Retamero bajo la lupa: el dueño de Gualcamayo deberá explicar un entramado financiero que la Justicia investiga

Durante años, Juan José Retamero Gómez construyó en San Juan el perfil de un empresario dispuesto a apostar fuerte por la minería. Pero ahora es la Justicia Federal la que está mirando con lupa otra parte de su actividad: sus sociedades, sus movimientos financieros y el entramado empresario que rodea sus negocios.

Y hay algo que ya no puede maquillarse con comunicados de prensa.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar los secretos bancario, fiscal y bursátil de Retamero, de su socio Guillermo Daniel García y de seis sociedades vinculadas a la investigación. Entre ellas aparece Minas Argentinas S.A., la empresa que opera la mina Gualcamayo en Jáchal.

La causa investiga una denuncia por presunto lavado de activos y balance falso. La hipótesis todavía debe ser probada y no existe una condena contra los involucrados. Pero tampoco puede presentarse el expediente como una simple cuestión periodística o como una denuncia sin consecuencias: la Justicia ya tomó medidas concretas para reconstruir el circuito del dinero.

Y ahí aparece la pregunta que incomoda.

¿Por qué levantar los secretos si no hay nada que mirar?

Desde el entorno de Retamero buscaron despegar al empresario de la investigación y sostuvieron que no existe, a la fecha, una imputación formal derivada de la denuncia. Ese argumento puede ser válido desde el punto de vista procesal.

Pero hay una diferencia enorme entre no estar condenado o formalmente imputado y que la Justicia no tenga interés en revisar las cuentas.

Las cuentas, precisamente, son lo que Rafecas ordenó revisar.

El juez habilitó el acceso a información bancaria, fiscal y bursátil de Retamero, García y sociedades como EVISA, Inver, Minas Argentinas, Cabo Vírgenes, ISBER LLC y ERIS LLC. La medida responde a un pedido del fiscal federal Ramiro González y busca determinar si los movimientos financieros bajo sospecha tienen una explicación comercial legítima o si existen elementos compatibles con las maniobras denunciadas.

Entonces, la discusión deja de ser semántica.

No importa demasiado si desde una empresa dicen que “Retamero no está imputado” mientras la Justicia está revisando sus cuentas.

Lo que importa es qué va a encontrar la Justicia cuando las revise.

Millones, sociedades y demasiadas preguntas

La denuncia presentada por Fecovita plantea una hipótesis que deberá ser investigada: el eventual uso de estructuras societarias y movimientos financieros para canalizar fondos, generar obligaciones entre empresas vinculadas y posteriormente cancelar deudas desde el exterior.

En el expediente aparecen movimientos por cientos de millones de pesos en distintas entidades bancarias. Entre otros, la investigación analiza créditos por más de $957 millones y débitos superiores a $785 millones en Banco Coinag, además de operaciones por cientos de millones en Galicia, Macro y Supervielle.

¿Son operaciones comerciales perfectamente legítimas?

Puede ser.

¿Son operaciones que deben ser explicadas y verificadas?

Sin dudas.

Y justamente para eso existe la Justicia.

El problema para San Juan

Aquí aparece una cuestión que trasciende la pelea entre Fecovita e Iberte.

Retamero no es un empresario desconocido para San Juan. Está vinculado directamente con Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo, uno de los proyectos mineros más importantes de la provincia.

Por eso la inclusión de Minas Argentinas entre las sociedades alcanzadas por el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil no debería pasar inadvertida.

Nadie está diciendo que Gualcamayo sea parte de una maniobra de lavado. Eso deberá determinarlo la investigación.

Pero tampoco corresponde mirar para otro lado.

Cuando una empresa vinculada a un proyecto minero estratégico aparece dentro del universo societario cuya información financiera la Justicia quiere revisar, la sociedad tiene derecho a preguntar.

Y las autoridades provinciales también deberían hacerlo.

Porque San Juan lleva años intentando instalar a la minería como una actividad basada en inversiones, empleo, desarrollo y confianza.

La confianza, justamente, no se construye pidiendo silencio.

Se construye con transparencia.

¿Empresario perseguido o empresario que debe responder?

Desde el entorno de Retamero sostienen que la denuncia forma parte de una disputa judicial de larga data con Fecovita y que el nuevo expediente sería utilizado como una herramienta de presión.

Puede ser parte de una estrategia judicial.

También puede ser una explicación interesada.

Pero existe una forma sencilla de terminar con las sospechas: que la documentación hable.

Si los movimientos son legítimos, si los balances son correctos y si las operaciones tienen respaldo comercial, bancario, tributario y contractual, la investigación debería terminar despejando las dudas.

Pero si aparecen inconsistencias, sociedades utilizadas como pantallas, fondos cuyo origen no puede explicarse o movimientos incompatibles con las operaciones declaradas, entonces el problema será muchísimo más serio.

Por eso resulta llamativo que el debate se intente llevar al terreno de “me investigan” o “no me investigan”.

La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿Qué hay en esas cuentas?

San Juan merece respuestas

La provincia no puede convertirse en el escenario donde los grandes capitales llegan, anuncian inversiones y reciben elogios, mientras las preguntas incómodas quedan reservadas para otro lugar.

La minería necesita inversiones, sí.

Pero necesita también empresarios transparentes, controles efectivos y organismos públicos que no tengan miedo de preguntar.

Gualcamayo representa una actividad económica de enorme importancia para Jáchal y para San Juan. Precisamente por eso, quienes están detrás de ese proyecto deberían ser los primeros interesados en despejar cualquier duda.

Retamero tiene todo el derecho a defenderse.

Tiene derecho a negar las acusaciones.

Tiene derecho a sostener que las operaciones investigadas fueron legales.

Lo que no puede pretender nadie es que la sociedad considere irrelevante que un juez federal haya ordenado levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de un empresario y de las sociedades vinculadas a su grupo.

Porque una cosa es una denuncia.

Otra muy distinta es que un juez decida mirar las cuentas.

Y ahora las cuentas están bajo la lupa.

Será el dinero —y no los comunicados— el que finalmente determine qué hay detrás de esta historia.