Rechazan en la Legislatura la adhesión a la Ley Nacional de Víctimas de Delitos
La Cámara de Diputados de San Juan rechazó el proyecto de ley presentado por la diputada Fernanda Paredes del Bloque Justicialista, el cual buscaba la adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.
Este jueves 24 de septiembre se realizó la decima sesion ordinaria la cual fue presidida por el Presidente Nato de la Cámara de Diputados y Vicegobernador Fabián Martin quien comenzó diciendo siendo las diez de la mañana se da comienzo a la lectura del orden del día.
La diputada Fernanda Paredes hizo moción y expuso ante el recinto un proyecto que la iniciativa proponía la creación de defensores públicos especializados y centros de asistencia integral para personas afectadas por hechos delictivos. Desde el oficialismo y sectores opositores argumentaron que la provincia ya cuenta con un entramado de herramientas jurídicas y programas vigentes que cubren estas contingencias.
El eje del debate:
¿Superposición de leyes o falta de cobertura?
El debate en el recinto reflejó visiones contrapuestas sobre cuál es la herramienta jurídica más adecuada para proteger a los ciudadanos en San Juan.
Mientras el bloque impulsor argumentaba la necesidad de un fondo especial y patrocinio gratuito para víctimas sin recursos, la postura mayoritaria que definió el rechazo sostuvo que San Juan tiene un histórico marco normativo propio en la materia:
Evolución histórica: Se destacó que desde el año 2000, con la sanción de la ley de necesidad y urgencia 7011, se implementó la asistencia a las víctimas bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.
Normativa vigente: Aquella legislación fue sustituida en 2008 por la Ley Nº 7905, lo que hoy se conoce dentro del Digesto Jurídico de San Juan como la Ley Nº 631-A, que regula el programa de asistencia actual.
Leyes especiales de protección: Los legisladores que votaron en contra señalaron que la provincia ya cuenta con un ecosistema de leyes específicas para abordar la vulnerabilidad:
Ley Nº 985-O: Protección ante la violencia laboral.
Ley Nº 989-E: Régimen especial de protección para víctimas de violencia familiar.
Nuestra posición parte precisamente de la responsabilidad que tenemos de analizar cuál es la herramienta jurídica más adecuada para resguardar los derechos en nuestra provincia. San Juan ya cuenta con legitimidad y herramientas de protección», se argumentó en el recinto para justificar el rechazo de la moción.
Un proyecto que volvió a quedar en el camino
La iniciativa de la diputada Paredes tiene su recorrido. Había sido presentada originalmente en el año 2024, pero perdió estado parlamentario al no ser tratada en comisiones.
En la sesión del 24 de septiembre, y tras haber aprobado una moción de preferencia un mes atrás para forzar su discusión, el cuerpo legislativo archivó la propuesta al considerar que los mecanismos nacionales que plantea la Ley 27.372 (como los Defensores Públicos de Víctimas) ya se encuentran contenidos de manera soberana en los distintos estamentos del Poder Judicial y ministerios de San Juan.
Una vez finalizada el tratamiento de la ley propuesta por la diputada Justicialista dieciocho legisladores provinciales decidieron no acompañar esta adhesión y trece fueron los que votaron positivo