Nanci Godoy: una docente muerta, una escuela abandonada y un Estado que debe dar explicaciones

La muerte de la maestra rural de Corrientes, cuyo caso se investiga como femicidio, expone mucho más que un crimen: pone bajo la lupa la falta de controles educativos, la desprotección de quienes trabajan en zonas rurales y las consecuencias de un Estado que parece ausentarse allí donde más se lo necesita. Mientras el Gobierno nacional impulsa un modelo de ajuste y reducción del gasto público, la pregunta es quién protege a quienes sostienen los derechos esenciales en los lugares más olvidados del país.

El cuerpo de Nanci Estela Godoy, docente de 52 años y vicedirectora de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en Esquina, Corrientes, fue encontrado después de 19 días de búsqueda. La investigación judicial apunta a un femicidio y hay cinco personas detenidas. Pero detrás de este desenlace trágico existe otra historia que no puede quedar sepultada bajo el impacto de la noticia: la de una escuela rural abandonada y una trabajadora que había denunciado graves irregularidades dentro del sistema educativo. <Cite refs={[«turn501476search0″,»turn501476search11»]}/>

Cuando el abandono también se vuelve noticia

Nanci había advertido sobre una realidad que debería avergonzar a cualquier administración pública: falta de agua, baños tapados, materiales educativos inutilizados y presuntas irregularidades en la asistencia de las autoridades escolares responsables de garantizar el funcionamiento del establecimiento.

Según los testimonios difundidos, la docente había denunciado al director titular por sus escasas visitas a la escuela y cuestionado a la supervisión por la falta de controles. Para cumplir con su trabajo debía atravesar caminos de difícil acceso, arroyos y lagunas, y realizar parte del trayecto a caballo.

“Era una escuela fantasma, con alumnos fantasmas”, había expresado.

La frase resume una realidad que trasciende a Corrientes. ¿Qué clase de sistema educativo permite que un establecimiento permanezca en esas condiciones? ¿Dónde estaban los mecanismos de supervisión? ¿Quién debía controlar que los alumnos recibieran educación y que la docente pudiera trabajar en condiciones dignas y seguras?

Estas preguntas requieren respuestas concretas. No alcanza con lamentar una tragedia cuando ya no hay posibilidad de reparar sus consecuencias.

El Gobierno nacional también debe responder

El femicidio que investiga la Justicia no puede atribuirse, sin pruebas, a una decisión del Gobierno nacional ni confundirse con una responsabilidad penal de las autoridades educativas. Sin embargo, eso no significa que el poder político quede exento de rendir cuentas sobre las políticas públicas que desarrolla, los recursos que asigna y los mecanismos de protección que garantiza.

El presidente Javier Milei sostiene un modelo de Estado reducido, con una política de ajuste del gasto público y una defensa permanente de la reducción de la intervención estatal. Frente a ese proyecto, casos como el de Nanci obligan a plantear una discusión que va mucho más allá de las cifras macroeconómicas: ¿qué ocurre cuando el achicamiento del Estado se traduce en menos presencia, menos recursos y menos capacidad para responder a las necesidades de la población?

La educación es una responsabilidad compartida entre distintos niveles de gobierno, y la administración cotidiana de las escuelas corresponde principalmente a las jurisdicciones provinciales. Por eso, las primeras explicaciones sobre las fallas de supervisión de la Escuela N.º 626 deben buscarse en el sistema educativo correntino.

Pero el Gobierno nacional tampoco puede desentenderse del debate sobre el financiamiento educativo, la protección de las mujeres y las políticas públicas destinadas a garantizar derechos en todo el territorio. Si se promueve un Estado cada vez más limitado, resulta indispensable explicar cómo se evitará que las comunidades rurales y los sectores más vulnerables queden todavía más desprotegidos.

El ajuste no puede convertirse en una excusa para naturalizar la ausencia de controles ni para resignarse a que existan ciudadanos de primera y de segunda según el lugar donde viven.

