El Vaticano sigue trabajando en impulsar una plataforma para la desinversión en minería y reabre el debate sobre el futuro del sector
La Santa Sede fue escenario de la presentación de la Plataforma para la Desinversión en la Industria Minera, una iniciativa promovida por más de 40 organizaciones religiosas de distintos países que busca incentivar a iglesias, congregaciones e instituciones vinculadas a la fe a retirar sus inversiones de proyectos mineros que, según sus impulsores, generen impactos ambientales, sociales o vulneraciones de derechos humanos.
El lanzamiento se realizó en la Sala de Prensa del Vaticano con la participación de representantes del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y referentes de la Red Iglesias y Minería. La propuesta está inspirada en la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco y en otros documentos de la doctrina social de la Iglesia que promueven una «ecología integral» como eje para las decisiones económicas y financieras. La iniciativa también plantea la elaboración de criterios éticos para orientar las inversiones de organizaciones religiosas.
Durante la presentación, el cardenal Fabio Baggio sostuvo que la creación «no puede ser explotada sin límites ni responsabilidad» y afirmó que, en numerosas regiones del mundo, la expansión de la actividad minera ha provocado conflictos sociales, daños ambientales y afectaciones a comunidades indígenas. Desde esa perspectiva, la plataforma propone que las instituciones religiosas revisen dónde colocan sus recursos financieros y eviten inversiones en proyectos considerados incompatibles con esos principios.
La campaña es impulsada por organizaciones como la Red Iglesias y Minería y CIDSE, que sostienen que la desinversión constituye una herramienta para ejercer presión sobre la industria extractiva y promover estándares más exigentes en materia ambiental y de derechos humanos. Entre sus argumentos señalan que las finanzas también tienen responsabilidad sobre los impactos de determinados proyectos cuando los capitales respaldan emprendimientos cuestionados por las comunidades locales.
Un debate que también alcanza a Argentina
La iniciativa llega en un momento de fuerte expansión de la minería del cobre y del litio en América Latina. Argentina, y particularmente la provincia de San Juan, concentran algunos de los proyectos cupríferos más importantes del mundo, considerados estratégicos para la transición energética debido a la creciente demanda global de cobre para vehículos eléctricos, energías renovables y redes eléctricas.
Sin embargo, la posición impulsada desde ámbitos eclesiales vuelve a poner sobre la mesa una discusión que divide opiniones. Mientras organizaciones ambientalistas y sectores de la Iglesia sostienen que es necesario revisar el modelo extractivo y garantizar una mayor protección de las comunidades y del ambiente, gobiernos provinciales, empresas y cámaras mineras argumentan que la actividad resulta indispensable para el desarrollo económico, la generación de empleo y el abastecimiento de minerales críticos para la descarbonización.
En ese contexto, especialistas recuerdan que la propia transición energética requiere un aumento significativo en la producción de cobre, litio, níquel y otros minerales estratégicos. El desafío, sostienen, consiste en compatibilizar esa necesidad con estándares ambientales cada vez más exigentes y con procesos de diálogo que fortalezcan la denominada licencia social para operar.
¿Es una postura oficial contra la minería?
Si bien algunos medios interpretaron el anuncio como un giro del Vaticano hacia una posición contraria a toda actividad minera, la documentación oficial difundida durante el lanzamiento no plantea la prohibición de la minería.
La propuesta se centra en promover la desinversión en aquellos proyectos que, según los criterios definidos por las organizaciones impulsoras, incumplan estándares éticos, ambientales o sociales. En otras palabras, la campaña apunta a orientar las inversiones de instituciones religiosas hacia actividades consideradas compatibles con la doctrina social de la Iglesia y el cuidado de la «Casa Común».
Para provincias como San Juan, donde la minería constituye uno de los principales motores económicos y concentra inversiones multimillonarias en proyectos de cobre, la iniciativa seguramente alimentará el debate sobre el financiamiento internacional, la sostenibilidad de la actividad y el equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y responsabilidad social.