Trump impulsa la dolarización en Argentina mientras Milei profundiza el ajuste interno

El gobierno de Javier Milei avanza en reformas laborales y privatizaciones mientras la Casa Blanca promueve la dolarización para frenar la influencia china. Inflación en alza, salarios a la baja y consumo paralizado: un cóctel que amenaza con hundir la economía real bajo la ilusión financiera del “éxito libertario”.

El triunfo electoral de La Libertad Avanza reavivó los discursos de estabilidad y crecimiento, pero los números desmienten el relato. Con el aval de Donald Trump y el eco de Domingo Cavallo, Milei profundiza un modelo que prioriza la especulación sobre la producción, desprotege al trabajo y mantiene a la mayoría social atrapada en la recesión.

Con el impulso de las urnas y el beneplácito de la Casa Blanca, Javier Milei acelera su programa de reformas estructurales. Desde el cambio en la legislación laboral hasta un nuevo ciclo de privatizaciones, el gobierno libertario actúa convencido de que el ajuste fiscal y la “libertad de mercado” conducirán a la ansiada estabilidad. Sin embargo, los datos de la economía real cuentan otra historia: salarios congelados, consumo en picada, endeudamiento familiar y una inflación que no cede.

El contexto internacional no es ajeno a esta ofensiva. Según el Financial Times, Donald Trump —recientemente reelegido en Estados Unidos— busca impulsar la dolarización en países estratégicos de América Latina, y Argentina ocupa el primer lugar de la lista. El objetivo político detrás de esa maniobra es claro: reducir la influencia económica y geopolítica de China en la región. En ese tablero, Milei aparece como el aliado ideal para un esquema de subordinación monetaria que convertiría a la Argentina en un satélite financiero de Washington.

Mientras tanto, en el frente interno, los economistas advierten que el país transita un camino de desacople entre las finanzas y la producción. “La economía real no va a mejorar porque el principal determinante del crecimiento económico —el consumo— está planchado. Los ingresos populares cayeron en términos reales, y eso hace imposible un rebote”, explicó la doctora en Economía Noemí Brenta en diálogo con Página/12. La especialista apunta al corazón del problema: sin poder adquisitivo, no hay demanda, y sin demanda, la industria nacional se paraliza.

Los salarios privados registraron una pérdida promedio del 11,2% en términos reales. Frente a esta situación, la respuesta del gobierno no fue recomponer ingresos ni fortalecer la negociación colectiva, sino avanzar con una reforma laboral que debilita derechos básicos conquistados durante décadas. La justificación oficial es siempre la misma: mejorar la “competitividad” para atraer inversiones. Pero detrás de esa palabra mágica se esconde una transferencia brutal de recursos desde el trabajo hacia el capital concentrado.

Guido Agostinelli, otro de los economistas consultados por el mismo medio, señala que la economía podría “rebotar” si se liberara la presión sobre el dólar, aunque advierte que ese efecto sería muy limitado: “El empresario se cubre en dólares y el trabajador consume menos. El repunte en consumo y producción será acotado”. Dicho de otro modo, la ilusión del rebote se choca con la realidad del empobrecimiento generalizado.

A esta altura, la inflación continúa como telón de fondo de la crisis. Distintas consultoras privadas estiman que el índice de octubre se ubicó entre 2,1% y 2,9%, superando al de septiembre. En tanto, la Universidad Di Tella proyecta un 3,96% para el mes en curso. Son cifras que desmienten el discurso oficial sobre la “desaceleración de precios” y que exponen las consecuencias del ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Desde el costado más ortodoxo del establishment, Domingo Cavallo celebró el triunfo de La Libertad Avanza como “la oportunidad para una estabilidad y un crecimiento sostenidos”, pero lo condicionó a la eliminación total del cepo y a la adopción del dólar como moneda de curso legal. No sorprende: Cavallo sigue siendo el emblema del neoliberalismo local y el arquitecto intelectual del modelo que destruyó el aparato productivo en los años noventa. Su reaparición como consejero de Milei no hace más que confirmar la orientación del gobierno: un regreso sin pudor a las recetas del Consenso de Washington.

