Tierras quemadas y negocios: qué hubiera significado flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego
El Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el oficialismo tuvo que retirar del texto el capítulo que modificaba las restricciones para cambiar el uso de tierras afectadas por incendios. La discusión dejó expuesto uno de los puntos más sensibles: qué puede ocurrir con un territorio después de ser quemado y qué protección debe tener para evitar que un incendio termine abriendo la puerta a nuevos negocios.
El debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo ayer en el Senado un capítulo particularmente controvertido: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Finalmente, ese apartado fue retirado para conseguir los votos necesarios y el proyecto obtuvo media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra. La eliminación del capítulo evitó, por ahora, que se modificaran las restricciones existentes sobre el cambio de uso de determinados terrenos después de un incendio.
Pero el intento de modificar esas protecciones deja planteada una pregunta de fondo: ¿qué pasaría si una tierra que hoy tiene restricciones para cambiar su destino pudiera ser utilizada para otro fin después de un incendio?
El peligro de que quemar deje de ser una barrera
La legislación vigente estableció restricciones para impedir que determinados terrenos incendiados puedan ser destinados rápidamente a actividades diferentes de las que tenían antes del fuego.
La reforma de la Ley de Manejo del Fuego había planteado modificar esas protecciones.
La normativa vigente contempla prohibiciones de 60 años para determinados bosques, áreas naturales protegidas y humedales, y de 30 años para determinadas zonas agrícolas, praderas y pastizales, con restricciones al cambio de uso y a determinados emprendimientos inmobiliarios o actividades diferentes de las existentes antes del incendio.
El sentido de esas prohibiciones es sencillo: evitar que el incendio se convierta en un atajo para cambiar el destino de una tierra.
Por eso, flexibilizar esas reglas podría generar un incentivo perverso: si una superficie quemada pudiera posteriormente adquirir un nuevo valor inmobiliario, productivo o comercial, el incendio dejaría de ser solamente una tragedia ambiental y podría convertirse también en una herramienta para transformar el territorio.
El CELS advirtió precisamente sobre este riesgo al analizar el proyecto: según su evaluación, reducir las prohibiciones podría generar incentivos para incendios intencionales porque las restricciones actuales buscan desalentar que el fuego sea utilizado para modificar posteriormente el uso del suelo.
Después del fuego no desaparece el valor ambiental
Uno de los problemas de esta discusión es pensar que una tierra pierde su importancia ambiental cuando queda destruida por las llamas.
Ocurre exactamente lo contrario.
Después de un incendio comienza un largo proceso de recuperación. Los suelos pueden quedar expuestos a erosión, disminuir la cobertura vegetal, alterarse los ciclos del agua y desaparecer hábitats fundamentales para numerosas especies.
En bosques, humedales y áreas naturales protegidas, la recuperación puede llevar décadas.
Por eso, permitir que el uso del suelo pueda modificarse poco después de un incendio podría significar consolidar la pérdida ambiental en lugar de permitir la recuperación del territorio.
El riesgo inmobiliario
Uno de los mayores interrogantes aparece en las zonas donde la tierra tiene un alto valor económico.
Bosques, áreas rurales, zonas cercanas a centros urbanos, regiones turísticas y territorios con paisajes naturales pueden convertirse en superficies atractivas para emprendimientos inmobiliarios.
La protección establecida por la Ley de Manejo del Fuego funciona, justamente, como una barrera frente a esa posibilidad.
Si esa barrera desaparece, una superficie que antes estaba protegida podría quedar disponible para nuevos emprendimientos.
El problema no es afirmar que todo incendio sea provocado para desarrollar un negocio —eso requeriría pruebas en cada caso—, sino reconocer que una normativa que facilita el cambio de uso posterior puede generar incentivos económicos que antes estaban bloqueados.
El impacto sobre bosques, humedales y biodiversidad
Los ecosistemas afectados por los incendios cumplen funciones que no pueden medirse solamente por el precio de la tierra.
Los bosques almacenan carbono, protegen los suelos, regulan parte del ciclo hídrico y sostienen biodiversidad.
Los humedales cumplen funciones fundamentales en la regulación del agua y son hábitat de numerosas especies.
Cuando un incendio destruye estos ambientes, el daño no queda limitado al propietario del terreno: puede afectar a comunidades, productores, fauna, fuentes de agua y ecosistemas completos.
Por eso, cualquier modificación de la normativa debe contemplar que el territorio tiene un valor ambiental y social que excede el derecho de propiedad individual.
El problema de fondo: quién decide sobre el territorio
El debate también plantea una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo.
Una cosa es defender el derecho de propiedad y otra muy diferente es sostener que el propietario puede disponer de un territorio sin considerar las consecuencias ambientales o sociales de ese uso.
El Estado establece límites precisamente porque determinados bienes —como los bosques nativos, humedales, cursos de agua o áreas protegidas— cumplen funciones que afectan al conjunto de la sociedad.
Si después de un incendio se flexibilizan esas restricciones, el riesgo es que el interés privado termine imponiéndose sobre la necesidad de recuperar y proteger determinados ecosistemas.
San Juan y una discusión que también importa
La discusión nacional también tiene importancia para San Juan.
La provincia conoce de cerca el valor estratégico del territorio, del agua y de los recursos naturales. En una región árida, cualquier modificación en los usos del suelo puede tener consecuencias especialmente sensibles.
Por eso, el debate sobre incendios no debería reducirse a lo ocurrido en bosques patagónicos.
La pregunta que queda abierta es mucho más amplia:
¿Qué protección tendrá una tierra después de un incendio?
Porque si un terreno quemado puede cambiar rápidamente de destino, el incendio podría dejar de ser solamente una catástrofe ambiental y convertirse en el primer paso de una transformación económica del territorio.
Por ahora, el capítulo fue frenado
El dato central es que el Senado no aprobó finalmente esa modificación.
El oficialismo retiró el capítulo relacionado con el cambio de uso del suelo después de los incendios para poder avanzar con el proyecto de propiedad privada. La misma estrategia había sido utilizada previamente con el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.
Sin embargo, que haya sido retirado no significa que la discusión haya desaparecido.
El proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en Diputados y las modificaciones sobre tierras, propiedad y manejo del fuego podrían volver a formar parte del debate.
La experiencia deja una advertencia: las leyes que regulan el territorio no solamente determinan qué puede hacerse con una propiedad; también pueden establecer qué consecuencias tiene un incendio y qué protección conserva la tierra después de las llamas.
Y allí está uno de los mayores riesgos de cualquier flexibilización: que el fuego deje de ser solamente destrucción y pueda convertirse, directa o indirectamente, en una puerta hacia un nuevo negocio sobre el territorio.
La tierra quemada necesita recuperación, no una recompensa económica por haber sido incendiada.