Marcha por la prorroga de la LEY 26.160
Desde el año 1994 nuestra Constitución Nacional incorporó en su Art. 75 inc. 17 el Derecho al Territorio Indígena. Este derecho recae en las tierras tradicionalmente ocupadas y se extiende a otras aptas y necesarias para el desarrollo, asimismo se incluyó el derecho a la participación en la administración de los recursos naturales y la consulta previa antes situaciones en que se vean afectadas las Comunidades Indígenas. Tal derecho también se encuentra incorporado al Convenio 169 de la OIT y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Desde aquel entonces tales normas fueron incumplidas por el Estado Argentino y avasalladas por los grandes propietarios de nuestro país.
En el marco de grandes conflictos territoriales en el año 2006 se dictó la ley 26.160 que prohibía los desalojos de Comunidades Indígenas y ordenaba un relevamiento territorial. Lamentablemente la ley no resolvía el problema de fondo ya que era transitoria y debía prorrogarse, pero sirvió por lo menos para frenar los desalojos.
Los conflictos territoriales fueron en aumento, lo que es lógico cuando no se respetan los DDHH consagrados en nuestra Constitución y fundamentalmente cuando nos encontramos con una distribución injusta de la tierra en donde el 1% de los propietarios concentra casi el 40% de la tierra. Tal situación llegó a su punto más extremo cuando Santiago Maldonado, un joven que reclamaba junto a una Comunidad Mapuche que mantiene un conflicto de Tierras fue desaparecido en medio de una represión del Estado Nacional.
Luego de varias prórrogas, en noviembre de este año finaliza la vigencia de la ley y es necesario prorrogarla nuevamente, caso contrario la gran mayoría de las Comunidades serán desalojadas por conflictos con privados.
El miércoles 27 de setiembre, las Naciones y Pueblos originarios de todo el país marcharán al Congreso por la prórroga de la ley 26160, fecha en que será tratada por el Senado de la Nación.
Por ello desde el “Partido del Trabajo y del Pueblo” (PTP) que integra el “Frente Progresista Popular” adherimos a la marcha y nos solidarizamos con los Pueblos y Naciones originarias, entre ellas la Nación Huarpe de San Juan que mantiene los mismos conflictos territoriales en la provincia, solicitando y exigiendo a nuestros Senadores y Diputados la prórroga de la ley 26.160.