Gigante gastronómico de Estados Unidos acumula nueva denuncia en la Argentina

Si bien a nivel global el nombre de Aramark es conocido por ser una de las mayores proveedoras mundiales de servicios de alimentación e instalaciones a clientes de sectores como la educación, la salud, empresas y la industria y el deporte, el ocio y las correcciones, en la Argentina la reputación de este grupo viene siendo cada vez más cuestionada.

Con sede en los Estados Unidos, su principal mercado, tiene sucursales en 15 países en los cuales, conjuntamente, emplea a 266.680 trabajadores y genera negocios por más de u$s18.000 millones anuales,

Parte de esos fondos provienen de sus negocios en el mercado local, donde tiene presencia ofreciendo servicios de alimentación y bebidas, incluidos el catering y venta al por menor, y servicios de instalaciones, incluidas operaciones y mantenimiento de plantas, custodia, limpieza, jardinería y otros servicios.

De hecho, en el 2024 su filial doméstica anunció la puesta en marcha de un plan de inversión y expansión para mantener su crecimiento en cantidad de clientes y colaboradores que logró en los últimos dos años, ya que sus ejecutivos consideran a la Argentina como un importante mercado para la región.

Sin embargo, hasta ahora no hubo nuevas notificaciones de la empresa vinculadas a esa estrategia y, por el contrario, acaba de sumar una nueva denuncia a otras que ya acumula en medio de rumores sobre una posible salida del país.

Incertidumbre en San Juan

De acuerdo a fuentes del sector que prefirieron brindar datos sin ser nombrados, la compañía viene siendo blanco de múltiples críticas y denuncias por falta de inversiones; supuestos hechos de evasión fiscal y de posible competencia desleal.

Estas acusaciones están causando incertidumbre entre su personal, que además se vería afectado si se concreta la venta de sus negocios locales, principalmente en los sectores de minería y el automotriz.

De hecho, esta semana, en varias comunidades de la provincia de San Juan han dejado trascender su malestar por el modo en que Aramark se vincula y apoya el desarrollo local, en especial después de 17 años prestando servicios de alimentación en la mina Veladero, en el departamento de Iglesia.

Referentes gremiales de esa localidad, señalaron a iProfesional que la empresa no viene cumpliendo con sus obligaciones con la población y advierten que «lo único que ha hecho a nivel comunitario y sustentable es comprar unos kilos de verdura en algún municipio aledaño».

Se trata de una crítica a una supuesta falta de articulación con proveedores locales que se suma también con la escasa inversión en la provincia que denuncian desde algunos despachos cercanos al gobierno provincial.

En ese ámbito, entienden que la operatoria de Aramark genera importantes ganancias que son remitidas directamente a la casa matriz, pero que no generan ningún tipo de retorno a las comunidades de la zona y menos en cuanto a posibles planes de crecimiento.

Al respecto, varias organizaciones sindicales y representantes locales sostienen que la actual prestadora del servicio de alimentación en la mina Veladero, «tiene el único fin de eludir la normativa de compra local y desplazar a proveedores salteños legítimos», además no permitir el desarrollo de proveedores locales en zonas alejadas y vulnerables.

Los denunciantes también advierten que este caso expone nuevamente a Aramark, «que pese a su prolongada presencia en el país, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por no integrar proveedores locales ni mostrar un compromiso claro con el desarrollo territorial, contradiciendo así los principios de la minería moderna vinculados al respeto, la transparencia y la sostenibilidad».

Empresa «fantasma»

El caso de San Juan se asemeja a lo ocurrido con la compañía en Tolar Grande, localidad ubicada en la provincia de Salta, donde la población advirtió que Mansfield Minera, operadora del proyecto Lindero, estaría violando la Ley de Compre y Contrate Trabajo Salteño.

La localidad se encuentra en el departamento de Los Andes, en la región de la Puna, y es un pequeño pueblo, cabecera de un circuito turístico de la zona, que se ubica a una altura de aproximadamente 3520 metros sobre el nivel del mar y su población no supera los 200 habitantes.