Una docente que denunció lo que otros debían controlar

Hay un aspecto particularmente doloroso en esta historia: Nanci no solamente trabajaba en una escuela rural; también había señalado problemas que, según su denuncia, debían ser atendidos por las autoridades.

Su reclamo puso en evidencia presuntas fallas institucionales. Ahora corresponde investigar si esas advertencias fueron recibidas, qué medidas se adoptaron y si existieron omisiones administrativas que deban ser sancionadas.

Una denuncia no equivale, por sí sola, a una prueba de responsabilidad de las personas señaladas. Pero tampoco puede tratarse como un simple trámite burocrático. Las instituciones públicas existen, precisamente, para intervenir ante las irregularidades, proteger a las personas y garantizar que los derechos no dependan de la voluntad de cada funcionario.

Cuando una trabajadora advierte que una escuela está abandonada, la respuesta institucional no puede ser el silencio. Cuando una docente debe recorrer durante horas caminos difíciles para llegar a sus alumnos, su seguridad y sus condiciones laborales deben formar parte de las prioridades. Y cuando existen denuncias sobre la falta de supervisión, alguien debe verificar los hechos y actuar.

La muerte de Nanci no demuestra por sí misma que el abandono escolar haya provocado el crimen. Pero sí vuelve ineludible revisar el contexto en el que trabajaba y determinar si el sistema cumplió con sus obligaciones.

El femicidio no puede quedar reducido a una estadística

Cada vez que una mujer es asesinada, la discusión pública corre el riesgo de concentrarse durante unos días en el impacto de la noticia y después continuar como si nada hubiera ocurrido.

Por eso, el caso de Nanci exige justicia, una investigación rigurosa y respuestas institucionales. También exige examinar qué herramientas de prevención, protección y acompañamiento existen para las mujeres que trabajan en ámbitos aislados, donde las distancias, la falta de comunicación y las dificultades de acceso pueden aumentar su vulnerabilidad.

No se trata de afirmar que una política nacional determinada habría evitado este crimen. Se trata de exigir que las políticas públicas se evalúen por su capacidad real para proteger vidas y no solamente por sus resultados presupuestarios o sus declaraciones oficiales.

La seguridad, la educación y la igualdad de derechos no deberían depender del tamaño de una localidad, de su distancia de una capital o de su peso político.

Una tragedia que exige responsabilidades

Nanci Godoy ya no podrá volver a esa escuela ni continuar reclamando por las condiciones en las que debían estudiar sus alumnos. Su familia enfrenta una pérdida irreparable y la Justicia tiene por delante la tarea de esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Pero también debe haber una investigación administrativa sobre las denuncias que había realizado, el funcionamiento de la supervisión escolar y las condiciones en las que se desarrollaban las actividades educativas. Las autoridades provinciales deben dar explicaciones y el Gobierno nacional debe responder por el rumbo de las políticas públicas que afectan a la educación y a la protección de derechos.

No alcanza con expresar condolencias. No alcanza con detener a los sospechosos si, al mismo tiempo, las fallas institucionales quedan sin revisar. Y no alcanza con hablar de eficiencia del Estado si no se garantiza que las escuelas funcionen, que los trabajadores estén protegidos y que las denuncias sean escuchadas.

Una escuela abandonada es mucho más que un edificio sin agua o con los baños inutilizados: es la señal de que un derecho puede estar quedando fuera del alcance de una comunidad. Y cuando una docente denuncia esa realidad, el Estado tiene la obligación de escucharla, investigar y actuar.

La muerte de Nanci Godoy no debe convertirse en una noticia pasajera ni en una consigna partidaria. Debe ser un llamado urgente a revisar las responsabilidades de cada nivel del Estado, a fortalecer los controles y a garantizar que ninguna trabajadora ni ningún alumno queden librados a su suerte.

Porque cuando el Estado se ausenta, las consecuencias no se miden solamente en presupuestos. Se miden en derechos vulnerados, en comunidades olvidadas y en vidas que ya no pueden recuperarse.