Calingasta: el conflicto entre el Concejo y Carbajal llegó a la Justicia por la falta de información municipal
El presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, denunció penalmente al intendente Sebastián Carbajal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los ediles aseguran que desde hace tiempo reclaman balances, documentación administrativa y reportes de gestión que no habrían sido remitidos por el Ejecutivo. La presentación fue respaldada por unanimidad y ahora la Fiscalía deberá determinar si existe delito.
La disputa institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de Calingasta sumó este jueves un capítulo judicial. El presidente del cuerpo legislativo, Santos Zárate, se presentó ante la UFI de Delitos Especiales y radicó una denuncia penal contra el intendente Sebastián Carbajal por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa quedó bajo la órbita del fiscal de turno, Adolfo Díaz.
Según explicó Zárate, el planteo se fundamenta en la falta de respuesta del Ejecutivo municipal a distintos pedidos de informes realizados por el Concejo. Entre la documentación que, según los ediles, no habría sido remitida se encuentran balances contables, resoluciones administrativas y partes diarios de la gestión.
El presidente del Concejo sostuvo que los pedidos vienen realizándose desde el comienzo de la gestión de Carbajal, iniciada en diciembre de 2023, y que ante la falta de respuestas se decidió avanzar con una presentación judicial.
Respaldo unánime de los concejales
La denuncia no fue una decisión individual de Zárate. De acuerdo con lo informado, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución que habilitó al presidente del cuerpo a realizar la presentación ante la Justicia. Los cinco concejales respaldaron la medida.
Zárate sostuvo que la actuación del Legislativo se encuentra vinculada con sus facultades de control sobre el Ejecutivo municipal contempladas en la Ley Orgánica Municipal 430-P. En ese marco, los ediles consideran que necesitan contar con la documentación administrativa y contable para poder ejercer sus funciones de contralor.
Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar la documentación presentada, disponer las medidas que considere necesarias y determinar si corresponde avanzar con una investigación formal o desestimar la denuncia. La presentación, por sí misma, no implica que exista una responsabilidad penal determinada contra el intendente.
Un conflicto que viene de antes
La tensión entre Carbajal y el Concejo Deliberante no comenzó con esta denuncia. En abril de 2025, el intendente había sido citado a una interpelación precisamente por la falta de presentación de balances y reportes diarios de gastos. En aquella oportunidad, los concejales habían reclamado documentación que, según denunciaban, no recibían desde junio de 2024.
A ese antecedente se sumó, en marzo de 2025, otra denuncia presentada por el propio Zárate contra Carbajal por presuntos sobreprecios en contrataciones municipales. El intendente respondió entonces que se trataba de una «manipulación política» y sostuvo que las compras cuestionadas incluían, además de folletería, banners y banderas.
El escenario institucional también estuvo marcado por una importante rotación dentro del gabinete municipal. En junio de este año, la salida del secretario de Hacienda, Miguel Abdala, elevó a 16 el número de funcionarios que habían dejado sus cargos desde el comienzo de la gestión de Carbajal.
Otro frente judicial para la gestión
La nueva denuncia llega, además, pocos días después de que el propio intendente Carbajal denunciara penalmente a su exsecretaria de Hacienda, Martha Noelia Campos, por un presunto faltante de más de $108 millones detectado en una auditoría correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024.
De esta manera, Calingasta vuelve a quedar en el centro de una fuerte disputa política e institucional, con denuncias cruzadas, cuestionamientos sobre el manejo de la información municipal y una creciente tensión entre quienes tienen a su cargo la administración del departamento y quienes deben ejercer el control legislativo.
Por ahora, la última palabra estará en manos de la Justicia: será la investigación la que determine si la falta de documentación denunciada constituye efectivamente un incumplimiento penal o si el caso no reúne elementos suficientes para avanzar.