El EPRE endurece su postura contra Vicuña: asegura que rechazó un acuerdo y advierte que irá hasta la Corte Suprema

El conflicto por el control de una de las infraestructuras energéticas más importantes para el futuro de la minería sanjuanina sumó un nuevo capítulo. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó que fracasaron las negociaciones con Vicuña Argentina y responsabilizó a la empresa por haber desestimado la propuesta de acuerdo elaborada durante el plazo de conciliación otorgado por el organismo nacional.

La falta de entendimiento profundizó las diferencias entre ambas partes y llevó al EPRE a advertir que, si el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mantiene las condiciones originalmente otorgadas a Vicuña, la provincia está dispuesta a judicializar el caso, incluso mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el organismo provincial, el convenio presentado buscaba establecer reglas claras para que la línea eléctrica de 500 kV, considerada estratégica para el desarrollo minero de San Juan, pudiera ser utilizada bajo criterios de equidad y sin otorgar privilegios que condicionen el crecimiento de otros proyectos.

Sin embargo, el EPRE sostuvo que la empresa rechazó esa propuesta y mantuvo su intención de conservar los beneficios que le otorgó la Resolución 79/2026 del ENRE, mediante la cual recibió prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente del corredor eléctrico durante un plazo de 25 años. Esa decisión es precisamente la que originó la controversia y motivó la oposición no sólo del EPRE, sino también de otros proyectos mineros, municipios y de la provincia de La Rioja.

Para el ente regulador sanjuanino, aceptar esas condiciones implicaría que una sola empresa concentre prácticamente toda la capacidad disponible de una infraestructura financiada en gran parte con inversiones públicas, dejando a futuros emprendimientos dependiendo de la disponibilidad o de las condiciones que imponga Vicuña para poder conectarse al sistema.

Otro de los cuestionamientos apunta al aspecto económico. El EPRE sostiene que Vicuña debe asumir los costos que genera sobre el sistema eléctrico y realizar aportes por el uso de una infraestructura desarrollada con recursos provinciales y nacionales. Además, considera que la empresa debe financiar íntegramente las obras necesarias para abastecer su demanda y contribuir al Fondo Provincial de Infraestructura Eléctrica para preservar la equidad tarifaria.

Entre los puntos que el organismo pretendía incorporar al acuerdo figuraban limitar la reserva inicial de energía a 260 megavatios, establecer que cualquier capacidad excedente quedara bajo administración del EPRE, exigir que nuevos usuarios aporten por el uso del sistema y fijar un plazo concreto para el inicio de las obras. Ninguna de esas condiciones fue aceptada por la empresa, de acuerdo con la posición oficial del ente provincial.

El EPRE insiste en que su postura no busca frenar las inversiones mineras, sino evitar que un proyecto obtenga una posición dominante sobre una infraestructura que será indispensable para el desarrollo de todo el distrito cuprífero de San Juan. En ese sentido, sostiene que el acceso a la red de alta tensión debe garantizar igualdad de oportunidades para todos los emprendimientos presentes y futuros.

Ahora la decisión quedó en manos del ENRE. Si el organismo nacional ratifica los beneficios concedidos a Vicuña sin incorporar las condiciones reclamadas por la provincia, el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial, en una disputa que promete convertirse en uno de los casos regulatorios más importantes para el futuro energético y minero de San Juan.