En esa comunidad, se presentó una denuncia por una presunta maniobra empresarial que involucra a varias empresas como Mansfield Minera, a cargo del proyecto Lindero, que adjudicó el servicio de alimentación a Central Andino SRL, firma que, según los denunciantes, no tiene antecedentes legales en la provincia y que estaría vinculada directamente a Aramark.

Según consta en registros oficiales, la empresa fue creada después del anuncio a la comunidad, en aparente violación de la Ley provincial N.º 7645 de Compre y Contrate Trabajo Salteño.

Los denunciantes destacan que la ley salteña vigente exige que los proveedores adjudicados en obras y servicios tengan al menos dos años de actividad registrada en la provincia, tributen impuestos locales, tengan sede en Salta y estén inscriptos como proveedores.

En la demanda se acusa a Central Andino SRL de no cumplir con ninguna de estas condiciones al momento de lograr la adjudicación del contrato y se hace mención a una norma publicada en el Boletín Oficial, en la cual se observa que la empresa fue registrada legalmente cuatro días después del anuncio a la comunidad.

Gremios en alerta

La decisión encendió la alarma en Tolar Grande debido a que se trata de una comunidad que históricamente ha defendido el desarrollo productivo con base local y que cuestiona la adjudicación del contrato a una firma sin raíces en la provincia que dejó en la incertidumbre laboral a casi 100 familias, que trabajan en el servicio de comedor y alimentación del campamento minero.

En la denuncia se explica que la compañía otorgó la prestación del servicio de comidas a Central Andino SRL, firma sin trayectoria en la provincia y ligada directamente a Aramark que la habría creado después de haberse anunciado su participación en el proyecto.

Ante esta situación, Gerónimo Arjona, diputado justicialista por el departamento de Los Andes, pidió la intervención de la Secretaría de Minería y del gobierno de la provincia para asegurar el cumplimiento de la legislación.

Asimismo, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional Salta, se declaró «en estado de alerta» y emitió un comunicado donde rechaza el accionar de Mansfield y expresa su solidaridad con la comunidad afectada.

Por su parte, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresó su acompañamiento a las comunidades mineras y advirtió que «no permanecerá indiferente ante una decisión empresarial que, de no rectificarse, podría escalar a manifestaciones masivas e incluso, a un paro minero provincial».

Demandas que se acumulan

No se trata de la única denuncia contra la operatoria local de la compañía si se tiene en cuenta que, a principios de este 2025, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), publicó un documento señalando que la salida de Aramark del mercado local «es de público conocimiento» y asegurando que «la compañía está en venta a nivel global».

Mediante la publicación de una solicitada, el las autoridades gremiales mostraron su preocupación por la posible contratación de esta empresa por parte de la automotriz, teniendo en cuenta las versiones que suponen el retiro de Aramark del mercado local.

«Transmito en nombre propio, de la comisión ejecutiva y de los 130 trabajadores gastronómicos afectados al servicio del comedor, la gran preocupación que existe al tomar conocimiento de rumores que dan cuenta de la posible contratación de la empresa de origen multinacional Aramark», se advirtió en aquel momento en el comunicado del sindicato que firma Fabián Agüero, secretario general de UTHGRA, Seccional Norte.

El documento, que llevaba el título de «Alerta y Movilización», aseguraba que la salida de Aramark del mercado local «es de público conocimiento» y la compara con lo que ya hicieron otras empresas extranjeras que participan del mismo negocio de servicios gastronómicos como Compass y Sodexo, «siendo también de público conocimiento que la empresa estaría a la venta a nivel mundial».

El informe provocó un fuerte conflicto gremial en la planta de Toyota en la localidad bonaerense de Zárate, donde el gremio advirtió que la contratación de la multinacional norteamericana como proveedora gastronómica «pone en riesgo el empleo de 130 trabajadores del sector».

Problemas similares hubo en la producción de la automotriz japonesa Honda, cuando Aramark dejó de prestar el servicio en la planta de la compañía debido a reclamos permanentes del gremio de SMATA por problemas en el comedor.

La situación, según los gremios, responde a estrategias de corto plazo que deterioran las condiciones de trabajo, frente a lo cual destacan el rol de las compañías nacionales en sostener la producción y el empleo de largo plazo.