chubutense Ana Clara Romero —referente del gobernador Ignacio Torres— y Héctor Baldassi. Todos forman parte de los sectores que ya se habían desmarcado de las alianzas con La Libertad Avanza. Por su parte, Silvia Lospennato estuvo ausente, al igual que la santafesina Germana Figueroa Casas. María Eugenia Vidal apareció en el recinto minutos antes de la votación y se abstuvo, al igual que Gabriela Besana.
Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID) también votaron a favor de la ley, mientras que la cordobesa María Cecilia Ibáñez lo hizo en contra. En definitiva, quienes acompañaron a La Libertad Avanza en esta cruzada fueron —además de Ibáñez— los “radicales con peluca”, los aliados de CREO y Somos Fueguinos, los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri (parte del armado provincial con Alfredo Cornejo), y los 26 integrantes del bloque amarillo no mencionados anteriormente.
Los diputados que responden a los gobernadores del «Grito Federal», esta vez, no jugaron a medias: todos acompañaron afirmativamente la ley. Los cordobeses, la santafecina Melina Giorgi, los dos chubutenses, los radicales de Jujuy y los santacruceños —que suelen votar de manera dividida— esta vez se alinearon en contra el veto.
La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año) y busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —de jerarquía constitucional— mediante una serie de medidas normativas, institucionales y presupuestarias. Entre otros puntos, garantiza partidas para incrementar el pago a prestadores de servicios y saldar deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas; crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio; actualiza asignaciones a talleres protegidos y refuerza programas de la ANDIS.
Desde su primer debate en el Congreso, la discusión pública sobre el sector de personas con discapacidad cobró centralidad, acompañada por movilizaciones hacia el Congreso y Plaza de Mayo, así como por la masificación de discursos de referentes del sector, personalidades reconocidas y familias, quienes visibilizaron la crítica situación de los trabajadores del área y las dificultades agravadas por el ajuste.
Ahora será el turno del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama mucho más adverso. Para que el veto sea definitivamente rechazado, se necesita nuevamente una mayoría de dos tercios. Sin embargo, en la sesión del 10 de julio —cuando la ley fue originalmente tratada— la Cámara alta la aprobó por unanimidad, lo que anticipa un posible revés aún más contundente para el Gobierno.
Las claves de la ley de Emergencia en Discapacidad
La iniciativa plantea un paquete de medidas que van desde la regularización de pagos a prestadores hasta el cumplimiento efectivo del cupo laboral en el Estado.
Uno de los ejes centrales es la regularización de deudas y la actualización de aranceles: se propone saldar los pagos atrasados del sistema de salud y garantizar un ajuste mensual en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El texto también declara al sistema de interés público nacional, lo que refuerza su carácter prioritario.
El proyecto avanza sobre la reforma de las pensiones no contributivas, con el objetivo de asegurar financiamiento suficiente y revisar las condiciones de acceso y permanencia. A la vez, se prevé un fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con mejoras en la base de datos y auditorías periódicas para transparentar la gestión.
La iniciativa también incluye una compensación económica de emergencia para prestadores y recursos específicos para talleres de producción y centros de día, con un impacto fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Otro punto clave es la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La ANDIS, junto al Consejo Federal de Discapacidad, establecerá nuevos lineamientos para contemplar no solo las condiciones físicas, sino también las intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona.
Finalmente, el proyecto reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, una deuda histórica que hasta ahora se cumple de manera parcial y fragmentaria.