Parálisis cerebral: una fecha para concientizar y reclamar políticas públicas inclusivas
Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha destinada a visibilizar a las personas con esta condición, sus capacidades, sus necesidades y, fundamentalmente, sus derechos.
Pero hablar de parálisis cerebral no debería reducirse a una jornada de concientización, a una fotografía o a un mensaje de inclusión. También implica hablar de las barreras que todavía existen y de las responsabilidades que tiene el Estado para garantizar que una persona con discapacidad pueda acceder a salud, rehabilitación, educación, comunicación, transporte, protección social y una vida digna.
La parálisis cerebral es una condición que puede generar diferentes niveles de afectación motora, de comunicación y de autonomía. No existe una única forma de vivirla. Por eso, tampoco existe una única necesidad. Algunas personas requieren tratamientos de rehabilitación permanentes, terapias de fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, equipamiento, asistentes, transporte adaptado o apoyos para comunicarse.
Cuando una de esas prestaciones falta, se interrumpe un tratamiento o una familia debe pasar meses reclamando aquello que debería estar garantizado, el problema deja de ser individual: se convierte en una cuestión de derechos.
Una ley que declaró la emergencia, pero que todavía genera reclamos
En Argentina, la discusión sobre discapacidad adquirió una dimensión política central durante los últimos años. En septiembre de 2025 el Congreso insistió con la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, luego de que el Poder Ejecutivo hubiera observado completamente el proyecto. La norma finalmente fue promulgada y establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La ley establece obligaciones vinculadas al financiamiento de las pensiones no contributivas, el sostenimiento de los prestadores, la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.
En febrero de 2026, el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026.
Sin embargo, la reglamentación no cerró la discusión. Organizaciones y prestadores continúan reclamando por la situación económica del sistema y sostienen que las actualizaciones no alcanzan para cubrir los costos reales de funcionamiento y que persisten dificultades vinculadas con las prestaciones y las pensiones. Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que se están implementando las medidas previstas por la legislación.
Durante 2026 se establecieron distintas actualizaciones del nomenclador. Para septiembre, por ejemplo, se dispuso un incremento del 1,70% en los aranceles de las prestaciones básicas, calculado sobre la variación del IPC de agosto.
La discusión, entonces, no es solamente cuánto aumenta un arancel. La pregunta de fondo es si el sistema puede sostener en el tiempo las prestaciones que necesitan las personas con discapacidad y sus familias.
Cuando el derecho existe en una ley, pero hay que salir a reclamarlo
Para muchas familias, la discapacidad no se vive únicamente en el diagnóstico. Se vive en la agenda cotidiana: conseguir un turno, trasladarse, encontrar un profesional, conseguir una autorización, sostener una terapia, acceder a un medicamento, obtener un elemento ortopédico o lograr que una prestación no se interrumpa.
Y detrás de cada prestación hay una persona.
Hay un niño que necesita rehabilitación.
Hay una persona que necesita comunicarse.
Hay alguien que necesita aprender a caminar, alimentarse o desarrollar mayor autonomía.
Hay familias que organizan su vida alrededor de tratamientos y cuidados.
Por eso, hablar de derechos no significa hablar solamente de una ley escrita. Significa garantizar que esos derechos puedan ejercerse efectivamente.
La propia Ley 27.793 establece que la emergencia tiene como objetivo asegurar derechos vinculados con la salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Parálisis cerebral no es incapacidad
En este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el desafío también es cambiar la mirada.
Una persona con parálisis cerebral no debería ser definida por aquello que no puede hacer. Debe ser reconocida por sus posibilidades, sus decisiones, sus formas de comunicación, sus aprendizajes y su derecho a participar plenamente de la sociedad.
La inclusión no consiste en hacerle un lugar especial a una persona con discapacidad. Consiste en eliminar las barreras que impiden que pueda ejercer los mismos derechos que cualquier otra persona.
Y cuando las políticas públicas no alcanzan, cuando una terapia desaparece, cuando una familia debe reclamar durante meses o cuando un prestador no puede sostener un servicio por falta de financiamiento, esas barreras vuelven a aparecer.
Por eso, este 6 de octubre no debería ser solamente una fecha para hablar de parálisis cerebral.
También debería ser una oportunidad para preguntar qué tan lejos estamos de garantizar realmente los derechos que las leyes reconocen.
Porque la inclusión no puede quedar en un discurso.
Los derechos de las personas con discapacidad no son un beneficio, una concesión ni un favor. Son derechos. Y deben poder ejercerse todos los días.