Red de corrupción en PAMI: Clínicas privadas favorecidas por más de 80 millones de pesos mensuales

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, denunció una asociación ilícita en el PAMI que afecta a más de 10.000 jubilados. La maniobra, que beneficia a una clínica privada con más de 80 millones de pesos mensuales, se replica en varios municipios. El silencio oficial refuerza las sospechas de una trama sistemática de negocios espurios bajo la gestión de Javier Milei.

El escándalo que sacude al PAMI no es una anécdota aislada ni una mera irregularidad administrativa. Es, lisa y llanamente, una bomba de fragmentación institucional que estalla en el corazón de la obra social más grande del país, en un contexto donde los jubilados son carne de ajuste, botín de guerra y moneda de cambio para negocios privados.

La denuncia presentada por el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, no solo constituye un acto inusual —un jefe comunal radical enfrentando a un gobierno con el que podría tener afinidades ideológicas—, sino un hecho inédito: es la primera vez que un dirigente político de peso se planta y lleva ante la Justicia una trama que involucra delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.

¿Qué está pasando? Desde diciembre de 2024, el PAMI decidió —de manera arbitraria, opaca y sin aviso— quitarle al hospital municipal de Madariaga unas 3.000 cápitas, es decir, los recursos asignados por cada afiliado para atención médica, internación y guardias. ¿Dónde fueron a parar? A una clínica privada local, el Instituto Médico Madagariense, que desde entonces recibe más de 80 millones de pesos mensuales por servicios que, en muchos casos, ni siquiera presta.

El escándalo se expande como un virus en el sistema: lo mismo ocurre en Pinamar, Villa Gesell, el Partido de La Costa. Jubilados reasignados sin su consentimiento, derivados a kilómetros de distancia de su lugar de residencia, en muchos casos con operaciones programadas suspendidas o atención interrumpida. Hospitales públicos que siguen atendiendo sin cobrar un peso, mientras clínicas elegidas “a dedo” embolsan millones. La salud como negocio, el Estado como facilitador, los más vulnerables como víctimas.

El corazón de la denuncia apunta a una estructura aceitada. No se trata de un error de carga ni de un capricho administrativo. El abogado del municipio, Leandro Alonso, lo expresó sin vueltas: “Vos no pasás 10 mil cápitas de un día para el otro si no hay un nivel de responsabilidad sumamente alto para que esto suceda”. Y remarcó algo inquietante: el sistema informático del PAMI es tan sofisticado que cada movimiento queda registrado. No puede haber cambios masivos sin intervención directa desde las más altas esferas del organismo.

¿Quiénes están detrás? Al frente del PAMI está Esteban Leguizamo, hombre de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, un viejo conocido del negocio de la salud privada y socio del Sanatorio Güemes. Lugones, además, es padre de Rodrigo Lugones, integrante de la consultora Move, del mismísimo Santiago Caputo, cerebro de la estrategia presidencial. Y aquí todo se vuelve más turbio aún.

Porque mientras Milei arremete contra el Grupo Clarín acusándolo de “carpetearlo”, el mismo PAMI que comanda su gobierno le adjudica a Clarín un contrato por ¡500 millones de dólares! para proveer pañales. La incoherencia no es solo discursiva: es estructural, es operativa, es moral.

La denuncia de Santoro, acompañada por la Unidad Fiscal especializada en el PAMI, es un llamado de atención, una señal de alarma y una acusación directa: hay una red de favores, de intereses cruzados y de negocios opacos con la salud de los jubilados como variable de ajuste.

El silencio oficial es estruendoso. La pasividad del ministro Lugones frente a los múltiples escándalos de su hombre de confianza, Leguizamo, refuerza las sospechas de connivencia. Y no es un hecho aislado. En Jujuy, por ejemplo, el diputado libertario Manuel Quintar fue señalado por derivar pacientes del PAMI a su propia clínica. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O patrón sistemático?

En Villa Gesell, el secretario de Salud Jorge Villalba reveló que desde agosto de 2024 el hospital perdió 1.000 cápitas, equivalentes a 12 millones de pesos mensuales. Enterarse meses después, con el hospital colapsado y los jubilados sin atención, pinta el drama con trazos gruesos. “No podemos mandar a un abuelo en remise 70 kilómetros para una guardia”, declaró Villalba. Pero eso es exactamente lo que ocurre: el Estado paga remises para derivar pacientes, mientras los hospitales locales pierden recursos y quedan como espectadores de una tragedia que también los arrastra.

La perversión es evidente. Y el gobierno nacional, en lugar de poner la lupa, se dedica a encubrir. La estructura de Sebastián Pareja, funcionario ligado a Karina Milei y a Lule Menem, es señalada como la responsable de la regional del PAMI Mar del Plata, que tiene jurisdicción sobre Madariaga. Funcionarios que operan con impunidad, protegidos por una red política que reparte cápitas como si fueran caramelos de campaña.

Los detalles son escalofriantes. Pacientes con cirugías programadas que no pudieron realizarlas porque ya no figuraban en el sistema. Gente mayor que queda “en el limbo”, sin médico, sin diagnóstico, sin atención. La salud como botín de guerra en una lógica donde todo se terceriza, todo se privatiza, todo se negocia. Mientras tanto, los hospitales públicos siguen haciendo lo que deben: atender a quien lo necesita, aunque nadie les pague un peso por ello.

Este caso, que ya tiene su correlato en varias ciudades costeras y que empieza a generar más denuncias locales, no es simplemente una disputa administrativa. Es la expresión brutal de un modelo de gestión que desprecia al Estado y entrega los servicios públicos al mejor postor. Es Milei en estado puro: la motosierra aplicada a los más vulnerables, bajo el disfraz de la eficiencia y la libertad.

Pero lo más grave es la naturalización. El acostumbramiento al escándalo, a la sospecha, al silencio. La idea de que nada se puede hacer, de que todo está podrido. Frente a eso, la denuncia de Santoro es un acto de rebeldía, de dignidad y de coraje político. Es también una invitación a sacarse la venda de los ojos.

Porque este escándalo no es solo de Madariaga. Ni de Gesell. Ni de Pinamar. Es el síntoma de un modelo de país en el que los jubilados son desechables, los hospitales son obstáculos y la salud es solo una oportunidad de negocio para los amigos del poder.