El propio Financial Times señala que Argentina es vista como “candidato principal” para la dolarización, aunque tanto el gobierno norteamericano como el argentino niegan públicamente que el tema esté sobre la mesa. Sin embargo, los movimientos financieros y diplomáticos indican lo contrario. Pablo Pereira, economista consultado por Página/12, advierte que el reciente accionar del Tesoro estadounidense, comprando pesos, puede alterar profundamente el equilibrio cambiario. “Si Estados Unidos decide asegurar un dólar barato para Argentina, puede hacerlo de forma ilimitada. La pregunta es hasta cuándo lo sostendrá y qué exigirá a cambio”, sostiene.

El interrogante no es menor: esa supuesta “ayuda” podría implicar una cesión directa de soberanía monetaria. Pereira sugiere que, si el apoyo se interrumpe, el gobierno se verá obligado a dejar flotar el tipo de cambio, lo que dispararía la inflación pero podría favorecer al empleo industrial. Es la clásica paradoja de las políticas de ajuste: prometer orden cambiario a costa de más pobreza.

En ese contexto, Agostinelli anticipa lo que muchos temen: “Lo lógico es que el gobierno suelte el tipo de cambio y tengamos un salto considerable hacia enero. Como el bajo consumo no convalida aumentos, el traslado a precios sería limitado, y eso le permitiría al Ejecutivo mostrarlo como un éxito liberal”. Traducido: se plancha el consumo, baja la presión inflacionaria y el gobierno vende la recesión como “estabilidad”.

Pero detrás de la euforia financiera y del respaldo norteamericano, la economía real sigue hundiéndose. Los comercios cierran, las pymes no acceden al crédito y las familias viven al borde del endeudamiento. El Estado, reducido a su mínima expresión, renuncia a intervenir para proteger a los sectores productivos y alienta un esquema donde la especulación manda. El problema, como bien señalan los economistas consultados, es que “la economía financiera no alimenta la economía real”.

Mientras Milei se pavonea en foros internacionales hablando de “éxito libertario”, el país enfrenta una contracción estructural. La combinación de apertura comercial, desregulación laboral y ajuste fiscal genera un círculo vicioso: menos salarios, menos consumo, menos producción, más desempleo. Todo bajo el paraguas de una promesa que nunca llega: la inversión extranjera.

En paralelo, la presión externa crece. Estados Unidos necesita reafirmar su hegemonía frente al avance chino y encuentra en la dolarización un instrumento de control geopolítico. Argentina, con su crisis crónica de divisas, se convierte en terreno fértil para esa estrategia. Milei, lejos de resistirla, la celebra como un símbolo de “modernización”. Pero la historia reciente enseña que cada intento de dolarización o de atar la economía local al dólar terminó en catástrofe social.

El relato del “orden monetario” se sostiene sobre una falacia: que basta con estabilizar la moneda para que todo mejore. La experiencia argentina demuestra lo contrario. Sin políticas industriales, sin redistribución del ingreso y sin una estrategia de desarrollo, el país puede tener el dólar más barato del mundo y, aun así, condenar a su población a la pobreza.

El gobierno parece decidido a repetir ese ciclo. Con la complicidad de Trump y el aplauso de Cavallo, Milei avanza en un experimento que combina la ortodoxia más brutal con la sumisión diplomática. En nombre de la libertad, destruye los mecanismos que permiten a una sociedad sostener su propio destino.

La economía argentina no necesita más recetas de ajuste ni intervenciones foráneas. Necesita recuperar su capacidad de producir, consumir y crecer desde adentro. Pero ese camino exige algo que este gobierno niega: una política que ponga al trabajo por encima de la especulación. Hasta que eso ocurra, la economía real seguirá siendo la gran víctima de un proyecto que confunde soberanía con servidumbre.